- Habrá una actuación profesional y certera basada principalmente en diagnósticos reales
- Es propuesto por el gobernador Carlos Lozano para ocupar el encargo estatal
Con la finalidad de desahogar la comparecencia de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, a quien el gobernador Carlos Lozano de la Torre propuso como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se dieron cita los integrantes de la Comisión de Justicia del congreso estatal, con miras a lograr emitir la ratificación correspondiente, de acuerdo al artículo 59 de la Constitución local.
Previo a la participación de Muñoz Vázquez, el diputado Miguel Ángel Juárez, presidente de la Comisión de Justicia, leyó de manera breve la trayectoria del candidato a Procurador y aseguró que se cumplía con los requisitos marcados en la legislación local.
Después procedió a cederle el uso de la voz hasta por diez minutos para presentar su propuesta de trabajo.
El propuesto a procurar la justicia en el estado expuso durante casi 30 minutos el que sería su plan de trabajo. Inició su participación diciendo que procurar justicia es un conjunto de conductas tendientes a aplicar la ley, basadas en la premisa fundamental de que el principio rector de la convivencia social es precisamente la legalidad; lo que significa seguir su mandato aun cuando no exista voluntad en los obligados a acatarla, e imponerla incluso a compañeros, amigos o familiares; aplicarla aun así es impopular, y por eso es tan difícil y desgastante; porque todo el mundo exige que la ley se aplique si se trata de los demas.
La estrategia de la procuraduría versará en cinco ejes articulados integralmente: la transformación del sistema de justicia, fortalecimiento del capital humano, infraestructura tecnológica, coordinación interinstitucional y la participación social. Estos ejes tienen como propósito fortalecer la institución, generar confianza en la ciudadanía y revertir la percepción social de inseguridad.
Declaró que datos propios de la entidad como la extensión territorial, población, índices de marginacion, actividades económicas preponderantes, índices delictivos, tasa de homicidios, diagnóstico y el narcomenudeo son factores que llevan a considerar que la actuación de las instituciones de seguridad pública y de la propia Procuraduría de Justicia deben de generar estrategias y acciones respecto a la actuación de la delincuencia que podría denominarse ordinaria o común, ocasionada por gente que radica en Aguascalientes, pero también respecto de la presencia ocasional de la delincuencia organizada y autores de delitos en otras entidades federativas.
Es preciso insertar al estado en el proceso de transformación del sistema de justicia conforme a la reforma constitucional de junio del 2008, para la cual se pasa de un sistema mixto a un modelo acusatorio oral, que implica una reorganización funcional y operativa de la Procuraduría, así como una nueva dinámica en la interfase con el Poder Judicial del estado y de la federación misma.
El sistema de justicia debe de otorgar al Ministerio Público herramientas eficaces de investigación, que puedan ser desahogadas ante los órganos juridisdiccionales, tales como la intervención de comunicaciones, la infiltracion de agentes, las operaciones encubiertas, entregas vigiladas entre otras cumplan con las formalidades para tener pleno valor probatorio en el proceso. Por que habría que modificar la Constitución Política del estado, código penal y de procedimientos penales estatales; estas modificaciones deben ser las que requiere el estado y no sólo implementar los cambios realizados en otros estados de la República; una nueva ley orgánica de la Procuraduría con el objeto de reorganizar estructuralmente a la institución con una perspectiva de especialización y de acercamiento de los servicios de procuración de justicia a la sociedad; ley de seguridad pública del estado que incluya la unificación de las policías estatal y municipales como mando único.
La implementación del sistema de justicia acusatorio deberá hacerse por géneros delictivos, en lugar de por extensiones territoriales y municipios, esto para no ser vulnerables ante los embates delictivos.
Se creará un centro estatal de control de confianza y se buscará la certificación de sus procesos y metodologías por parte de las instancias competentes del Sistema Nacional de Seguridad Pública; se diseñará y aplicará un programa de evaluación de confianza a todos los servidores públicos de la Procuraduría y de las instituciones policiales.
Propuso también el diseño e implementación del servicio de carrera, el cual ofrezca a los servidores públicos una alternativa de desarrollo profesional e institucional y garantice el adecuado desempeño de las funciones de la procuración de justicia. Y significación de las condiciones de trabajo de los servidores públicos en cuanto a salario y prestaciones.
La Procuraduría debe también ser un órgano de auditoría al interior de la administración pública, para poder detectar posibles nexos de la delincuencia organizada y la común con servidores públicos.
Dijo que la investigación de delitos merece la utilización de herramientas tecnológicas de vanguardia, capaces de establecer bases de datos y sistemas de consulta ágiles y oportunos; se propone la digitalización de las actuaciones de los ministerios públicos, sustitución gradual de los expedientes de averiguación previa por expedientes electrónicos que permitan su mejor almacenamiento y su procesamiento; así como la implementación de la firma electrónica avanzada que facilitaría la acción penal por medios remotos como pueden ser la expedición de órdenes de aprehensión, de cateo y otras medidas judiciales que deben ser emitidas por los jueces.
Por las condiciones geográficas y socioeconómicas del estado es necesario crear canales de comunicación entre las vecinas entidades federativas con sus instituciones de procuración de justicia. Además de la coordinación interinstitucional con la Secretaria de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el CISEN, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además instituciones que por su actuación colaboren con el combate a la delincuencia.
Es de suma importancia la participación social informada de los avances, estrategias y acciones de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. En medida que la sociedad se involucre en las acciones del estado en el combate de la deficiencia podrá lograr mejores resultados y la recuperación de espacios públicos; además de generar estrategias conjuntas de prevención del delito. Propone también generar instancias de participación social que involucren a los actores más representativos de la sociedad.
Estos ejes estratégicos deben ser proyectados en una acción de largo plazo cuyo objetivo final es consolidar el estado de derecho a partir de las instituciones de seguridad pública sólidas y un sistema de procuración de justicia eficaz por el cual se logre una verdadera reparación del daño y una efectiva recomposición del tejido social quebrantado por el delito.
El narcomenudeo asociado a otros delitos del orden común, es un factor preponderante en la expresión violenta de los grupos delictivos, reduciendo el narcomenudeo disminuirán también los índices delictivos.
Es preciso generar también estrategias de atención de adictos y consumidores habituales, bajo una perspectiva de rehabilitación e inclusión social, y generar alternativas jurídicas respecto a la posesión simple de narcóticos, a través de programas de prevención y orientación.
Se buscará la creación de una fiscalía especializada que persiga el secuestro a partir del grupo ya existente por la gravedad que representa este delito. Así como estrategias de atención y protección de víctimas, testigos y otras vinculadas con las investigaciones; diseño de protocolos de negociación.
Capacitación con perspectiva de género, dirigida a menores de edad víctimas de delitos como la pornografía infantil y la pederastia, ya que desgraciadamente, México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en la comisión de estos delitos.
Muñoz Vázquez apuesta más a soluciones alternativas de prevención a las pugnitivas, ya que éstas últimas por sí solas no rinden frutos. Se debe apostar a las estrategias de largo plazo sin dejar de lado las de corto plazo.
