- Gaytán concibe que gobierno no invertiría; Solís Farías que sí, pero no dictamina
- Avala presidente de la comisión de medio ambiente observaciones del OSF a INAGUA
El presidente de la comisión del medio ambiente en el Congreso del estado, Juan Gaytán Mascorro, avaló las observaciones hechas por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) al INAGUA en las que se incluye un pago superior a los 17 millones de pesos sólo en un semestre, y señaló que se debe a la falta de un contrato de mejoramiento cuya iniciativa ya aprobó su comisión, pero la de vigilancia no ha dictaminado y que no conviene a la empresa. Por su parte, Alberto Solís Farías, que encabeza ésta última, señaló que no ha entrado al análisis de la solicitud de convenio porque no es tan sencillo y porque hay asuntos pendientes en cartera antes que éste.
Gaytán Mascorro indicó que a la fecha “lo único que hay es un convenio modificatorio que no es para nada lo que se requiere en esta planta; la planta lo que requiere es un nuevo proyecto ejecutivo donde dejemos de estar pagando esas utilidades”, en referencia al 20 por ciento de utilidad que el estado paga a la empresa, pese a haberse ordenado que se le entregue la concesión.
Cuestionó “¿cómo es posible que los diputados prefieran tener guardado un dictamen para estar evitando pagar eso?”, asegurando que mientras su comisión ya tiene firmado un dictamen que aprueba la modernización de la infraestructura, previendo eliminar esos pagos a costa del erario, la de vigilancia a la que también fue turnada no ha dictaminado por razones que dijo desconocer y no entender.
Manifestó que la manera en la que actualmente la empresa presta el servicio le conviene más a ésta, que ejercer la concesión cuya entrada en vigor se ha detenido por razones administrativas puesto que “no hace nada la empresa, simplemente dice: gastaste tanto, a mí me vas a dar el 20 por ciento” y sostuvo que esta “falta de definición” es la que hace que al mes se paguen alrededor de 600 mil pesos por el tratamiento de agua y la que motivó a que su comisión dictaminara más rápido.
En la concepción del legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), esta segunda solicitud cumplió con lo que la primera, de diciembre de 2008, no: no involucrar gasto del ejecutivo estatal, pues de acuerdo con el convenio que se propone, más bien gestionaría 213 millones 544 mil 570 pesos del fondo concursable para el tratamiento de aguas residuales de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en tanto que Fypasa aportará el 29 por ciento restante de los 300 millones 767 mil pesos que costará el proyecto.
El estado solicita al Congreso autorización para abrir un crédito por más de 30 millones de pesos que utilizaría “exclusivamente como fuente de pago alterno para cubrir posibles faltantes de liquidez”.
Pero para Solís Farías, que reconoció la inexistencia en su comisión de un dictamen de la solicitud de autorización que el gobierno del estado hizo al Congreso en febrero de este año, “por la trascendencia del asunto, no es tan simple decir nada más que falta dictaminar porque recordemos que con esta circunstancia de que sea un contrato de prestación de servicios por 18 años y lógicamente esto involucra una cantidad importante de presupuesto” y por tratarse de un contrato de servicios, “causa honorario al estado”.
Afirmó primero que la comisión está valorando “las alternativas y todos los elementos necesarios para determinar la necesidad” de celebrar este convenio; sin embargo, al preguntársele qué cambios posibles se han planteado respecto del proyecto original, precisó que “todavía no la tenemos agendada, tenemos asuntos previos que han estado subiendo a análisis, discusión y aprobación”.
Mientras tanto, de acuerdo con el estudio que la comisión especial que se creó para estudiar el caso en julio de 2009, por incapacidad en tiempo de lluvias, la planta tratadora desvía sin tratar parte del caudal que recibe a la presa del Niágara y sus procesos no tienen la calidad que deberían, por lo que la modernización y ampliación de la planta es urgente.
