Pese a lo que marca el Código Urbano, no se han revocado esas concesiones
Mitad de los camiones que brindan servicio deberán renovarse durante próximo sexenio
De 693 unidades que circulan en el territorio estatal, 165 prestan el servicio de transporte público urbano fuera de lo que establece el Código Urbano vigente en el estado, pues tienen entre 10 y 16 años de antigüedad. Esa cantidad equivale a casi 24 por ciento del total de concesiones otorgadas, mientras que la mitad del total tendrá que dejar de circular al final de la próxima administración estatal.
Así lo revela la información que los integrantes de la asociación civil “Movimiento Popular por la Emancipación Social” (MOPES) obtuvieron en abril pasado a través de una solicitud de transparencia a la Dirección General de Transporte Público, en la que aparece el número de concesionarios que integran la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes (ATUSA), el modelo de las unidades que cada uno posee y el porcentaje que representan del total agremiado.
El Código Urbano para el estado de Aguascalientes establece, en su artículo 602 que “… el vehículo que sea utilizado para el servicio público de transporte en todo tiempo deberá ser de un modelo no mayor a: 10 años, tratándose de autobuses de pasajeros…”. La misma legislación marca la violación de esta norma como uno de los motivos por los que el gobierno del estado retiraría la concesión y sin embargo, eso no ha sucedido.
Según el vaciado que la asociación hizo de los datos obtenidos, la concesión identificada con la clave TU-209, propiedad de Tomás de Luna Alvarado, es la más antigua: el autobús es modelo 1994; es decir, tiene 16 años en funcionamiento y desde hace 6 debió haber sido renovado.
La mayoría de las unidades obsoletas, un total de 61, es modelo 2000; es decir, este año debieron haberse renovado y sin embargo siguen en circulación. Enseguida aparecen 46 concesionarios que operan con unidades modelo 1999, las que debieron haberse retirado de las calles cuando menos el año pasado.
Luego se observan 31 camiones fabricados para 1997, lo que significa que tienen 13 años circulando y tres más de lo que marca la ley. Otros 27 titulares de concesión más cuentan con modelos 1998
Por los apellidos contenidos en la lista –que no se revelarán para no poner en peligro la seguridad de los concesionarios- se deduce que al menos 15 apellidos acaparan casi una tercera parte de las concesiones y probablemente hasta el 60 por ciento a través de padres e hijos que aparecen como titulares de otras concesiones. En este grupo hay personas que, por sí solas, llegan a tener más de 10 unidades, con lo que casi alcanzan a representar el 2 por ciento del total en operación y con más de un vehículo que no cumple con lo establecido en el Código Urbano.
El presidente del Consejo de Administración de la asociación, que ha sido de los principales opositores a la alza en las tarifas de transporte sin una estrategia transparente de modernización, Manuel González Vázquez, manifestó sobre esta información que “la recibimos desde abril (…); nosotros la solicitamos en razón de que lo que se nos había planteado en aquellos días era el pretexto de la modernidad y lo del fideicomiso”.
La intención señaló González Vázquez, fue saber en ese momento “cuál era la situación real: cuántas unidades tendrían al menos que renovarse para poder plantear el compromiso serio de una renovación” y se dijo sorprendido de encontrar que dentro de una lista de casi 700 concesiones, los “nombres distintos” no llegan ni a 500.
“Es una cantidad enorme de personas que acumulan 10, que acumulan 13, que acumulan cinco concesiones y que obviamente esto es lo que de fondo está impidiendo la modernización porque no es lo mismo que una persona tenga 10 unidades y que pueda invertir, a una persona que a lo mejor tiene una o dos y que su volumen de ingreso es distinto”, expresó.
En ese sentido, el líder de MOPES insistió en que tanto la autoridad como los concesionarios busquen convenios o acuerdos con los distribuidores de automotores puesto que la inversión para renovar estas 165 unidades rondaría los 200 millones de pesos.
“Nosotros veíamos que había posibilidades hasta para un mecanismo de reactivación económica: 200 millones de pesos inyectados en un sector es un montón de lana que puede muy bien reactiva un gremio”, finalizó.
