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En la primera edición, vamos a fondo en el contexto del informe sobre los casos de tortura en Aguascalientes durante el sexenio de Carlos Lozano.
Hasta perder el sentido es un informe de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) sobre la práctica de la tortura y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014, es decir, durante los primeros cuatro años de la administración estatal del priista Carlos Lozano de la Torre.
Los protagonistas de esta historia
En 2015, Felipe Muñoz se incorporó al Gobierno Federal en la administración del priista Enrique Peña Nieto en la Procuraduría General de la República, como subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada.
Carlos Lozano de la Torre aplaudió la decisión de Peña Nieto y de la procuradora general de la República, Arely Gómez González, por incorporar a su equipo de trabajo a Felipe de Jesús Muñoz Vázquez. Indicó en su momento que ese nombramiento, solicitado por el Gobierno Federal, había sido requerido en otras ocasiones y “es un reconocimiento a un aguascalentense recto y profesional que, en conjunto con las corporaciones de Seguridad Pública, contribuyó a recuperar el Estado de Derecho, la tranquilidad y la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia”.
Un día después de la separación del cargo de Felipe Muñoz en Aguascalientes, el 21 de marzo del 2015, se designó al subprocurador de Averiguaciones Previas, Oscar González Mendívil, como encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
LA ONU-DH documentó los casos de 40 personas, 33 hombres y 7 mujeres, que fueron víctimas de tortura por parte de la Procuraduría de Aguascalientes en esas mismas fechas, entre 2010 y 2014, que tuvo como titular desde 2010 hasta 2015 a Felipe Muñoz Vázquez, conocido como el “procurador de hierro”, quien siempre se distinguió por su “rudeza”, la secrecía con la que manejaba las investigaciones, a las que siempre aludía secamente con un “98% de avances”.
Durante el periodo que Felipe Muñoz estuvo a cargo de la Procuraduría, quien estaba al frente de la Seguridad Pública de Aguascalientes era el general Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, quien fungió como titular los dos últimos años del gobierno del panista Luis Armando Reynoso Femat (2008-2010) y en los primeros cuatro de Lozano de la Torre (2010-2014).
Entre Hidalgo Eddy y Muñoz Vázquez existía un conflicto público mayúsculo, el general llegó a señalar que Felipe Muñoz tenía nexos con el narcotráfico, misma acusación que hacía este sobre Hidalgo Eddy, de nexos y sobornos de parte del narco. Sin embargo, a quien despidió Lozano de la Torre fue a Hidalgo Eddy en 2014.
El discurso oficial fue que el gobernador aceptó la renuncia del secretario de Seguridad Pública estatal tras los múltiples roces que tuvo con el procurador. Hidalgo Eddy se fue del estado ese mismo año y en diciembre el general Eduardo Bahena Pineda fue designado como secretario de Seguridad Pública del Estado.
Tortura, secreto a voces
Los casos de tortura que ahora están documentados eran un secreto a voces, múltiples actores de la vida política del estado en esas fechas hicieron declaraciones al respecto, eso sí, sin investigaciones oficiales, como en notas del 2011, en las cuales el director de la Policía Judicial del Estado de 1994 a 1998, Víctor Hugo Mercader Jurado, acusó de tortura al procurador Felipe Muñoz:
“Tengo información de por lo menos 200 casos de tortura totalmente documentados, en contra del fiscal”.
Pero no pasó a mayores. También en la comparecencia del fiscal ante el Congreso del Estado en el año 2014, la diputada Anayeli Muñoz Moreno cuestionó a Hidalgo Eddy y a Muñoz Vázquez cobre el tema de la tortura y los derechos humanos, pero no hubo respuesta.
Otro caso que fue muy difundido y que representa las prácticas políticas en el periodo establecido, fue cuando en junio del 2013, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y el dirigente local del PAN, Jorge López, que en ese momento formaron la coalición Unidos por ti, exigieron la renuncia de Felipe Muñoz Vázquez por haber cateado la casa del candidato al PAN a la alcaldía para esa elección, Antonio Martín del Campo, actual senador por el PAN, al vincularlo sin pruebas con un cártel, lo cual nunca fue comprobado.
Ante esta exigencia, el priista Lozano de la Torre salió en defensa de su procurador, en rueda de prensa el mandatario aseguró que Muñoz Vázquez era “una gente pulcra, conocedora, que no se involucra en otros temas más que los de la seguridad pública y por eso hoy quisimos reunirnos no solamente para la ratificación y el reconocimiento al trabajo, al profesionalismo de Felipe Muñoz”.
En noviembre de 2014, justo antes de su destitución, una nota periodistica señala que Hidalgo Eddy ordenó que todo detenido ingresado al Cereso Aguascalientes fuera sometido a un riguroso examen médico y en los casos en los que se observara lesiones graves producto de tortura se tomaran fotografías y vídeo, para protegerse de las acusaciones de la Procuraduría, pero sin que se remitiera información a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Derechos Humanos en Aguascalientes, no diligente
Del 2006 al 2013 fungió como ombudsman de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes Omar Williams López Ovalle, de quien se registra una administración sin propuestas ni resultados concretos.
En 2014, Jesús Eduardo Martín Jáuregui fue elegido ombudsman hasta 2017. En ese mismo año, 2017, Martín Jáuregui señaló que se recibieron en la CEDHA hasta 130 quejas por supuestos actos de tortura en Aguascalientes, de las cuales, ejemplificó en el caso de nueve personas que fueron torturadas presuntamente en separos policiacos del C4, durante julio del 2017, es decir, la tortura continúo como práctica en Aguascalientes.
