- Requiere más de 300 millones para abrir nuevos juzgados y capacitación de juicios orales
- También plantea dar primer paso hacia implementación del expediente electrónico
El Poder Judicial del estado presentará al ejecutivo, a finales de este mes, un proyecto de presupuesto por alrededor de 300 millones de pesos en el que contempla la contratación de personal y equipo de seguridad para los juzgados, la creación de nuevos espacios y la ampliación de los servicios que se ofrecen a través de la Web que permitan instalar el juicio electrónico a largo plazo.
Fernando González de Luna, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) informó que “son arriba de 300 millones contemplando todas estas áreas de crecimiento (…) (que) equivale a dos juzgados civiles, uno familiar, uno de preparación de justicia para adolescentes y el juez de ejecución, que es ya por mandato constitucional”.
En ese proyecto también “estamos pidiendo personal capacitado en seguridad”, que urge “porque actualmente en el área de los juzgados penales tenemos nada más un arco (detector de metal) de acceso al área de juzgados, que está controlado por una persona que se encarga de toda la vigilancia de todo el edificio”.
La intención es que además de este filtro, a la entrada de cada juzgada se cuente con “algún elemento de seguridad”, como pudieran ser las paletas detectoras. La adquisición de éstas y de más arcos, que se colocarían también en el palacio de justicia civil y familiar, el magistrado previó que pudieran adquirirse con participaciones federales.
González de Luna descartó que se esté contemplando la contratación de escoltas o seguridad personal para los jueces y magistrados, aunque admitió que parte del personal de seguridad que se pretende contratar se asignaría a las entradas de las oficinas de esos funcionarios.
“Una guardia personal sería nada más en un caso especial, donde existiera algún tipo de amenaza o un riesgo para el funcionario público”.
Informó que dentro del presupuesto para el próximo año también se procurarán recursos para el área de justicia alternativa (mediación), “para que opere de una manera más eficiente” y un primer impulso al expediente electrónico, servicio a largo plazo.
“Ya no va a haber papeles, todo lo de un asunto va a estar quedando guardado en el área de informática y se podrá promover a través de instancia, los servicios de Internet”, explicó González de Luna, clarificando que para 2011 se estarían pidiendo recursos para mejorar la consulta de listas de acuerdos, que ya se tiene, pero que ahora permitiría que las partes visualizaran por completo el acuerdo que de sus asuntos se haya tomado.
En materia de capacitación, apuntó que se está proyectando una partida específica para la capacitación de cara a la implementación de los juicios adversariales (orales) “y también estamos contemplando capacitaciones para narcomenudeo”, además del recurso para la capacitación ordinaria del personal de juzgados civiles, penales y familiares.
Los 300 millones de pesos que se están proyectando aún están lejos del 2.5 por ciento del Presupuesto de Egresos que organismos como la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) han pugnado para que los estados etiqueten anualmente a sus poderes judiciales, pero representa 50 por ciento más de lo que le fue autorizado para el actual ejercicio fiscal.
