El tema del transporte público fue vuelto a poner a discusión tras la iniciativa del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, para la creación de una nueva Ley de Movilidad Sustentable y Transporte Público, y de que el presidente municipal de Aguascalientes, Gabriel Arellano Espinosa, indicara que ésta deberá ser una cuestión fundamental en las propuestas de quienes contiendan a la gubernatura del estado en 2010, pues reconoció que actualmente el servicio cuenta con muchas deficiencias.
Al respecto, Manuel de la Cruz Ricalde, representante de la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes (ATUSA), indicó que los prestadores del servicio de transporte público no tendrán problema en acatar las leyes que sean en beneficio del usuario, aunque apuntó que en caso de que se apruebe una nueva ley, si consideran esta inviable, manifestarán su rechazo.
Uno de los cambios más significativos que se prevén en la propuesta de Acción Nacional, es que se adapte por lo menos una unidad de cada ruta para que pueda ser usada por personas en sillas de ruedas, al respecto, Cruz Ricalde indicó que las autoridades deberían de proporcionar apoyo para ello, dado que esto representará un costo; agregando que se deberá de hacer un estudio en el que se establezca efectivamente, qué tan necesario es que se dé un servicio para personas con silla de ruedas, mismo que podría ser realizado por el DIF estatal, subrayó.
Cruz Ricalde indicó que los prestadores del servicio de transporte público cuidan la atención al usuario, pero para saber qué es lo que se podría mejorar, se deberá consultar a quienes usan el miamo; agregando que una propuesta por parte de ellos, es que se cree un carril exclusivo para el tránsito de las unidades.
Añadió que será necesario realizar un estudio efectivo para ver la viabilidad de que se incorporen unidades articuladas, ya que éstas representarían una inversión muy fuerte, y “aquí en esta ciudad no se presta para eso”.
Apuntó que en este caso, estarán viendo la viabilidad de que esta inversión se pueda reintegrar; añadiendo que en caso de que la nueva ley de transporte sea aprobada, “si va en contra de tus intereses, pues vas a rechazarla, pero si es en beneficio y en beneficio para el usuario, adelante”.
SI se aprueba, tendrán que acatarla
Por su parte, el diputado local panista, Arturo Colmenero Herrera, presidente de la comisión de transporte público del Congreso del Estado, y principal impulsor de la nueva ley, indicó que la sola disposición por parte de los transportistas no es suficiente, sino que es necesario que realmente se lleve a cabo con lo que diga la legislación.
Sobre la posibilidad de que los transportistas rechacen la ley por considerarla inviable, el legislador panista indicó que no son ellos quienes puedan decidir eso, ya que el encargado de aprobar o rechazarla es el Congreso del Estado, “y aprobada la ley, la tienen que acatar”.
Señaló que la modernidad del transporte público se deberá dar poco a poco, “pero aquí lo importante es empezar”, por lo que si se aprueba la ley, sería un inicio; agregando que una vez aprobada y constituido el Instituto de Transporte Público, sería éste el que determinará los plazos para que los camiones sean adaptados a lo necesario.
Por último, indicó que en caso de que las unidades no se adapten a lo establecido en la ley, el instituto estaría facultado para aplicar las sanciones correspondientes.