La semana pasada, en un esfuerzo de colaboración que supone acercarse a integrantes que forman parte de otras ideologías políticas, la Diputada Leslie Mayela Figueroa, el Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado y un servidor presentamos una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, a fin de regular las prácticas de cabildeo en el Congreso del Estado de Aguascalientes.
Como consta en esta iniciativa, el cabildeo consiste en “cualquier actividad organizada, realizada ante cualquier diputado o diputada por cualquier persona que tenga como fin obtener una resolución o acuerdo favorable a los intereses particulares de terceros, ya sea por acción u omisión de los integrantes del Poder Legislativo”. El objetivo de esta iniciativa es crear procesos para que los particulares que llevan asuntos ante el Congreso, lo hagan de una forma transparente y evitar que se legisle a favor de intereses que afecten a la población. Así, buscamos erradicar la desconfianza que existe hacia las instituciones políticas y gubernamentales, una desconfianza que se ha convertido en un problema que urge atender en Aguascalientes.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, el 44.1% de nuestra población percibe que la corrupción es el segundo problema más importante, por debajo de la inseguridad y delincuencia; asimismo, el 76% considera que la corrupción es una práctica frecuente en los legisladores.
En la actualidad, existe una mayor pluralidad política, que a su vez ha dado lugar a la participación de personas o de grupos de interés en la toma de decisiones del Poder Legislativo; no obstante, como ocurre a nivel internacional, es necesario regular estas prácticas, de lo contrario, los espacios deliberativos podrían convertirse en espacios que reproduzcan las desigualdades de acceso a la participación democrática. Nuestra intención es promover que todas y todos los ciudadanos tengan acceso al Congreso y a los procesos legislativos, sin que ello dependa de recursos económicos o relaciones políticas.
En EUA, esta práctica se regula desde 1946 bajo un marco que define el cabildeo o actividad de lobby y a quienes la ejercen; asimismo, crea un registro en el que deben anotarse los cabilderos y establece mecanismos para informar sus actividades. En la Unión Europea, las relaciones entre los grupos de interés y las instituciones deliberativas quedaron reguladas en 1992. Finalmente, en América Latina, existen dos casos: el de Argentina, en 2003, y el de Chile, en 2014.
En México, el cabildeo se lleva a cabo en un marco de cierta incertidumbre normativa y opacidad, derivado del hecho de que las disposiciones sobre estas prácticas se han determinado en reglamentos, pero no en las leyes orgánicas de los congresos, lo que resulta en una diversidad muy poco funcional de conceptualizaciones y prácticas. Mantener esta situación supone un atentado en contra de los derechos de las y los ciudadanos que no tienen acceso a mecanismos formales o informales para influir de manera legítima en las decisiones de las y los legisladores.
La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Aguascalientes no menciona las actividades de cabildeo. Por ello, nuestra iniciativa propone crear un marco que regule la participación de grupos de interés, de manera que se transparente la forma en que se interactúa con las y los legisladoras, sobre todo que se concreten mecanismos para garantizar una aplicación igualitaria del derecho de petición, participación y asociación. Para lograrlo, proponemos modificar el Artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y agregar los artículos 186, 187, 188, 189, 190 y 191 a la misma Ley, con el fin de definir las actividades de cabildeo, transparentar quiénes son las y los cabilderos y especificar sus actividades, a fin de evitar cualquier conflicto de interés que pueda suscitarse en las actividades legislativas.
Toda ley genera cambios que toman tiempo y que deben complementarse con otras acciones para ser eficaces. Estamos convencidos de que es un primer paso para generar instituciones políticas más transparentes, modernas y orientadas a servir a la ciudadanía.
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