Durante la madrugada del pasado domingo 14 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, ejercicio legislativo que como en anteriores ocasiones, polarizó la alta tribuna, al presentarse más de mil 994 reservas al proyecto sometido a la soberanía, y bueno, después de intensas discusiones entre los distintos diputados y diputadas de todos los partidos políticos, de todas las reservas mencionadas ninguna prosperó y se aprobó tal cual fue presentado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
En el presupuesto aprobado, se destinan los recursos necesarios para continuar e incluso ampliar la operatividad de los programas sociales del ejecutivo federal, así como también un aumento en los recursos a destinarse en las obras insignia de esta administración, me refiero al Tren Maya, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles así como la construcción de la refinería de Dos Bocas. Esos pueden considerarse como los ganadores en el proyecto aprobado. Del lado de los perdedores (a los que les fue reducido su presupuesto), saltan a la vista los casos del INE y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, por 4 mil 913 millones de pesos y 2 mil 935 millones de pesos respectivamente, es decir una reducción de casi 8 mil millones de pesos para ambas autoridades.
En el caso concreto del INE, el inédito recorte presupuestario pone en riesgo la eventual celebración del ejercicio de revocación de mandato que, de llegarse a reunir las firmas ciudadanas necesarias, el Instituto Nacional Electoral tendrá que implementarlo según lo estipula la legislación; aunado a los gastos inherentes a la participación de la mencionada autoridad nacional en los trabajos relacionados con las 6 elecciones locales que en 2022 tendrán jornada electoral (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas), procesos electorales que si bien son locales, el INE tiene participación directa junto con las autoridades estatales electorales, en actividades como la determinación del número y ubicación de mesas directivas de casilla, la insaculación y capacitación de quienes fungirán como funcionarios de casilla, la operación de los conteos rápidos para las elecciones de gubernatura así como las ya conocidas funciones de fiscalización de los recursos y el monitoreo de los tiempos de radio y televisión. Actividades todas fundamentales para la vida política en nuestro estado. Así es como el INE se perfila a encarar un año complicado, ante la encrucijada de desempeñar satisfactoriamente sus obligaciones pero con un enorme recorte presupuestal.
En Aguascalientes, por ejemplo, este 2021 significó también un año complicado, al recibir un histórico recorte cercano al 40% del presupuesto proyectado originalmente, situación que orilló al Instituto Estatal Electoral a echar mano de estrategias nunca antes vistas, desde el disponer de recursos destinados para el segundo semestre del año para salir avantes en la preparación de la jornada electoral, hasta tener que “gestionar” ampliaciones presupuestales durante el primer semestre del presente año, práctica cuyo antecedente inmediato era previo a 2015.
Al final, creo que debemos reflexionar la mejor manera en que se debe aprobar el presupuesto: considero que si bien una salida debiera ser basar su confección y, por supuesto, su aprobación en el diálogo abierto y directo con todas y cada una de las autoridades y entes de gobierno involucrados, a través de espacios en los que de primera mano las autoridades podamos explicar peso a peso el presupuesto, considero también que por lo que toca a lo electoral, se debe idear una mejor manera de procesar los presupuestos. Una manera clara y transparente sería el introducir en la norma una fórmula que blinde el presupuesto de las autoridades electorales, una que proteja y garantice su autonomía consagrada en la constitución, similar a como se diseña el presupuesto de financiamiento público de los partidos políticos, en la que lejos de los colores mayoritarios en los congresos, se defina el monto de presupuesto para un determinado ejercicio fiscal. Así permitiría, incluso, que cada autoridad en pleno ejercicio de su autonomía pudiera llevar a cabo un ejercicio real de planeación de sus actividades y con ello, permitir un adecuado cumplimiento de sus obligaciones. Porque si bien, insisto, por mandato constitucional, las autoridades electorales gozan de autonomía en sus decisiones, nunca podremos lograrlo si no iniciamos con una plena autonomía presupuestal que destierre por completo cualquier humor político que pudiera nublar su sano ejercicio.
Lamentablemente en la actualidad la normatividad orilla a las autoridades electorales a depender por completo de lo que decida el poder legislativo (federal tratándose del INE o bien el congreso del estado en el caso del IEE), por lo que frente a una eventual construcción de reforma electoral, uno de los temas trascendentales que se debería tratar sería sin lugar a dudas el fortalecimiento de la autonomía presupuestal, buscando sí el fortalecimiento de nuestras autoridades, pero por ende, el de de nuestra democracia mexicana, eliminando de inmediato la nociva práctica de acudir a solicitudes de ampliación presupuestal, que vulnera a todas luces la independencia en la toma de decisiones de cualquier árbitro dentro de una contienda.
Hago votos para que, por lo menos en Aguascalientes, quienes integran nuestro poder legislativo local, sean empáticos y al momento de construir una reforma electoral, introduzcan un mecanismo para garantizar los presupuestos de las autoridades electorales. Seríamos punta de lanza en el país, poniendo a Aguascalientes como una entidad federativa de vanguardia al fortalecer a sus autoridades en materia político electoral. Al tiempo.
/LanderosIEE | @LanderosIEE
