- Señala presidente del STJ que faltan reformas e infraestructura para estar listos
- La PGJE también ha tenido capacitación, pero de menos funcionarios
Instituciones como el Poder Judicial y la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) llevan una amplia ventaja frente al Congreso del estado y la Procuraduría General de Justicia local rumbo a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que debe quedar listo en 2016, y la persecución del narcomenudeo, que en breve se convertirá en delito del fuero común.
Aunque según datos obtenidos por medio de solicitudes de acceso a la información, al menos 37 funcionarios del Poder Judicial han asistido a dos cursos sobre juicios orales y el funcionamiento de ese sistema de justicia entre 2008 y 2009, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Fernando González de Luna, se tiene la capacitación suficiente para soportar el nuevo sistema.
“Realmente lo que se requiere son las reformas legislativas; se tiene que establecer el procedimiento que se va a seguir en Aguascalientes y también se requiere la infraestructura para poder operar. La forma que tienen los juzgados penales actualmente es buena, pero no para el sistema adversarial a través de salas”, explicó.
Satisfaciendo esas necesidades, calculó, en dos o tres años Aguascalientes estaría en condiciones de abordar juicios orales y el sistema detrás de ellos.
En la información entregada por el Poder Judicial consta que éste obtuvo 48 mil 113.20 pesos de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, A.C. (CONATRIB) para el “Curso sobre el nuevo proceso penal acusatorio y oral”, que se llevó a cabo en 2009.
A él asistieron 26 funcionarios de la segunda sala del STJ y de 17 juzgados diferentes, además de tres del Instituto de la Defensoría, cinco de la PGJE y un profesor de la UAA.
Un año antes, en la Academia Regional de Seguridad Pública, en Morelia, Michoacán, dos jueces de primera instancia tomaron el curso “Implementación de un juicio oral”.
“Este curso se llevó a cabo con recursos del Fondo de Seguridad Pública (FOSEG)”, señala la respuesta del Poder Judicial, justificando que por ello desconoce el monto de inscripción, viáticos y otros gastos.
La UAA, a su vez, trabaja desde hace tiempo en una reforma al plan de estudios de su licenciatura en Derecho a fin de que base la enseñanza del derecho penal en este sistema a partir de 2012; mientras, alumnos del séptimo semestre de esa carrera, en la asignatura de Clínica de Derecho Penal, han simulado un proceso llevado bajo este nuevo sistema a iniciativa de su profesora.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado no exhibió información alguna sobre capacitación en esta materia, mientras que el Congreso del estado ha aprobado únicamente la Ley para la Implementación de Sistema de Justicia Acusatorio y Adversarial y tiene en la congeladora una reforma estructural del Poder Judicial y otra a la Legislación Penal y la Ley de Salud en las que establecería algunos principios y procedimientos básicos del sistema.
En que a narcomenudeo respecta, el Poder Judicial reporta tres capacitaciones, todas en este año. 49 funcionarios participaron en el curso “Marco Jurídico de Prevención y Combate al Narcomenudeo”, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) el 16 de octubre pasado.
Participaron una magistrada, 11 jueces, 18 secretarios de juzgado, 10 defensores públicos de oficio y cinco funcionarios más del Poder Judicial, además de la PGJE.
Otro curso sobre la materia se dio en el Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESPA), también a iniciativa del INACIPE, y en él participaron otros 14 proyectistas, secretarios y otros funcionarios.
En esta materia, la PGJE sólo reporta un curso por su cuenta, el de “Intervención y combate al narcomenudeo”, que tomaron sólo policías ministeriales en la Academia Regional de Seguridad Pública a mediados de junio de este año.
