APRO/Gloria Reza
Sofía aún recuerda con detalle lo que sucedió el 2 de junio de 2019, alrededor de las 17:00 horas, cuando iba a llegar a un supermercado junto al río Salsipuedes: “Empecé a sentir que vibraba el piso; pensé que estaba temblando, pero no sentía que se viniera más fuerte la sacudida y dije: ‘Algo está raro’. Me asomé a los corredores del supermercado y no había nadie”.
Miró hacia la calle y vio una corriente de agua con lodo y troncos quemados. Corrió a la esquina. Su sorpresa fue que el arroyo había crecido a tal grado que arrastraba camionetas, un camión de volteo que iba pasando por arriba del puente y hasta un pirul longevo. “Los cables de la luz estaban cayendo y no hallaba a qué casa meterme; decidí correr a la otra esquina”, relata.
Junto con otras personas atrapadas en el mismo punto, Sofía fue testigo de cómo la poderosa corriente de agua se llevó a Emilia, una habitante de San Gabriel cuyo cuerpo nunca fue localizado. Murieron cuatro personas más y hubo 3 mil damnificados.
Sin embargo, en San Gabriel no llovió ese día. La corriente que afectó al municipio se debió a una gran cantidad de precipitación pluvial que cayó en otra zona cercana y, debido a la pérdida de masa forestal, el líquido no se infiltró al suelo, sino que se fue directo al río y lo desbordó.
En un comunicado del 15 de noviembre de 2019, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reconocía que el cambio de uso de suelo sin autorización para el establecimiento de huertas de aguacate en San Gabriel es uno de los factores con mayor impacto al ecosistema, lo cual provoca “la merma de filtración de agua por parte de pinos y encinos, pérdida de flora y fauna local, y alteración del equilibrio ecológico”.
Otra de las razones del desbordamiento del Salsipuedes es que, para sembrar aguacate, tres semanas antes empresarios provocaron incendios que consumieron más de 12 mil 177 hectáreas de bosques, según estimaciones de Control de Incendios Forestales del gobierno federal. Comúnmente, los cultivadores de aguacate optan por talar bosques para tener más terreno de cultivo.
Esas condiciones de incendios forestales y deforestación no han cambiado en San Gabriel. El último incendio se registró en abril pasado, con dos hectáreas dañadas. Sócrates Ruelas, fotógrafo y vecino del municipio, ha observado que de los cerros de la zona bajan camiones cargados de troncos talados. En el mismo punto existen cultivos de aguacate.
Incluso, dice que cuando necesita hacer tomas de bosque, al elevar su dron sólo en la parte frontal hay pinos, el resto son aguacates.
Sofía cuenta que, tras el desastre, cada vez que se formaban nubes negras “todos estábamos al pendiente”. Ruelas refiere que tras el desbordamiento del río se organizaron cuadrillas de jóvenes para monitorear el crecimiento de la corriente y se les capacitó para dar primeros auxilios. No obstante, después de medio año se “relajaron las medidas”, sobre todo porque la autoridad hizo algunas obras para evitar que el agua llegara “de golpe”.
Ya pasaron dos años, pero Sofía aún siente miedo: “Sigue la incertidumbre si en algún momento va a bajar el agua igual. Da miedo que llueva”.
Al poco tiempo de la tragedia, los pobladores se organizaron para denunciar la tala clandestina, pero desistieron porque a los pocos días recibieron amenazas de muerte. Así lo narró un habitante que, igual que otros entrevistados, pidió el anonimato ante la inseguridad que se vive en la zona, donde hay presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación. “En este país las personas que se inconforman contra algo que está mal en su comunidad terminan muertas o en la cárcel, y yo no quiero eso”, comenta.
El doctor Carlos Suárez, jefe del departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara (UdeG), realiza trabajo de campo sobre el cambio de uso de suelo en la región sur de Jalisco desde hace cinco años. Recuerda que antes se cultivaba maíz, caña de azúcar, avena, alfalfa, trigo y mostaza, que al ser de temporal permitían la infiltración del agua y “se mantenía el equilibrio constante del manto freático”, además de que “siempre había una cubierta vegetal” para evitar la erosión del suelo.
Sin embargo, entre 2005 y 2010, en Mazamitla, Concepción de Buenos Aires, Tecalitlán, Zapotlán el Grande, San Gabriel y Sayula, los agricultores cambiaron el cultivo tradicional por el agroindustrial, a raíz de que productores aguacateros de Michoacán comenzaron a comprarles o rentarles sus predios.
Por su parte, Ignacio Tovar, presidente de la AMPF en Jalisco, afirma que toda actividad primaria afecta al sector forestal, por lo que es necesaria una proyección técnica que se sustente en la Manifestación de Impacto Ambiental y el Estudio Técnico Justificado que deben presentarse ante la Semarnat. Esto ayudaría a conservar las actividades y el ecosistema, no sólo en Jalisco, precisa, sino en 21 estados del país donde se están haciendo cambios de uso de suelo para producción de aguacate.
