- Jesús Esquivel
La demanda civil que la cancillería mexicana interpuso en agosto contra ocho fabricantes estadounidenses de armas entrará a una fase crítica el próximo 31 de enero, cuando un juez determinará si el proceso continuará en Boston, donde se inició, o es trasladado a Texas o Arizona, como pretenden los abogados defensores.
En su afán de acabar con el clima de violencia que impera en el país, el gobierno de México inició el proceso civil para corresponsabilizar –ante un tribunal estadounidense– a ocho fabricantes de arsenales que han empoderado al narcotráfico y al crimen organizado.
“Los fabricantes de armas de Estados Unidos cierran los ojos ante la criminalidad que hay en México, se hacen tontos y lucran con sus productos; faltan al cuidado de la debida diligencia a través de los criminales”, dice a Proceso Alejandro Celorio Alcántara.
Consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Celorio Alcántara habla sobre la demanda civil que en agosto del año pasado interpuso el gobierno mexicano, originalmente contra 10 empresas fabricantes de armas.
“Son corresponsables de las decenas de miles de asesinatos relacionados directamente con armas traficadas ilegalmente de Estados Unidos a México y deben pagar por ese daño”, precisa Celorio Alcántara.
Interpuesta ante la Corte Federal de Massachusetts, la demanda civil ideada por el canciller Marcelo Ebrard y orquestada por el consultor jurídico de la SRE, acusa por negligencia a las ocho empresas del tráfico ilegal anual de entre 500 mil a 800 mil armas estadunidenses a México.
“Buscamos un resarcimiento de daño (a las víctimas) de 6% del Producto Interno Bruto del país, que equivale más o menos a unos 15 mil millones de dólares”, comenta Celorio Alcántara en entrevista con este semanario, anotando que él confía en ganar la demanda.
De 139 páginas, la denuncia civil de México es contra Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA, Beretta Holding SPA, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock, Glock GES MBH, Strum, Ruger & Co., y Witmer Public Safety Group e Interstate Arms.
El 31 de diciembre de 2021 los abogados que representan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la demanda en Massachusetts notificaron al juez Dennis Saylor que “voluntariamente y sin prejuicio” retiraban de la pesquisa a las empresas Beretta Holding SPA y a Glock GES MBH.
“Como parte de la estrategia bajamos las demandas contra las empresas Glock y Beretta que están en Austria e Italia, respectivamente, pero mantenemos las demandas contra Glock y Beretta en Estados Unidos”, explica el consejero jurídico de la cancillería mexicana.
En la entrevista, llevada a cabo en la sede de la cancillería, el responsable jurídico de la SRE pone énfasis en que con esta decisión se evita que las empresas ahora retiradas voluntariamente exigieran que el pleito legal en su contra se llevara a cabo en sus países sede.
“Se decidió así para conservar el foro en Boston (Massachusetts) y eliminar un desgajamiento de la demanda centrada en las empresas estadunidenses”, reitera el funcionario de la cancillería.
El pasado 22 de noviembre los fabricantes de armas demandados presentaron a la Corte Federal una moción exigiendo al juez Saylor desechar la impugnación, por lo que el magistrado designó el día 31 de enero de 2022 como plazo para recibir la respuesta de México.
Por medio de los abogados Steve Shadowen, Richard Brunell y Jonathan Lowy, la respuesta de México se archivará electrónicamente en la Corte de Massachusetts el próximo lunes 31.
“Vamos a señalar que las empresas demandadas se excusan argumentando que en el tráfico ilegal de las armas intervienen muchas personas en la cadena de comercio y su responsabilidad se diluye; lo cual jurídicamente no es cierto”, adelanta Celorio Alcántara.
La estrategia legal de los demandados, de acuerdo con la SRE, es “politizar” la demanda civil anteponiendo como parte de su defensa los estatutos de la ley estadunidense sobre Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA). Además las ocho empresas quieren retirar la demanda de la Corte de Massachusetts para llevarla a tribunales de Arizona o Texas, estados donde los jueces comulgan favorablemente con los defensores de la venta de armas.
Debido al poderoso cabildeo e influencia política de fabricantes de armas en Estados Unidos a través de organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle, expertos en temas legales ven pocas posibilidades de triunfo para el gobierno mexicano.
La PLCAA ofrece una especie de escudo para las empresas fabricantes de armas frente a demandas civiles en Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de la masacre del teatro en Aurora, Colorado, familiares de las víctimas tuvieron que pagar 203 mil dólares a un fabricante de municiones por las pérdidas que le causaron a su negocio.
Para el consultor jurídico, no hay forma de que las empresas demandadas logren que un juez federal acepte la posibilidad de “contrademandar a México por daños y perjuicios”.
