APRO/Mathieu Tourliere
Un grupo de personas ha amasado un enorme poder financiero y político gracias a la burbuja inmobiliaria y el otorgamiento de permisos para construir en la Ciudad de México y, en menor medida, en Quintana Roo.
Los dueños de las desarrolladoras Fibra Danhos, GICSA, Be Grand, Copri, Frisa, GMD, Gigante, MRP o Jober, que operan decenas de centros comerciales, rascacielos, naves industriales y megaproyectos residenciales, derivaron parte de sus fortunas hacia estructuras offshore en paraísos fiscales. También lo hicieron los dueños de Grupo Indi, una de las constructoras más favorecidas por contratos de obra pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Dichas estructuras financieras aparecen en los cerca de 12 millones de documentos confidenciales que Proceso y otros 149 medios de 117 países revisaron para la investigación internacional Pandora Papers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
De los más de 3 mil clientes mexicanos detectados en los Pandora Papers, cientos indicaron a los despachos que los fondos canalizados hacia sus sociedades offshore fueron producto de actividad inmobiliaria. Entre ellos se cuenta Arturo Montiel Yáñez, hijo del exgobernador mexiquense Arturo Montiel Rojas, a su vez tío del expresidente Enrique Peña Nieto.
En un sector que concentra 14.1% del PIB de México y ha aprovechado la enorme demanda de vivienda para invertir masivamente en desarrollos verticales y detonar fenómenos de especulación, muchas operaciones se llevan a cabo en efectivo. En 2018 el Grupo de Acción Financiera sostuvo que el sector inmobiliario y la compraventa de inmuebles presentan riesgos de lavado de dinero.
Los seis años del mandato de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México marcaron la consolidación del poder de las inmobiliarias, que a cambio de sobornos a operadores clave del entonces jefe de gobierno consiguieron permisos de construcción al por mayor, así como ciertas garantías de impunidad en caso de irregularidades.
En enero de 2019, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que 94% de actores del sector inmobiliario encuestados indicó que fue víctima de corrupción o extorsión en el desarrollo de un proyecto, con costos de entre 2 y 15 millones de pesos para “agilizar” trámites, evitar sanciones u obtener permisos.
En octubre de ese año un reportaje de Emeequis reveló que, durante la administración de Mancera, el número de quejas ciudadanas por violación de uso de suelo se disparó 132%. Se concentraron principalmente en las entonces delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón.
En los primeros meses de su administración, Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a su equipo investigar la situación inmobiliaria en la capital. En marzo de 2019 indicó que de 174 polígonos de actuación analizados, se encontraron irregularidades en 48, prácticamente una tercera parte. Las autoridades capitalinas iniciaron investigaciones contra 35 funcionarios del gobierno de Mancera, muchos de ellos en cargos clave para obras y construcción.
Magnates
David Daniel Kabbaz Chiver es presidente de Fibra Danhos, un gigante inmobiliario fundado en 1976 que construye y opera centros comerciales –entre ellos Parque Delta, que cubrió de concreto el antiguo parque de beisbol del Seguro Social–, pero también grandes torres de vidrio o edificios de uso mixto, como el de Reforma 222.
Su hijo, Salvador Daniel Kabbaz Zaga, es director general de Fibra Danhos; presidió la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, el grupo de cabildeo de las principales empresas inmobiliarias del país, que actualmente construye 246 obras, la mayoría en la capital. En diciembre de 2013 padre e hijo fundaron en Panamá el Centennial Trust, que adquirió un yate.
Los Daniel Kabbaz tienen un vínculo directo con el gobierno de la llamada Cuarta Transformación: hasta el pasado febrero Elvira Daniel Kabbaz Zaga era titular del Centro Nacional de Control de Gas Natural; sería pareja sentimental de Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, de quien además fue socia en la empresa tabasqueña La Mercocha, junto con Javier May Rodríguez, secretario de Bienestar.
