Hablar una vez más de la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas, equivale al análisis de los principios y directrices con los que altos funcionarios y servidores públicos, practican y entienden la publicidad y la responsabilidad en el desempeño de sus cargos, sin embargo, desde la perspectiva de los ciudadanos, la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, se refiere al ejercicio del derecho de acceso a la información y la participación en espacios públicos, en los que se pueda justificar y explicar el actuar gubernamental.
Asimismo, la anhelada cultura en comento, se refiere a valores, normas, principios y a toda práctica asociada a éstos, al interior de los entes públicos, los cuales ya están implícitos o explícitos en las leyes, reglamentos e incluso en los actuales Códigos de Ética y de Conducta, indicándose en ellos los alcances y los límites de la acción del Estado.
No obstante, el impulso de la transparencia y rendición de cuentas, no sólo debe depender de los altos funcionarios y servidores públicos, sino también de la fuerza de la sociedad civil en general, aunque lamentable es, que los ciudadanos entienden la transparencia y rendición de cuentas como un discurso político o gubernamental pocas veces asociado a criterios evaluables.
De tal manera, no resultaría extraño que los esfuerzos de las autoridades por recuperar la confianza de la ciudadanía sean infructuosos, pues a decir de la sociedad civil organizada, la confianza debe ganarse con hechos y prácticas demostrables a través del pasar de las administraciones públicas, que puedan marcar una diferencia respecto lo ocurrido en el pasado. Si ese momento no llega, no podrá recuperarse la confianza.
Pese a lo anterior, la transparencia, rendición de cuentas y recientemente el combate a la corrupción, se han convertido en las principales exigencias de las agendas públicas gubernamentales. En el caso de México, a pesar de la conformación de mecanismos para la modernización de la gestión pública, los avances son pocos, lo mismo que en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Concretamente, el combate a la corrupción ha ocupado el diseño e instauración de instrumentos e instituciones encargadas de prevenir, controlar y sancionar la corrupción en México. En ese sentido, las preguntas clave que discuten este flagelo son: ¿Cómo se lograría controlar la corrupción? Y aún más certero el cuestionamiento: ¿Se puede reducir la brecha de espacios que permiten prácticas de corrupción al interior de los entes públicos? La solución a tales preguntas converge en la elaboración de diversas estrategias.
Es decir, durante las últimas décadas, México avanzó en la construcción de instituciones de fiscalización, evaluación y transparencia para controlar la corrupción. Actualmente se cuenta con instituciones como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación encargadas del control y la fiscalización de la gestión pública, creándose también el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales -ahora como organismo constitucional autónomo, antes Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales-, así como el Sistema Nacional de Transparencia. En tanto, en el tema del combate a la corrupción se creó el Sistema Nacional Anticorrupción acompañado de un marco normativo con un sinnúmero de responsabilidades administrativas para los funcionarios públicos.
En México es evidente que no se tiene la capacidad de obligar a las autoridades al cumplimiento de las leyes encargadas de combatir la corrupción. Se puede afirmar que lo hasta ahora logrado por las autoridades es poco. Evidentemente algo está mal en las instituciones, es decir, el problema de la corrupción es verdaderamente grande.
Por ejemplo, las leyes de acceso a la información, permitieron un avance para destapar a los distintos funcionarios y servidores públicos que incurrían en excesos, una primer víctima de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, fue el ex presidente de la República Vicente Fox Quezada, quien además de impulsar el acceso a la información, lo pagó con el Toallagate y el embajador dormimundo, demostrándose así, que los ciudadanos lograron averiguar hasta el precio de unos colchones.
Otro destape motivado por las leyes de acceso a la información, ocurrió recientemente con la actual Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se trata del caso Odebrecht, pues luego de tres años de lucha judicial, la Fiscalía General de la República perdió cualquier tipo de amparo promovido en contra de dos resoluciones dictadas por el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en las que ordenaba abrir la carpeta de éste caso y entregar diversos datos asociados al mismo.
Entonces, ello explica el hartazgo social, ante los constantes hechos de corrupción. Sí, sí se avanzó en acceso en transparencia y acceso a la información, pero muy poco en el combate a la corrupción.
Según la edición 2020 del Ranking Confianza en Instituciones de México, realizado por MITOFSKY para calificar la fortaleza de las instituciones, se observó que, tradicionalmente algunas instituciones, como el Ejército, Universidades, al igual que la Iglesia y Estaciones de Radio, siguen posicionándose en niveles de confianza alta. En cambio, en los niveles de confianza baja, siguen colocándose legisladores y partidos políticos.
Ahora bien, es evidente que si en esa batería de preguntas, no se introduce un reactivo que tenga que ver con la corrupción, es claro que los niveles de aceptación de las instituciones rankeadas, seguirán siendo “razonablemente buenos”, no obstante ¿Qué pasaría si al Ranking Confianza que realiza MITOFSKY o cualquier otra empresa encuestadora respecto a Instituciones Públicas o Privadas se le incluyen factores relacionados al tema de la corrupción?
La respuesta a esta pregunta, es fácil, posiblemente ciudadanos muy informados -investigadores, académicos, profesionistas o estudiantes- identifiquen de 5 a 10 personajes más corruptos u odiados en México o aquellos que deberían estar en la cárcel -por actos de corrupción-, aunque vale la pena señalar, que en México los ciudadanos tienen una percepción algo dispar en relación con la corrupción, en parte atribuyen responsabilidad al sector gubernamental y también al sector social.