El antecedente jurídico en el que se sostiene Celorio Alcántara emana de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sobre la PLCAA en la que dice: cuando una conducta en una nación causa daño en otra, la ley local del estado donde se produjo el daño determina los derechos y responsabilidades de las partes (los armeros).
Las ocho empresas impugnadas por el gobierno mexicano quieren extirpar la demanda de Massachusetts alegando que en ese estado no hay nada que ligue a sus productos con el tráfico ilegal de armas a México y por consiguiente a la violencia y homicidios cometidos con el arsenal.
“No importa cuantas personas intervengan en el comercio ilegal, lo que nosotros estamos señalando es la negligencia de las empresas que permiten que hasta los criminales compren sus armas”, machaca el consejero jurídico de la SRE, quien hace una pausa para anotar: “la PLCAA no tiene efecto extraterritorial, los daños ocurrieron en territorio mexicano, donde no existen inmunidades, hay presunción de responsabilidad directa; eso no es extraterritorial”.
De Massachusetts a Michoacán
Conscientes sobre cómo podrían las empresas fabricantes de armas deslindarse de los estatutos jurídicos de la PLCAA que les pudieran ser contraproducentes sobre la inutilidad de la demanda en Massachusetts, la cancillería mexicana y sus abogados ya tomaron precauciones.
Para defenderse los acusados alegarían que en Massachusetts sus productos (armas) se venden muy lejos de México y por lo tanto son pocas las probabilidades de que pudieran ser inmiscuidas en homicidios de ciudadanos mexicanos, a diferencia de Arizona y Texas.
Es precisamente este argumento el pilar de las empresas fabricantes de armas para pedir desechar la demanda o litigarla en otra Corte federal, Arizona o Texas, donde se priorizarían los intereses de los armeros por encima de la pérdida de vida de miles de mexicanos en México.
Proceso buscó a los abogados defensores de las empresas fabricantes de armas, pero declinaron hacer cualquier comentario, sosteniendo que no litigarían por medio de la prensa y mucho menos en estos momentos.
“Ordenamos que se hiciera un recorrido por el estado de Massachusetts”, expone Celorio Alcántara. “Registramos que en esa entidad hay 3 mil 973 armerías, es decir vendedores o agencias que cuentan con la licencia federal para mercar todo tipo de armamento que legalmente se puede adquirir en Estados Unidos”, añade el funcionario mexicano.
Las ocho empresas estadunidenses demandadas tienen que replicar el próximo 28 de febrero a la respuesta que interpondrá ante el juez Saylor el gobierno mexicano el próximo lunes 31. Los cálculos que hace la SRE sobre el curso de la querella es que para abril próximo el juez Saylor debe emitir una resolución que, si es favorable para México, los acusados tendrían 45 días posteriores para apelar, y si no procede, habrá una audiencia de notificación y el juicio arrancaría a finales del verano.
“Nos siguen viendo como un demandante en Estados Unidos. Somos un actor demandante extranjero por daños ocurridos en México”, insiste el encargado de los asuntos jurídicos de la política exterior mexicana.
Sin entrar en detalles, porque eso se develaría en el juicio, Celorio Alcántara dice que se puede demostrar la corresponsabilidad de las ocho empresas en homicidios, por ejemplo, cometidos en el estado de Michoacán con armas vendidas en Massachusetts.
“Esperamos a que el juez le dé curso a la demanda y entrar al procedimiento legal de la producción de evidencia y ahí, con esto, confiamos en poder demostrar lo que sostenemos”, resalta con una gran sonrisa el consultor jurídico de la SRE.
Impedido por ley para hacer pública la información, a menos que sea requerida por un juez federal en un proceso judicial civil o criminal, los datos a los que hace referencia Celorio Alcántara los tiene en su poder el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
A través del Centro Nacional de Rastreo (NTC) el ATF ha identificado el origen de venta y número de registro de armas recuperadas por autoridades mexicanas en los lugares de México donde se cometieron homicidios y asaltos.
Este intercambio de información del gobierno mexicano con el ATF forma parte de los compromisos bilaterales en materia de seguridad y combate al narcotráfico, y que le da seguridad a Celorio Alcántara para afirmar que se puede corroborar el nexo Massachusetts-Michoacán.
El tráfico ilegal de armas estadunidenses a México forma parte integral de la violencia que priva en casi toda la república mexicana, cuyos niveles han ido subiendo exponencialmente desde que el expresidente Felipe Calderón iniciara la guerra militarizada contra el narcotráfico.
Las rutas más importantes para el trasiego ilegal de armas de Estados Unidos a México se encuentran en los puntos fronterizos del sur de cuatro entidades, Arizona, California, Nuevo México y Texas.
El tráfico ilegal transfronterizo implica el paso a México de todo tipo de armas cortas, pistolas y rifles semiautomáticos de gran calibre y de millones de municiones y cartuchos para escopetas.