Además del Centennial Trust, los Kabbaz crearon una serie de sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas (BVI): DVD Corp., Nightfall Marine Ltd., Dan Marine Corp., Pioneer Central Ltd., y Tamar Business, S.A., que controlaban cuentas que han usado, entre otros fines, para comprar acciones de Fibra Danhos en 2015.
También aparece el empresario textilero Adolfo Kalach Romano, parte de Fibra Danhos, con su sociedad Cekch Investments, Ltd., creada en las BVI y con bienes por 5 millones de dólares.
Elías y Abraham Cababie Daniel dirigen el grupo GICSA, constructor de centros comerciales que, según su informe anual de 2020, controla bienes inmobiliarios por 63 mil millones de pesos en el país, y en años recientes ha impulsado proyectos de malltertainment (centros comerciales dedicados en parte al entretenimiento) en colaboración con la cadena Liverpool.
En pleno auge de su negocio, los hermanos crearon la sociedad Shampaign Investments Limited, en las BVI, para controlar un yate de 15 millones de euros; la sociedad Flip Flop International Limited, que tendría un préstamo del Banco de Utah; así como la sociedad C2sea LLC en las Islas Marshall, para adquirir un bien inmobiliario en Estados Unidos. Estas estructuras fueron constituidas con tres fideicomisos estadunidenses: The Ariyeh Restated Trust, The Lion Trust y The Leao Trust.
Rascacielos
Las inmensas torres residenciales con albercas, gimnasios, salas de juego, oficinas de reunión y cafeterías en áreas comunes son otro concepto de moda en la capital desde hace una década y media, y han brotado en muchas áreas de alta plusvalía.
La empresa Be Grand encabeza ese nicho, con 10 megaedificios residenciales ya construidos en la capital –en los cuales se acumulan más de 5 mil departamentos cuyo valor unitario puede rebasar los 5 millones de pesos– y otros siete en obra, a los que se suman seis bloques de oficinas y cuatro centros comerciales. En 2011, en pleno auge de estas construcciones verticales, Nicolás Carrancedo Carredano creó la sociedad Tremenda Navigation Ltd., en BVI, para controlar un yate Ferretti de 80 pies.
Pese a su tamaño, Gicsa, Danhos, Grupo Gigante y Be Grand no alcanzan la magnitud de Fibra UNO, controlada por los hermanos El-Mann Arazi, que en 2020 tenía en el país un portafolio de 619 propiedades que suman 10 millones 720 mil metros cuadrados. Uno de los integrantes de su consejo, el empresario industrial Jaime Kababie Sacal, creó junto con sus hermanos la sociedad Lepakabsa Global Ltd., en BVI, para controlar un bien inmobiliario en Florida.
Entre las inversiones de Fibra UNO destaca una torre monumental, que sigue en construcción en el límite entre las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán, en la Ciudad de México: Mitikah, el desarrollo inmobiliario más alto de América Latina, impulsado durante la administración de Marcelo Ebrard y denunciado de manera reiterada por los vecinos.
En el avance del concreto sobre las áreas naturales de la capital tienen lugar aparte Alejandro Manuel Allende Cos y Marta Esteve Recolons: durante más de una década y media su empresa Grupo Copri se ha dedicado a extender la zona de alta plusvalía de Santa Fe, con enormes complejos residenciales exclusivos en barrancas y zonas antes ocupadas por familias humildes.
Su objetivo, según declaró su director comercial a la revista Expansión en noviembre de 2018, consiste en crear precios “atractivos” de 4 mil dólares por metro cuadrado –cerca de 100 mil pesos– para atraer compradores extranjeros y nacionales de alto poder adquisitivo con costos inferiores a los 15 mil 20 dólares del metro cuadrado en ciudades como Nueva York.
En 2010 el gobierno de Ebrard adjudicó el contrato de la Supervía Poniente a la española OHL, en consorcio con Copri, con cifras estimadas de tráfico infladas y denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos ante el rechazo de la población local. Con los años se convirtió en la autopista urbana más cara de la capital y una de las más onerosas por kilómetro en el mundo.
