- Aunque es el órgano encargado de vigilar que las cuentas públicas del estado se manejen correctamente, no hay nadie que lo audite.
- En el 2021 gastó 32 mdp, pero no se sabe con certeza cómo se usó ese dinero; para el 2022 el presupuesto incrementó a 39 mdp.
- Su actual titular panista fue seleccionado bajo un proceso de opacidad.
Bajo un manto de opacidad que involucra la detención de un auditor superior por presuntos actos de corrupción, la renuncia de uno de sus sucesores y el nombramiento con tintes de imposición pactada de otro, es como ha operado el Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes (Osfags) durante los últimos cinco años, donde si bien ha estado auditando las cuentas públicas y señalando irregularidades en el ejercicio del gasto público de los gobiernos, a nadie le rinde cuentas por falta de voluntad política.
En noviembre del 2021, tras haberse publicado y aprobado la revisión de las cuentas públicas del 2020, en donde se implicaba un posible daño al erario por 60 millones de pesos en el gobierno estatal, el gobernador Martín Orozco Sandoval declaró abiertamente que no confiaba en el Osfags, y no sólo eso, también cuestionó: “¿quién audita al Osfags?”.
Lo anterior, luego de que el actual titular de este organismo, Francisco Martín Muñoz Castillo fuera elegido por la LXIV Legislatura, de mayoría panista, sin tener la experiencia necesaria para ocupar el puesto, y bajo señalamientos que relacionaban al todavía hoy auditor superior con la entonces alcaldesa Teresa Jiménez Esquivel, lo que dejaba en entredicho el principio de imparcialidad.
En exclusiva para LJA.MX y cuestionado con la misma pregunta que hizo en su momento Martín Orozco, el diputado Jaime González de León, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del estado en la actual legislatura, y quien fuera secretario de Finanzas este sexenio, admitió que nadie lo hace. Incluso, reconoció que la Comisión que él preside debería de hacerlo, y aunque él lo ha intentado, los otros integrantes no tienen voluntad política para hacerlo. Contándolo a él, tres de los cinco de integrantes de esa comisión son panistas.
El Osfags, aunque es un organismo que depende directamente de la Comisión de Vigilancia, explicó González de León, “tiene autonomía técnica y de gestión, es decir, ellos tienen las decisiones”. Aún así “la labor de la Comisión de Vigilancia, y lo señala la propia Ley, es la supervisión y el control del trabajo del órgano”.
Pero el legislador sentenció: “la verdad es que nunca en la historia ha habido una revisión por parte de la Comisión de Vigilancia al Osfags. Una revisión como tal, es decir, que se lleve a cabo una auditoría”.
-¿Por qué no se hacen estas auditorías?
-Depende mucho de la voluntad, sobre todo, política de los integrantes de la Comisión, que somos cinco, depende mucho de eso. Yo como titular de la Comisión, yo encantado de la vida, y no es un tema personal, de que pudiéramos desde el Congreso estar supervisando año con año el ejercicio del órgano que se supone su principal función es esa: vigilar a todos los demás- respondió de León.
Actualmente, la Comisión de Vigilancia se integra por tres diputados panistas; González de León, Juan Pablo Gómez Diosdado y María de Jesús Díaz Marmolejo; una de Movimiento Ciudadano, Yolitzin Alelí Rodríguez Sendejas; y un perredista, el exalcalde Cuahtémoc Escobedo Tejada.
De ellos, dijo el diputado entrevistado, solamente él y Rodríguez Sendejas, quien incluso fue una de las que integró la terna para ser auditor superior, han tenido interés de auditar al Osfags, el resto han mostrado una actitud de renuencia.
Años de vigilar, pero sin rendir cuentas
A este escenario de permisible opacidad, se suma el hecho de que desde el Osfags no ha habido proactividad en contratar auditores privados externos para evaluar el ejercicio de sus recursos, como lo hace, por ejemplo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (Sesea).
Según la solicitud de información con folio 000025 realizada por este medio al Osfags a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el órgano contestó que no contaban con los informes de dictaminación de sus estados financieros correspondientes a los años 2018, 2019, 2020 y 2021.
La respuesta íntegra a esa solicitud de información, donde también se solicitó el costo de estas dictaminaciones, fue: “me permito informarle que no se han realizado auditorías externas en los años señalados, por lo tanto no se pueden determinar los costos de dictaminaciones ya que no existen contratos celebrados para tal efecto”. Con esa réplica se dio por concluida la solicitud.
Al respecto, el diputado Gonzàlez de León mencionó que para hacer esa clase de auditorías y dictaminaciones externas se necesita, también, de “voluntad política”, pero como tal no representa una evasión a la ley no presentar estos informes donde se rindan las cuentas de los gastos que hace este órgano vigilante al margen de todo.
La costosa revisión de cuentas públicas
Revisar las cuentas públicas de los entes de Aguascalientes no es en sí un procedimiento austero, pues la operación del Osfags implica el ejercicio de recursos públicos que se le etiquetan anualmente en el presupuesto de egresos para su operación.
Para este reportaje, LJA.MX consultó los cinco presupuestos de egresos de Aguascalientes respectivos del 2018 al 2022 y se encontró que en ese lustro al Osfags se le asignaron 161 millones 646 mil 200 pesos, siendo que para el año en curso fue donde se notó el incremento más sustancial de recursos que había vivido este órgano.
