- La seguridad pública debe de tener como base el estado de derecho
- El experto ve un foco rojo en el crecimiento de la invidencia delictiva
En Jesús María, el investigador jurídico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Miguel Carbonell, subrayó que el combate al a inseguridad en México no esta funcionando en una dinámica de respeto a los derechos sociales de los ciudadanos.
“Creo que no puede haber respuestas desde el estado de derecho en contra de la delincuencia, que sean violatorias de los derecho humanos”, enfatizando sobre el combate efectivo a la delincuencia, “tenemos que partir de la base que es un combate dentro de la ley”, evidenciando que en el derecho comparado, “los países más eficaces en contra del crimen, son también los mas respetuosos de los derechos humanos, por tanto no vemos una oposición, sino una complementariedad, la mayor respuesta hacia la delincuencia se da desde el estado de derecho”.
Dijo que la mayor prueba de que esta situación de paralelismo entre los derechos humanos y la seguridad pública no está funcionando, es que existe una violencia alarmante, el cual implica incidencia delictiva en términos masivos. “En México se estima que se cometen entre 14 y 16 millones de delitos anualmente, de ellos la desconfianza de la ciudadana es tan grande que el 85 por ciento de los delitos cometidos quedan sin denunciar, ahí empieza la gran rueda de la impunidad” porque si esta acción no es dada a conocer, simplemente no puede contar con todo un proceso para determinar culpables.
Si bien, “de ese universo de delitos, efectivamente se denuncian un millón 750 mil anualmente, lo que significa que hay una gran incidencia delictiva y por otra parte que las autoridades están saturadas de trabajo” por todo el procedimiento que esta indicado en la legislación.
“Estamos ante un tema que debería ser un foco rojo para el estado mexicano, creo que el estado mexicano está corriendo graves peligros por no enfrentar debidamente con toda la contundencia de la ley el fenómeno delictivo”, ejemplificando que Aguascalientes dejó de ser un estado modelo para convertirse en una entidad que también sufre de las acciones fuera de la ley.
Sobre esta respecto de la seguridad, recordó que el mando único tiene la intención de convertirse en un rango constitucional, advirtiendo que las medidas no son recientes puesto que en artículo 21 de la constitución se hace obligatoria la coordinación entre las policías, sólo que actualmente, se pretende puntualizar la forma en que debe de cumplirse con este mandato.
“Ahora, hay que poner esto en perspectiva, ¿el mando único es una respuesta integral o es una respuesta que nos va resolver los problemas delincuencia? No. Nadie lo ha dicho, no es la panacea, sin embargo creo que el mando único es un paso dentro de los muchos pasos que se puede dar que el gobierno federal está planteando para resolver la problemática”.
Diferenció el combate a la delincuencia organizada de los delitos del fuero común, subrayando que la mayor parte de los delitos son relacionados con el robo, después viene la violencia contra la mujer y otras aristas que convergen con factores sociales, ejemplificando con ello que el mando único no resolverá estos problemas que son más de fondo.
El investigador, sostuvo que otra de las partes importantes en materia de seguridad, radica en el funcionamiento de los centros de readaptación, que en primer lugar estas sobre poblados con un promedio del 132 por ciento, solamente 6 cárceles federales se encuentran a una capacidad del 80 por ciento, las demás, instaladas en los diferentes estados tienen por lo menos un punto porcentual por encima de su capacidad para albergar a quienes cometieron algún tipo de delito.
No obstante, el problema no termina solo en los espacios de la infraestructura, sino que en el 30 por ciento de las cárceles existe un auto gobierno, es decir, que se dan cuestiones de corrupción, pagos por derechos fundamentales, entre otras cosas en las que los custodios ya no tienen injerencia.
Ejemplificó que pudo corroborarse el hecho de que en una cárcel se cobre hasta 5 mil pesos por dejar pasar una guía de teléfonos, la cual sirve para hacer extorsiones, con esto, determinó que la gran mayoría de las extorsiones telefónicas son realizadas desde un centro penitenciario.
De tal manera, que vio a estas infraestructuras como desarrollo de la delincuencia organizada, puesto que en el 70 por ciento de los centros de readaptación social no existe clasificación criminológica, lo que los convierte en lugares de reclutamiento para perfiles delincuenciales que son aprovechados por el crimen organizado.