Allende Cos y Esteve Recolons controlaron a partir de 2001 la sociedad de papel Parisian Coast Limited, creada en 1993 por la familia Ballesteros y que aparece como controladora de un condominio en el municipio de Vail, Colorado, donde la élite mexicana suele pasar las vacaciones de invierno.
Otro beneficiario de contratos en la administración de Ebrard fue Grupo Frisa –de los hermanos Gaspar, Alejandro, Alberto, Francisco, María Regina, Cecilia y María Teresa Rivera Torres Prado–, al que el ahora canciller impulsó para crear el megaproyecto multimillonario Ciudad del Conocimiento, campus Biometrópolis, que por más de 23 mil millones de pesos pretendía cubrir de concreto 71 hectáreas de bosque en la reserva natural Los Encinos, Tlalpan, con empresas tecnológicas, laboratorios, zonas habitacionales y hospitales.
El proyecto quedó congelado por una disputa legal sobre el predio. Los Torres Prado –cuyas empresas han desarrollado proyectos inmobiliarios, industriales, turísticos y comerciales en la Ciudad de México y en 10 estados– crearon en 2017 la sociedad Ambber Trading Limited en BVI para controlar un yate Azimut 116’ de 5 millones 750 mil dólares.
Negocios en gigante
Grupo Gigante Inmobiliario, parte de la herencia de la multimillonaria familia Losada, desarrolló en la Ciudad de México el complejo residencial y comercial Miyana, en Polanco (lo inauguró Mancera en noviembre de 2016), así como ocho centros comerciales. De acuerdo con su sitio en internet, también construyó 132 inmuebles en 25 estados.
Su director, Jaime Alverde Losada, aparece como beneficiario de una estructura en BVI que creó su suegro, el magnate azucarero Othon Porres Bueno, para controlar un bien inmobiliario de 3 millones de dólares en Estados Unidos.
Otros grupos se beneficiaron, durante el gobierno de Mancera, del arrendamiento de edificios a dependencias de la administración capitalina. Entre ellos figuran las empresas de la familia Cojab Farca –como Raíces Jovana, Inmobiliario Salito y Reforma Grand– y el Grupo Promotor Jomer, de Elías Mercado Bazbaz.
Según un reportaje publicado en marzo de 2019 en el portal noticioso La Silla Rota, las empresas de los Cojab Farca y de Mercado Bazbaz arrendaron edificios a secretarías capitalinas por más de 123 millones de pesos entre 2013 y 2017, mientras que Mercado Bazbaz facturó al menos 128 millones de pesos en arrendamientos en esa época.
Los hermanos Jaime, Salomón, y José Cojab Farca constituyeron en BVI las sociedades offshore Jairey Ltd., Jaco Enterprises Ltd., Visabe Enterprises Ltd., Leilani Services Ltd., Kellyvale Ltd., Fernwyn Overseas Ltd., y Mont Sea Ltd. Por su parte, Mercado Bazbaz aparece con sus hermanos Rafael y Salomón en la sociedad Aleph Investments Global Ltd.
Ileana Josefina Zavala Colome, esposa de Jorge Ballesteros Franco, del Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) –responsable de grandes proyectos de infraestructura, carreteros y energéticos, entre otros–, creó las sociedades Bryony Invesment Holding y Trio Holdings Ltd., en BVI con el despacho Trident Trust, mientras que Josefina Ballesteros Franco creó V52595 Corporation en BVI y Neptune 2011, S.A., con socios de Quintana Roo.
El sector de la construcción genera tanto efectivo que hasta Eduardo Santillán Carpinteiro, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores, Empleados, Choferes, Transportistas y Obreros de la Construcción y precandidato independiente a la Presidencia de la República en 2018, abrió su estructura offshore en Belice, llamada Construcciones Internacionales Debajo Coste Corporation (sic).
