Gloria Leticia Díaz
Los asesinatos y agresiones contra los comunicadores no se detienen, lo que torna a México en país letal, más incluso que Ucrania, comenta a Proceso Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19. A este clima de hostilidad creciente, azuzado con un discurso presidencial estigmatizante contra el gremio, se suman los mecanismos de censura sutil o indirecta por medio de la publicidad oficial, mediante la cual el gobierno favorece a sólo 10 medios, entre los cuales destacan Televisa, Televisión Azteca y el periódico La Jornada, dice el entrevistado.
Censura sutil o indirecta, violencia letal contra periodistas e impunidad constante en investigaciones por agresiones a la prensa son los signos distintivos de la situación de la libertad de expresión en México durante la segunda mitad de la administración de Andrés Manuel López Obrador, alerta la organización Artículo 19.
“Estamos en el peor de los mundos”, sostiene Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de ese organismo, al destacar que con 18 asesinatos de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en lo que va de 2022, México “es más letal que Ucrania, país que está en guerra”.
A ello, dice, se suman mecanismos de control indirecto de la prensa desde el gobierno federal que mantiene la política de “no pago para que me peguen”, frase acuñada en 1982 por el entonces presidente José López Portillo al justificar su boicot publicitario contra Proceso.
Con base en los resultados de una investigación sobre el gasto en publicidad oficial durante los primeros tres años del gobierno de López Obrador, de manera particular en 2021, efectuada por Artículo 19 en conjunto con Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Maldonado insiste en que los datos reflejan que “se mantiene el uso de este recurso como premio o castigo a las líneas editoriales de los medios”.
Sin embargo, admite que esta situación persiste por “la falta de voluntad” del Congreso de la Unión por reformar la Ley General de Comunicación Social heredada del gobierno de Enrique Peña Nieto –conocida como Ley Chayote–, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una sentencia de revisión de amparo promovida por Artículo 19, emitida en septiembre del año pasado.
De acuerdo con la investigación de las organizaciones civiles mencionadas, durante los primeros tres años de gobierno de López Obrador se ejercieron 8 mil 648 millones de pesos en la contratación de publicidad oficial, cifra muchísimo menor a los 34 mil 727 millones de pesos erogados por Enrique Peña Nieto durante el mismo periodo.
Aun cuando las organizaciones consideran positiva la disminución del gasto en la publicidad oficial, detectan evidencias en la discrecionalidad en la distribución del presupuesto, al concentrarse 50.01% de los recursos en 10 medios, y más aún, casi 30% han sido destinadas a tres de ellos.
Según datos del Sistema de Comunicación Social, de la Secretaría de la Función Pública, entre 2019 y 2021 el gobierno federal contrató publicidad oficial con 778 medios, pero canalizó 4 mil 325 millones de pesos a sólo 10, mientras los 768 restantes recibieron 4 mil 323 millones, es decir 49.99% de los 8 mil 648 millones ejecutados en ese trienio, “lo cual refleja la persistencia en la concentración de los recursos en unos cuantos medios de comunicación”, advierten Artículo 19 y Fundar.
Los privilegiados
Los 10 medios a los que el gobierno federal entregó la mitad del presupuesto ejercido en publicidad oficial son Grupo Televisa, con 933 millones de pesos; Estudios Azteca, con 848.75 millones; La Jornada, Demos Desarrollo de Medios, 521.52 millones; Grupo Radio Fórmula, 322.18 millones; Telefórmula, 195.25 millones; Centro de Cultura Nuestra América, 191.78 millones; Milenio Diario, 183.24 millones, y Edición y Publicidad de Medios de los Estados, 171.87 millones de pesos.
“De esos 10 medios que han resultado más beneficiados, tres prácticamente concentran 29% del gasto en publicidad oficial: Televisa, TV Azteca y La Jornada, siendo evidente que se mantiene la lógica de ‘no pago para que me peguen’, de castigar a los medios críticos y beneficiar a los medios que se alinean al discurso oficial o que por lo menos no mantienen una postura tan crítica o tan frontal con el gobierno”, sostiene el director de Artículo 19.
Agrega que otra evidencia de esa “práctica de censura indirecta o censura sutil” durante esta administración es “el decretazo de abril de 2020, por el que el presidente, de forma unilateral, redujo los tiempos fiscales del Estado a los concesionarios de radio y televisión, afirmando que ya no eran necesarios porque él comunicaba a través de las mañaneras”, medida que afectó a instituciones como el Instituto Nacional Electoral, que incluso interpuso una acción de inconstitucionalidad, desechada por la SCJN en junio pasado.
“Es preocupante que, por un lado, se decrete la reducción de tiempos fiscales, que en los hechos es una condonación fiscal, prohibida por la Constitución, y, por otro lado, mantener la discrecionalidad del gasto en la publicidad oficial son dos indicadores de que, más allá de que el presidente se presenta en pugna con algunos medios de comunicación, se mantienen estas relaciones poco democráticas”, puntualiza Maldonado Gutiérrez.
Insiste en que el fondo de esa discrecionalidad está la responsabilidad del Congreso de la Unión, al no atender la sentencia de la SCJN que le ordenó “establecer los criterios claros de asignación del gasto en publicidad oficial”, amén de haber solicitado tres prórrogas al Poder Judicial; la última vencerá en octubre próximo.
