La ley restaría autonomía a este poder en cuanto al manejo del presupuesto
Los poderes ejecutivo y legislativo y con ellos partidos políticos a través de sus funcionarios, incidirían en la aplicación del presupuesto del Poder Judicial, de aprobarse alguno de los al menos cinco proyectos de dictamen que se tienen de la reforma a su estructura orgánica, todos los cuales contemplan devolver al Consejo de la Judicatura Estatal la atribución de vigilancia administrativa de ese poder.
La propuesta de reforma estructural que se discute en el Congreso local y con la que está en desacuerdo el Poder Judicial, incluye modificar el artículo 51 de la Constitución señalando que “el Poder Judicial es el encargado de impartir justicia aplicando las leyes con plena independencia en el ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales y en la administración de su presupuesto a través del Consejo de la Judicatura”, que integran dos representantes del Congreso del estado que no podrán ser diputados propietarios o suplentes y dos representantes del ejecutivo estatal, además de dos jueces y el magistrado presidente.
Al ser las últimas parejas funcionarios designados por las bancadas en el Congreso y por el gobernador en turno, respectivamente, los otros dos poderes y los partidos políticos tendrán injerencia en la distribución de los recursos que reciba el Supremo Tribunal. Actualmente, al Congreso lo representan el director general de servicios parlamentarios, Pedro Zaragoza Galván (PAN) y el abogado Miguel Ángel Flores Salas (PRI), quien sustituyó a su correligionario y es secretario general del Congreso, Miguel Ángel Juárez.
Por el Poder Judicial lo integran el magistrado Fernando González y los jueces Yuri Berthaud y Gerardo Ortega; por el ejecutivo, Arnoldo Hernández y Alfredo Muñoz Delgado, funcionarios de origen panista.
En la reforma pretendida, se le estaría quitando un representante al gobierno para dárselo al Poder Judicial; según trascendidos, es parte de la negociación que se hace con los magistrados para que el Poder Judicial tenga mayoría y ello justifica la fusión de los tribunales electoral y contencioso en una nueva sala, lo que se incluye en al menos dos de los cinco predictámenes.
El ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) local, Juan Arturo Muñiz Candelas, llamó durante una reunión a propósito de la iniciativa a eliminar la propuesta porque atenta contra la autonomía del Poder Judicial. Esa postura adoptó también el ministro retirado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón, durante su reciente visita a Aguascalientes.
“Dejar exclusivamente al Consejo de la Judicatura ese tipo de decisiones de algún modo limita al órgano supremo judicial, que es un poco dejar en adjetivo lo sustantivo; entonces yo creo que el pleno de los tribunales superiores de justicia es el que tiene que tomar las decisiones fundamentales aún en lo administrativo”, respondió al cuestionamiento de La Jornada Aguascalientes al respecto.
Por su parte, el magistrado presidente del STJ, Fernando González de Luna, manifestó que “mi opinión es que el Consejo de la Judicatura funciona muy bien como está; el Poder Judicial de Aguascalientes, si bien en suficiente, no es un poder muy grande porque el estado es muy pequeño (…) entonces no hay necesidad de crear una planta más grande para controlarlo. Tenemos una oficialía mayor que puede controlar al persona y el pleno puede controlar perfectamente el presupuesto”.
Incidencia de otros poderes en la vida del Poder Judicial
El caso de Aguascalientes no es el único donde los otros dos poderes han tratado de incidir en el Judicial a través de reformas legales.
Desde finales de 2009, el gobernador de Jalisco, Emilio González, comenzó a declarar sobre la posibilidad de desaparecer el Consejo de la Judicatura de ese estado y ya presentó en días pasados la iniciativa formal de reformas constitucionales para hacerlo y recuperar como mandatario la facultad de nombrar a los magistrados. El gobernador acusa de corrupción a los consejeros.
En junio de este año se publicó en medios nacionales la llegada de seis de los 15 magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado de México por apoyo del gobernador Enrique Peña a los tres consejeros de la judicatura que él impulsó años atrás.
En Yucatán, el Consejo de la Judicatura se instaló el pasado domingo 1 de agosto, dotado de autonomía técnica y de gestión, y tiene entre sus facultades “conocer y resolver los asuntos relacionados con la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de Yucatán. Nombrar jueces y proponer magistrados –con excepción del Tribunal Superior-, vigilar y dar seguimiento a la carrera judicial”.
La representante del ejecutivo en esa entidad gobernada por la priísta Ivonne Ortega dejó el cargo de subprocuradora para la prevención del delito. El magistrado presidente de l Supremo Tribunal y del Consejo de la Judicatura yucatano, refirió que la gobernadora “comanda” el liderazgo y el respeto de los poderes en la conformación de este órgano
