Pedro Zamora
El presunto narcotraficante Alejandro G., conocido como “El Pelón”, era el objetivo y fue una de las víctimas de la matanza ocurrida la tarde del domingo 27 en la comunidad San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, donde murieron también varios de sus acompañantes, reveló el fiscal general del estado, Adrián Solís López.
En rueda de prensa ofrecida la tarde de este lunes, el funcionario explicó que durante la investigación se determinó que Alejandro G. había acudido ese día al velorio de su madre, Elisa B., que se realizaba en las inmediaciones de un domicilio particular ubicado a unas cuadras del Palacio Municipal.
Dijo que, de acuerdo a entrevistas realizadas por personal de la FGE, desde muy temprana edad Alejandro G. “era considerado parte de una célula delincuencial que opera en esa zona del estado de Michoacán y posteriormente se pasó a un grupo criminal asentado en el estado de Jalisco, realizando hasta estos últimos días presumiblemente actividades delictivas en el estado de Colima”.
Respecto del móvil de los hechos, el fiscal señaló que “El Pelón” tenía rencillas con otro individuo de quien se reservó el nombre, con quien intercambiaba acusaciones mutuas por la presunta desaparición y homicidio de familiares, por lo que al lugar del velorio acudió el segundo acompañado de otras personas armadas, quienes “agredieron y presumiblemente privaron de la vida a Alejandro G., así como posiblemente a algunos de sus acompañantes, cuyo número e identidad no ha sido hasta el momento posible confirmar”.
De acuerdo con versiones extraoficiales manejadas en diversos medios de comunicación, el número de víctimas podría oscilar entre diez y diecisiete.
Solís López señaló que la fiscalía a su cargo se enteró de los hechos después de las 18:00 horas del domingo a través de un video que circulaba en las redes sociales, en el que se observa la agresión con armas de fuego en las afueras de un domicilio de San José de Gracia, que se tomó como una noticia criminal, se inició la carpeta de investigación y se dispuso el traslado de personal al lugar de los hechos, que se localiza a 45 minutos en vehículo desde la sede regional en Jiquilpan.
Aclaró que antes de esa hora no se recibió reporte alguno sobre los acontecimientos y al llegar al lugar de los hechos no se encontraron víctimas, pero se detectó que el piso estaba recién lavado, además de que se localizó una bolsa con restos de masa encefálica que se embaló para su análisis, y otra más que contenía envases de productos de limpieza.
Entre otros hallazgos, además, los elementos de la FGE recolectaron en la escena del crimen un centenar de cartuchos percutidos de los calibres 9 milímetros, 7.62, 5.46 y 45.
Después de la agresión, añadió Adrián Solís, familiares de Elisa B. que participaban en el acto fúnebre fueron obligados a ingresar a un domicilio, mientras los adversarios de Alejandro G. limpiaron el lugar y “depositaron presumiblemente los cuerpos de más víctimas en camionetas, en las que los trasladaron al retirarse del lugar”.
El titular de la FGE de Michoacán comentó que el lugar de los hechos se ubica cerca de la Presidencia Municipal, lugar donde solamente había tres policías de guardia, quienes “refirieron que no contaban con el suficiente estado de fuerza para acudir, por lo que esta fiscalía también investiga la dilación de esta intervención y la omisión del reporte inmediato, que resultan imprescindibles para la preservación del lugar”.
Indicó que, a raíz de estos hechos, el gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana envió un equipo de apoyo que se sumó a las tareas de investigación en las que participa personal de la FGE, con apoyo de la Sedena, Guardia Nacional y de la Policía Estatal para el esclarecimiento de estos hechos.
Ante el cuestionamiento de uno de los reporteros presentes, el fiscal insistió en que en este momento no es posible cuantificar el número de víctimas, porque materialmente no están disponibles, además de que “presumiblemente podría tratarse de personas que no son avecindadas, ni originarias o radicadas en el lugar de los hechos”.
Manifestó que la FGE tuvo conocimiento de este hecho después de las seis de la tarde, cuando presumiblemente ocurrió a las 15:30 horas, aunado a la distancia, por lo que “cuando llegan nuestro personal y las fuerzas de seguridad ya se había manipulado la escena del crimen”.
El argumento que podría explicar esto, subrayó Adrián Solís, es la falta de reporte de los primeros respondientes, que en este caso debieron haber sido los elementos de la Policía Municipal, que sólo eran tres en la presidencia, pero no activaron los servicios de alerta del sistema estatal de seguridad.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que colabora en todo lo necesario para aportar al esclarecimiento de los hechos y que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se aplica el plan Cero Impunidad en coordinación con los gobiernos estatales para colaborar en las investigaciones de hechos delictivos que lastiman a la sociedad.
Además, la tarde de este lunes se llevó a cabo una mesa trabajo en las instalaciones de la SSPC, en la que participaron el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; el secretario de Seguridad Pública del estado, José Alfredo Ortega Reyes; el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja; y el titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con Entidades Federativas y Regiones, Carlos Augusto Morales.