También derivado de esa revisión se encontró que en todo ese quinquenio el Osfags tuvo más presupuesto, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes (CEDHA), que el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), y que el Tribunal Electoral del Estado (TEEA), sólo que con el privilegio de no tener que rendirle cuentas a nadie, por lo que nadie sabe de qué manera ha usado los más de 161 mdp que se le han asignado desde el 2018 -el ejercicio fiscal del 2022 sigue, por lo que se sigue usando lo presupuestado ese año-. Todas las instituciones mencionadas, al igual que el Osfags, son órganos autónomos.
| Osfags | ITEA | CEDHA | TEEA | |
| 2018 | $28´969,000.00 | $21´587,000.00 | $18´387,000.00 | $14´760,000.00 |
| 2019 | $30’128,000.00 | $22’639,000.00 | $19’072,000.00 | $15’371,000.00 |
| 2020 | $31’032,000.00 | $23’256,000.00 | $19’671,000.00 | $15’811,000.00 |
| 2021 | $32’273,000.00 | $23’183,000.00 | $19’698,000.00 | $18’510,000.00 |
| 2022 | $39’244,200.00 | $25’797,200.00 | $20’258,700.00 | $21’065,000.00 |
| Total | $161’646,200.00 | $116’462,200.00 | $97’086700.00 | $85’517,000.00 |
*Fuente, elaboración propia a partir de los presupuestos de egresos de Aguascalientes del 2018 al 2022.
Auditores ligados al PAN, corrupción y opacidad
Además del blindaje que el órgano fiscalizador estatal goza y por el cual no ha tenido necesidad de rendir cuentas ante la ciudadanía, el Osfags acarrea un pasado que implica la detención de uno de sus titulares, la renuncia de otro y el nombramiento que causó inconformidad en la opinión pública, en la sociedad civil y en el sector empresarial.
El primer caso mencionado es el del exauditor superior Arturo Solano López, detenido en enero del 2019 en Oaxaca por presuntos hechos de corrupción de peculado y ejercicio indebido del servicio público. En esa ocasión Solano y dos de sus colaboradores fueron acusados de cobrar cerca de medio millón de pesos a través de plazas fantasma, una práctica comúnmente conocida como aviadores y usualmente acusada en el sector magisterial.
En ese proceso contra Solano López estuvo involucrado el diputado González de León, quien confesó que fue derivado del “secreto a voces que existía de que estaba haciendo un mal uso de los recursos públicos”; en su papel de presidente de la Comisión de Vigilancia pero de la LXIII Legislatura, pidió que se hiciera una revisión al ejercicio de sus gastos. Después se iniciaron las investigaciones y la historia se escribió. Esa fue la única vez, dijo el legislador panista, que se hizo una revisión en el ejercicio de los gastos del Osfags, pero como tal no fue una auditoría, aclaró.
Luego, ante la detención de Arturo Solano y su previa denuncia, en el 2017 fue la LXIII Legislatura la que escogió a Sergio Escalante Jiménez como nuevo auditor, mismo que después sería el que denunciara formalmente a Solano López. Tras dos años, en el 2019 vendría la elección donde la LXIV Legislatura eligiría a Héctor León Acero Lozano, quien reconoció haber sido panista, como el nuevo auditor superior del estado, cargo que después terminaría dejando tras su renuncia por motivos “de salud”. Su nombramiento fue en febrero del 2019 y su dimisión en abril, no duró ni siquiera tres meses en ese puesto.
Desde entonces y después de más de un año con el Osfags acéfalo, fue hasta junio del 2020 que la misma Legislatura que eligió a Acero Lozano, nombró con 23 votos a favor y en medio de críticas por la opacidad del proceso, a Francisco Martín Muñoz Castillo, panista, como el nuevo auditor superior del estado. En esa ocasión la votación se realizó por cédulas, por lo que se desconoció el sentido del voto de cada candidato.
En aquel proceso de elección el expresidente del PAN en Aguascalientes y exdiputado, Gustavo Báez reconoció que el Congreso no había logrado, hasta entonces, poner en orden el Osfags, por la falta de transparencia y de un buen liderazgo. Incluso, comentó que Muñoz Castillo no contaba con los cinco años mínimos de experiencia que se solicitaban, sólo tenía cuatro.
Además, desde el 2014 militó en las filas del blanquiazul, y si bien militar en un partido político no le impide ser titular de este organismo, uno de los requisitos para serlo es tener principios de imparcialidad.
Tras la inusual elección, integrantes de comités ciudadanos anticorrupción y miembros y representantes del sector empresarial manisfestaron su inconformidad. Inclusive, el gobernador Martín Orozco hizo lo propio.
Desde que Muñoz Castillo tomó el cargo, la opacidad que recubre el ejercicio del gasto del órgano que dirige no ha sido aislada, sino que él como funcionario público se mantiene al margen de los medios de comunicación, por lo que son pocas las entrevistas que se han logrado con él.
Al igual que en años pasados, su gestión se ve manchada por la falta de proactividad en materia de transparencia, pues el diputado González de León aseguró que tampoco se le ha auditado nada, lo cual podría cambiar dentro de poco.
Una oportunidad legislativa
Ante la permisividad de la ley en este sentido, el diputado panista mencionó a este reportero que “sería interesante legislar para que el Osfags tuviera un obligatoriedad a través de la Comisión de Vigilancia de que año con año recibiera una auditoría por parte de algún despacho de contadores independientes. Es una muy buena idea”, por lo que habría de presentarse una iniciativa en el Congreso para poder llevar a cabo estos cambios.
La iniciativa iría encaminada a evitar que las auditorías dependan de voluntades políticas y esta actividad de transparencia y rendición de cuentas sea obligatoria.
González de León estimó que si se avoca en el tema, para junio ya se podría estar presentando esta iniciativa, lo que no solamente apelaría a máximas de publicidad, sino a que se “ponga el ejemplo”.