En 2017, Asunción Gutiérrez Padilla ocupó el puesto de ombudsman hasta este 2022, también con señalamientos en contra por omisión, la de mayor mediatización, la brutal represión policíaca por parte de la Secretaría Estatal y Municipal de Aguascalientes en la manifestación del 8 de marzo del 2021 contra mujeres, en la plaza principal.
En febrero del 2019, por la recomendación número 17VG/2019 a la Fiscalía General del Estado que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre diversos casos documentados por tortura en contra de personas detenidas entre 2011 y 2012, la CDHEA reconoce la autonomía para investigar y emitir recomendaciones que tienen ambas instituciones, por lo que cada organismo público cumple con su función de investigación y en este caso, la CNDH no está obligada a dar parte al organismo estatal, sin embargo, en palabras deAsunción Gutiérrez Padilla “en la CDHEA se está haciendo el análisis del documento, corresponderá a las autoridades a las que se les formuló la revisión de la misma y proceder en consecuencia”.
El informe Hasta perder el sentido señala que entre 2011 y 2018, la CDEHA recibió 295 quejas por tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes atribuidas a la Policía Ministerial de la Procuraduría de Aguascalientes (casi todas iniciadas después de 2014) y emitió, en el mismo periodo, solo 28 recomendaciones por esas violaciones.
La ONU-DH tiene conocimiento de que al menos siete recomendaciones fueron emitidas por hechos ocurridos en el periodo abordado y relacionadas con los patrones que describe este informe.
Sin perjuicio de lo anterior, existe fundamento suficiente para considerar que hay un subregistro de quejas y de recomendaciones por casos de tortura en el periodo, debido a que, como se documenta más adelante, el desempeño de la CDHEA en la recepción y trámite de quejas en estos casos no fue diligente.
¿Y la procuración de justicia en Aguascalientes?
El 22 de junio de 2015 se publicó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes que transformó a la Procuraduría estatal, entonces dependiente del Poder Ejecutivo, en una institución autónoma.
El informe puntualiza que en Aguascalientes, en el periodo de 2010 a 2016, el gobierno estatal se propuso impulsar reformas en el sistema de procuración de justicia, como la transición al sistema penal acusatorio y otras reformas en materia de procuración de justicia, sistema penitenciario y políticas públicas para mujeres víctimas de violencia. Una de las reformas que se aprobó fue la figura del arraigo, prevista en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes.
En junio de 2019, una nota de Proceso informa que Muñoz, ya en ese momento extitular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República, sería llamado a comparecer por la Fiscalía local, con Jesús Figueroa Ortega como titular (actual todavía), cuando avancen las investigaciones en las que se le acusa de haber cometido actos de tortura durante su periodo como procurador de Aguascalientes.
Esto lo informó el mismo Figueroa Ortega, quien desempeña el cargo desde el 2018, es decir, dos años después de haber iniciado su administración el actual gobierno estatal, que comenzó su gestión con Óscar González Mendívil, quien renunció en 2017 a la Fiscalía, también en medio de escándalos y poca eficiencia.
Jesús Figueroa Ortega aseguró en junio de 2019 que personal de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) seguiría las investigaciones, así como el cumplimiento de la recomendación emitida en enero del 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que documentó golpizas y agresiones cometidas por Muñoz Vázquez y personal de la exprocuraduría en contra de 19 personas.
Hasta ese momento se habían presentado ante la Fiscalía del estado nueve denuncias penales contra Felipe Muñoz y otros elementos ministeriales.
En una entrevista para RadioGrupo en 2019, Jesús Figueroa señaló que los actos de tortura, detenciones arbitrarias y violencia sexual no fueron imputados directamente a Felipe Muñoz: “Pero aquí en este caso en concreto estamos hablando de actos que tiene que ver con situaciones muy particulares, yo no creo que el procurador hubiera estado generando directamente está pero desde luego bajo todos los lineamientos que marque la Comisión, yo no quiero adelantarme Rocío, hay que ser muy responsables en todo lo que se diga”.
En 2019, reveló ONU-DH, se intentó socavar la investigación por parte de alto funcionario con un juicio de amparo, como pedir la publicación de la NO investigación de la CNDH que se menciona, por fortuna, un juez revocó este amparo.
Aguascalientes facilitó la tortura
Durante la presentación del informe, Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH, hizo un llamado al gobierno de Aguascalientes, que cambiará de administración en tan solo unos meses, a terminar con la impunidad. Detalló que se facilitó la tortura en Aguascalientes, no hubo procuración de justicia y se extendió un cheque en blanco a la procuraduría con el “permiso” de ejercer mano dura para “combatir” la delincuencia.
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La ONU-DH concluyó que, entre 2010 y 2014, en Aguascalientes se implementaron políticas de procuración de justicia incompatibles con los derechos humanos –de forma opaca y sin controles–. El informe señala que esto ocurrió en el contexto de una narrativa oficial de aumento de la violencia y la justificación del uso del arraigo, que funcionó como un mecanismo para ejecutar, continuar y ocultar los actos de tortura y malos tratos.
A la fecha de publicación de este Informe, ninguna persona ha sido procesada o sancionada por los actos de tortura, 10 personas habían recuperado la libertad y 30 seguían privadas de la libertad en prisiones de Aguascalientes y otras han sido transferidas a Centros Federales de Readaptación Social en Guanajuato y Morelos.
