El Supremo Tribunal de Justicia del estado debe ser considerado parte del rubro de seguridad pública, señaló el magistrado presidente Juan Arturo Muñiz Candelas y en ese sentido indicó que el Poder Judicial del estado solicitará primero al ejecutivo y después, de ser necesario, al Congreso local que incremente el presupuesto que la Secretaría de Finanzas propuso para el año entrante.
Muñiz Candelas aseguró que, para operar “con el mismo plan, con el mismo personal como se hizo en este año, necesitaríamos 218 millones de pesos para simplemente operar con lo que está ahorita en vigencia” y a ello hay que aunarle la resolución que en días pasados tomó la Suprema Corte de Justicia, que determinó que el Tribunal Local Electoral trabaje de manera permanente.
Para ello, apuntó, “tendríamos que incorporar los otros ocho
millones” que esta sala especial requerirá para operar, con lo que la
propuesta presupuestal del Poder Judicial local incrementaría a 226
millones de pesos; cabe destacar que en la decisión de la Corte se
precisó que la operación permanente del Tribunal Local Electoral
entrará en vigor un día después de terminado el proceso electoral 2010.
En 2009, al Supremo Tribunal de Justicia se le autorizaron 185
millones 566 mil pesos en el Presupuesto de Egresos y en ocasiones
anteriores al propio magistrado presidente ha señalado que se tiene un
rezago de 40 por ciento en los juzgados civiles y familiares. En la
iniciativa de presupuesto de egresos 2010 que SEFI presentó a finales
de octubre se plantea una reducción a 174 millones 432 mil pesos.
Al cuestionársele qué proyectos o trabajos quedarían pendientes o
inconclusos el próximo año en caso de aprobarse el presupuesto
proyectado, el jurista contestó que “a lo mejor el mismo tribunal
electoral” y añadió que “todo tiene que ser en base a un presupuesto,
en cantidades que satisfagan el ámbito financiero del propio Poder
Judicial. Si no hay recursos, no vemos de qué manera puede operar un
tribunal sin recursos”.
Estimó que, “así como obtuvo esos 200 millones para educación”, el
gobernador pueda gestionar recursos que permitan ampliar el presupuesto
que el órgano impartidor de justicia necesita.
Al comparar que para la Procuraduría General de Justicia del estado
(PGJE) se están proponiendo 240 millones de pesos para 2010, comentó
que es una “desproporción que no puede ser”; el magistrado enfatizó que
“no hay seguridad pública sin seguridad jurídica”, explicando que de
nada servirá que las instancias correspondientes aprehendan, prevengan,
persigan e investiguen el delito, sino hay quién lo juzgue.
Precisó que otorgándose el alza en los recursos al Poder Judicial,
se garantiza la eficiencia del trabajo que de la PGJE deriva en los
juzgados; de lo contrario, “se pierde, porque va a llegar y ¿quién lo
va a atender, si no hay con qué?”, generándose el peligro de caer en
“un retraso muy importante” en la impartición de justicia, por lo cual
espero que sus peticiones sean atendidas.
Remató su inconformidad al cuestionar por qué, si se está
proponiendo un Presupuesto de Egresos general mayor al de 2009, al
Poder Judicial se le planteaba uno a la baja.
Conoce el tribunal dos de los 50 agravios denunciados en impugnaciones a acuerdo del IEE
En otro orden de ideas, Muñiz Candelas afirmó que el STJ sabe de
sólo dos agravios denunciados en los recursos interpuestos contra el
acuerdo del Instituto Estatal Electoral (IEE), que son los que el
propio instituto les ha dado a conocer: los de las querellas “del
licenciado Francisco Ramírez y el licenciado Quezada”.
Por ello, el magistrado presidente del STJ evaluó que “en este
momento debemos de entender que no se puede o no es prudente de manera
legal que anticipemos resoluciones que no tenemos conocimiento”.
No obstante, indicó que la viabilidad de cada apelación debe
analizarse conforme a los argumentos presentados por quienes
promovieron los recursos y por esta razón tampoco pudo precisar si
alcanzarán a resolverse todos los recursos presentados antes de la
fecha que el IEE señaló para que los funcionarios dejen su cargo o
antes de que inicie el proceso electoral.
