APRO/Juan Omar Fierro
La reticencia de Emilio Ricardo Lozoya Austin para llegar a un acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos en el caso Odebrecht, así como las fotografías que la periodista Lourdes Mendoza –a quien el ahora encarcelado implicó en sus acusaciones– le tomó en un lujoso restaurante, fueron los detonantes para que la Fiscalía General de la República (FGR) endureciera su postura frente al extitular de Pemex, por lo que el Ministerio Público (MP) federal ya no le hará más concesiones y el político priista podría pasar el resto del sexenio en la cárcel.
Con la resolución de un juez de control que dictó prisión preventiva justificada contra Lozoya el pasado miércoles 3, la FGR busca garantizar que el exdirector de Pemex comparezca en las causas penales que el MP ha judicializado contra el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, el excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya Cortés, el exsenador del mismo partido Jorge Luis Lavalle Maury y el también exdirector de Petróleos Mexicanos Carlos Treviño Medina, todos ellos imputados por el propio Lozoya en su papel informal como testigo colaborador de las autoridades.
Además, con ese fallo judicial la FGR sentó las bases para una nueva etapa en la negociación con los representantes legales de Lozoya, quien buscaba la extinción de la acción penal en su contra mediante la formalización de un criterio de oportunidad. Sin embargo, tras sostener 15 meses de ofertas y jaloneos, no lograron firmar un acuerdo.
Con el endurecimiento de la FGR, el exdirector de Pemex debe afrontar la posibilidad de ir a juicio y hacerse acreedor a una sentencia condenatoria con los datos de prueba existentes, debido a que no objetó las imputaciones iniciales de la Fiscalía; o bien aceptar un procedimiento abreviado en el que se le declare culpable, pero con una penalidad menor de la que le corresponde.
La libertad condicional que el fiscal general Alejandro Gertz Manero le había autorizado a fin de agilizar la negociación o la construcción de un acuerdo, se acabó de manera definitiva: Lozoya enfrentará el resto de su proceso penal en prisión preventiva, medida cautelar que las autoridades van a defender ante jueces y tribunales en caso de que la defensa presente una apelación o un juicio de amparo.
Debido a que el juez concedió a la defensa una prórroga de un mes para cerrar de forma definitiva la etapa de investigación complementaria, Lozoya sólo tiene hasta el próximo 3 de diciembre para buscar un acuerdo con las autoridades ministeriales.
Sin embargo, en el nuevo escenario, aún si Lozoya logra que su defensa formalice un criterio de oportunidad con el beneplácito de la FGR o si ésta opta por el procedimiento abreviado, lo único seguro es que no podrá recuperar su libertad de forma inmediata.
Viraje anticipado
En la audiencia del caso Lozoya-Odebrecht del pasado miércoles, el fiscal de Control Procesal de la FGR, Manuel Granados Quiroz, advirtió que para esa representación social se acabó la etapa de investigación complementaria en la causa penal 269/2019, por lo que ya no existen nuevas pruebas que recabar y ya están listos para presentar el escrito de acusación contra Lozoya por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.
Uno de los objetivos explícitos de la FGR en esta nueva etapa es obligar a Lozoya Austin a comparecer en cada uno de los juicios que se vayan a celebrar como consecuencia de la denuncia penal que el extitular de Pemex presentó en agosto del año pasado contra 17 exfuncionarios públicos y exlegisladores que presuntamente recibieron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
El viraje en la estrategia legal de la fiscalía no fue sorpresivo para los abogados de Lozoya, ya que no se decidió el día de la audiencia, sino dos días antes, según consta en un oficio enviado por la FGR a la carpeta de investigación del caso Odebrecht.
El documento, fechado el pasado lunes 1, informa al juez de la causa que la FGR va a solicitar la prisión preventiva justificada contra Lozoya debido a que ni el imputado ni su defensa han reparado o garantizado la reparación del daño que sufrió Pemex en su calidad de parte ofendida, “toda vez que se trata de la reparación al patrimonio de la Nación y del Estado Mexicano”.
Además se advierte que los imputados en esta causa penal, el propio Lozoya y su madre, Gilda Margarita Austin y Solís, “no han satisfecho los requisitos que establece el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la formalización de un criterio de oportunidad”, señala el oficio firmado por el MP federal adscrito a la Fiscalía de Control Procesal, Kristian Javier Jiménez Hernández.
La decisión que tomó el juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza tampoco fue inesperada: es el impartidor de justicia que el 28 de julio de 2020, en la audiencia de vinculación a proceso contra Lozoya por el caso Agronitrogenados, se deslindó de la decisión de la fiscalía de no encarcelar al exfuncionario mientras se construía o negociaba el fallido criterio de oportunidad.
El propio juzgador federal reiteró en la audiencia del pasado miércoles 3 que el tipo de delitos que se le atribuían a Lozoya ameritan la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
En la causa penal de Odebrecht, una frase del juez Zúñiga adelantó su decisión final en la audiencia que sirvió para revocar la libertad a Lozoya: sentenció que las medidas cautelares favorables a un imputado “no representan un derecho adquirido” y por lo tanto se pueden modificar conforme avanza el proceso penal.
Agregó que este proceso no es “estático, sino dinámico”, por lo que también cambian las condiciones para definir la medida cautelar que se aplica en cada etapa del mismo proceso.
El juez de control sumó a sus consideraciones tres argumentos que expuso la FGR durante el debate: un elevado riesgo de fuga del imputado por su gran capacidad económica, su falta de arraigo en México al tener familia en el extranjero (su esposa e hijos) y la pena de 12 a 35 años de prisión que corresponde a los delitos que se le imputan, cifras que están muy por encima de los cinco años de cárcel que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para lograr la libertad condicional cuando el imputado solicita una forma alternativa de solución a un proceso penal.
Para acreditar la capacidad económica de Lozoya, la FGR dijo que el exdirector de Pemex recibió, a través de una empresa de la que es accionista (JF Holdings, SA), un depósito de 2 millones de euros provenientes de la compañía off-shore Zecapan, creada por Odebrecht para la transferencia de presuntos sobornos.
Los fiscales de la FGR reconocieron que se trataba de una operación celebrada en 2014, pero argumentaron que no la conocían, ya que apenas en septiembre pasado se les habían entregado las traducciones de los estados de cuenta del New Bank, con sede en Liechtenstein, donde presuntamente permanece ese dinero.
Los abogados Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas negaron que esa operación fuera novedosa y advirtieron que pertenecer a una familia con dinero no podía convertir a Lozoya en sospechoso de fuga cuando había cumplido a cabalidad con las medidas cautelares que le impusieron.
Además, Rojas también rechazó que su cliente se hubiera dado a la fuga, como esgrimió la FGR durante su exposición, ya que a pesar de haber sido detenido en el extranjero, eso habría ocurrido porque el MP federal decidió no citar a Lozoya a una audiencia de imputación para el caso Odebrecht, sino forzar su comparecencia mediante una orden de aprehensión.
En su momento, el propio Lozoya negó darse a la fuga y dijo que viajó al extranjero “por motivos laborales”, ya que siempre se ha dedicado a dar asesorías financieras de carácter internacional.
