Al hablar de vivienda es necesario reconocer que se trata de un espacio construido que todos los seres humanos necesitamos para resguardarnos del exterior, de la intemperie y que es esencial para la construcción de la identidad individual y colectiva, pero además se trata de una necesidad básica que todos los individuos requerimos a lo largo de nuestra vida.
Cómo ya lo había mencionado en artículos anteriores en México el derecho a la vivienda está consagrado en el artículo 4° de la Constitución. Según este artículo todos los mexicanos tenemos derecho a gozar de una vivienda; sin embargo, este artículo no menciona bajo cuál figura legal podremos ejercer nuestro derecho. Es decir, ¿nuestro derecho a la vivienda sólo se puede ejercer si tenemos una propiedad privada? No, el artículo no hace referencia hacia cuáles de las diferentes figuras legales que existen en nuestro país nos permitirán gozar de una casa. Lo cierto es que la propiedad privada en México es una de las figuras legales que más certeza y seguridad jurídica nos otorga porque puede evitar los desalojos forzosos, pero además porque permite la construcción y consolidación de un patrimonio familiar que sea heredable para los hijos.
¿Pero qué pasa con aquellos que no pueden tener una vivienda propia? En México han surgido otras formas para poder acceder a este derecho aun cuando no se tenga la seguridad en la tenencia de la tierra, la seguridad de que nunca seremos desalojados. Una de ellas es la vivienda en renta y otra es la propiedad social, y ejemplo de ello serían las cooperativas de vivienda. No obstante, han sido los asentamientos humanos informales la forma predominante de acceso al suelo y a la vivienda, la cual suele ser la forma que han utilizado las personas con más bajos ingresos a lo largo de los últimos 60 años en el país para satisfacer su necesidad básica de habitar.
Para ejemplificar lo anterior pondré citaré a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. La construcción y consolidación de esta urbe se la debemos a los asentamientos humanos informales, a aquellas formas de ocupación del suelo que estuvieron alejadas de todos los marcos legales en materia urbana y de construcción y donde no hubo planeación urbana que los ordenara y los regulara. Según los datos analizados por la red Latin American Housing Network (LAHN) hasta el año 2005 aproximadamente el 70% de la superficie de la ciudad se construyó y consolidó con esta forma de ocupación del suelo, y casi siempre mediante la autoconstrucción de la vivienda.
La autoconstrucción de vivienda es un proceso mediante el cual los dueños de la superficie del suelo optan por diseñar y construir los espacios a través de contratar un albañil y ellos hacer trabajo de peones, o bien, ellos mismos construir con sus propias manos su casa sin la ayuda técnica de ninguna persona extra a la familia. Lo más común en estos casos es que estas viviendas tarden alrededor de 20 o 30 años en terminarse; los hallazgos de la LAHN muestran que son viviendas que siempre están en continuo cambio y remodelación porque suelen alojar no sólo a los primeros dueños del lote, sino también a los hijos con sus familias y en muchas ocasiones a los nietos con sus familias.
Por ello cuando hablamos de asentamientos humanos informales y de su forma predominante de construcción y consolidación -la autoconstrucción- hablamos de una forma de construir la vivienda y hacer ciudad en casi toda América Latina, pero además sabemos que estos procesos suelen alojar y estar ligados a las personas más pobres y con menos ingresos económicos de la sociedad.
Si analizamos los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Vivienda elaborada por el Inegi en el 2020 se observa que de los 35.2 millones de viviendas particulares habitadas que tenemos en México el 57.3% de las viviendas fueron construidas por cuenta propia, y aun cuando no se pueda distinguir si fueron procesos de autoconstrucción o de construcción por encargo mediante la contratación de un arquitecto o ingeniero, si nos muestra las preferencias de los mexicanos para satisfacer su necesidad de habitar.
De igual manera se pueden observar en estas cifras las preferencias con respecto a la fuente de financiamiento para acceder a la vivienda; la encuesta muestra que el 65.4% de las viviendas fueron construidas con recursos propios, el 18% mediante créditos del Infonavit, el 9.1% mediante préstamos de instituciones financieras privadas, el 4.6% mediante préstamos de familiares, amistades u otras personas; el 2.8% mediante subsidios federales, estatales y municipales, el 2.7% mediante créditos del Fovissste y por último el 1.8% mediante créditos de otra institución pública.
Este panorama general nos permite establecer líneas generales de lo que ocurre en México no sólo con respecto a la vivienda, sino también con las preferencias de una mayoría de la población para ejercer su derecho a la vivienda como un bien básico que cubre la necesidad de habitar.
El que la forma predominante de acceso a la vivienda se haya dado por la vía de los asentamientos humanos informales y fueran estos lo que consolidaran las urbes no es resultado únicamente de preferencias individuales sino también es resultado de un sistema estructural económico, político y social que ha tendido a expulsar del mercado y de la sociedad a todos aquellos individuos que no gozan del mismo nivel de ingreso que tienen la clase media y alta en nuestro país.
Si bien en la jerga académica hemos dejado de llamar clases sociales al conjunto de individuos que se agrupan con gustos e ingresos similares, debido a la imposibilidad que tenemos para poder determinar quién sí y quién no entra en cada rango, es del todo sabido que socialmente este tipo de clasificaciones sigue latente. Existe un estigma sobre aquellas colonias e individuos que habitan los asentamientos informales, estigma que en muchas ocasiones inhibe el acceso a fuentes de empleo (Gonzalez Loyde, 2015), pero también evita en alguna medida que disfruten de servicios, comercios y equipamientos existentes en zonas alejadas de su vivienda. Popularmente a este fenómeno lo llamamos clasismo y no es más que un proceso de discriminación sobre aquellas personas que no pueden consumir los mismos bienes que consumen las personas de otros estratos económicos, proceso de discriminación que recrea y perpetúa la violencia psicológica y quizá violencia física que estos individuos han vivido históricamente y a los cuales consideramos diferentes por no enclavarse dentro de nuestros marcos ideológicos de consumo.
Si bien la política pública de vivienda en México implementada desde los años 60’s ha sido exitosa porque ha permitido que muchas personas insertas dentro de la formalidad laboral accedan a una vivienda en propiedad, falta aún trabajo por hacer para que todos aquellos individuos insertos en la informalidad laboral y de bajos y escasos recursos económicos puedan acceder a una vivienda que les permita seguridad en la tenencia de la tierra y la certeza de que no sufrirán desalojos y los embates del medioambiente.
Bibliografía
Gonzalez Loyde, R. (15 de Noviembre de 2015). Segregación, discurso y ficción. Obtenido de Sociólogos. Blog de Sociología y Actualidad: http://ssociologos.com/2015/11/18/segregacion-discurso-y-ficcion/
INEGI. (26 de agosto de 2021). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Obtenido de Encuesta Nacional de Vivienda: https://www.inegi.org.mx/programas/envi/2020/
Texas LBJ School. Lyndon B.Johnson School of Public Affairs. (9 de noviembre de 2011). Latin American Housing Network. Obtenido de Mexico City: https://www.lahn.utexas.org/cities/mexico-city/