En este orden de ideas, el “Informe de Resultados de la Nueva Medición de la Cultura Ciudadana desarrollada en la Ciudad de Monterrey en el año 2012” realizado por la Corporación Visionarios por Colombia, con el apoyo de la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno de Nuevo León, se recopilaron y analizaron los hallazgos más importantes de la Encuesta de la Cultura Ciudadana (ECC).
Según los resultados de la ECC en el rubro “Cultura Ciudadana y Cultura de la Legalidad en Monterrey/Corrupción”, la percepción de los ciudadanos sobre las reacciones que tendrían si se enteraran que un ciudadano ofrece dinero a un funcionario, es: “que no harían nada porque es responsabilidad de las autoridades”.
La ECC detalló dos hipótesis más relacionadas con el problema de la corrupción, donde un determinado porcentaje consideró, que este problema es únicamente de los entes públicos y no de los ciudadanos, en tanto que otro porcentaje –mínimo- estimó que el problema de la corrupción les era indiferente. De ahí, que la primera hipótesis lo fue, que aun y cuando los ciudadanos rechazaban la corrupción, asumían que no tenían elementos para combatir la corrupción y por ende delegaban esa responsabilidad en las autoridades.
La segunda de las hipótesis, se centraba en el hecho de que los ciudadanos eran conscientes de su responsabilidad, pero veían una constante en la sociedad, la corrupción -un mal necesario- y por ende no se animaban a corregir tales conductas, dando por sentado que los corruptos son las autoridades, funcionarios y servidores públicos y otros ciudadanos, ocupando la desconfianza entre estos últimos y la mala imagen uno de los principales factores de este tipo de reacciones.
En el plano actual, según estadísticas –ya informadas con antelación- del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con motivo del día Internacional Contra la Corrupción, dadas a conocer el siete de diciembre de dos mil veinte, se concluyó en el rubro “La corrupción afecta el nivel de confianza en el gobierno” el alto nivel de desconfianza entre las personas que habían experimentado algún acto de corrupción en relación con aquellos que no fueron víctimas.
Los datos relevados por el INEGI son relativamente similares a los arrojados en la ECC, encontrándose asociados de manera negativa con la confianza de los ciudadanos en los entes gubernamentales, pero con una variante, ya que el nivel de desconfianza en los gobiernos fue mayor entre las personas que habían sufrido un acto de corrupción en comparación con quienes dijeron no haber experimentado una conducta de ese tipo.
No obstante, aquellos ciudadanos que fueran víctimas de un hecho de corrupción, argumentaron diversos motivos para no denunciar tales hechos, los cuales se clasificaron de la siguiente manera: “Es inútil, no le darían seguimiento”; “por ser una pérdida de tiempo”; “por falta de tiempo”; “la corrupción es una práctica muy común”; “por miedo a represalias”; “obtuvo un beneficio”; “porque no sabe ante quien denunciar”; y “Porque dio dinero o regalos u otros motivos”.
De los anteriores rubros, cuatro adquieren mayor relevancia entre los ciudadanos, los que se refieren a “la corrupción es una práctica muy común”, “obtuvo un beneficio”, “porque no sabe ante quien denunciar” y “porque dio dinero o regalos u otro motivo” y es que este fenómeno se sigue debiendo a la percepción de desconfianza entre los propios ciudadanos, contribuyendo así, a un aspecto negativo que se generaliza cada vez más en la sociedad, ante la premisa “si todos son corruptos, por qué yo no”, “la corrupción es un mal necesario” o “el que no es tranza no avanza”, dando entrada a la corrupción.
Verbigracia, en el rubro “porque no sabe ante quien denunciar”, es cierto que no habría forma de acabar con la corrupción, si los ciudadanos no recurren al método de la denuncia, pero no menos cierto es, que además de no saber ante quien denunciar, tampoco conocen el cómo denunciar hechos de corrupción. De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), la denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas administrativas. Desde luego que el ciudadano no está obligado a conocer la jerga jurídica, pues con su sola narración de hechos sería suficiente.
Del mismo modo, la LGRA deja en claro que los Órganos Internos de Control -entre otras autoridades- son las áreas para presentar la denuncia, lo que supone el complemento para saber ante quien denunciar, sin embargo, pese a ello, el ciudadano encuentra un obstáculo más, el factor “represalia”, que automáticamente se convierte en un nuevo acto de corrupción, obligando al ciudadano a conocer la existencia de otros mecanismos para la presentación de la denuncia -denuncia anónima- y considerar el seguimiento que deba darle, es decir, saber en que concluyó y en su caso, las sanciones que fueran aplicadas, de no ser así, el ciudadano fortalece su postura de no denunciar por tratarse de una pérdida de tiempo.
Es entonces, que la expectativa del comportamiento corrupto de los ciudadanos, sea el mayor problema para corregirla mediante una correcta estrategia ciudadana, que permita aumentar los altos niveles de las personas que rechacen definitivamente la corrupción que ellos mismos viven, lo que a futuro provocaría un impacto positivo sobre el resto de los ciudadanos.
