Hace 10 días que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a la Cámara de Diputados su proyecto de cambios constitucionales en materia energética, misma que pretende modificar tres artículos de la Carta Magna, a fin de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y cancelar de una vez la reforma estructural del sector aprobado en el 2013 por el propio Congreso de la Unión. En su conocido estilo, el presidente López argumenta que, con la reforma de Peña Nieto, las tarifas eléctricas se incrementaron de manera desproporcionada, afectando la economía familiar de millones de familias mexicanas. Sin embargo, como afirma Enrique Quintana de El Financiero, en su columna Coordinadas del 10 de octubre pasado, el costo de las tarifas entre diciembre de 2013 y diciembre de 2018, sólo se incrementaron en un 0.8%, según datos del Inegi. Con esta misma fuente oficial de información, se registró que durante el período de septiembre de 2018 y septiembre de este año, los costos del fluido eléctrico se incrementaron en un 3.1% anual. Un poco para rematar, Quintana también nos comparte que antes de la reforma del 2013, la CFE tuvo pérdidas por 37,552 millones de pesos, y, al término del gobierno de Peña Nieto, en 2018, tuvo utilidades por 27,273 millones de pesos, esto es, la reforma estructural fortaleció a la (ex) “Empresa de Clase Mundial”. Sin embargo, en 2020, de nuevo la CFE cuatrotera tuvo pérdidas por 85,996 millones de pesos, y en el primer semestre del 2021, ya acumula pérdidas por casi 15,000 millones de pesos.
Ante esta realidad, AMLO, en la burbuja que representan funcionarios públicos del sector de energía, decidió elaborar y presentar su iniciativa sin integrar la opinión de otros integrantes de su gabinete para abordar o discutir la propuesta, como los secretarios de Economía, Relaciones Exteriores, vamos, no fue considerado ni el flamante secretario de Hacienda y Crédito Público. ¿Y la política? ¿O el presidente piensa que la política sólo aplica hacia el exterior de su gobierno? Esta propuesta de reforma se cocinó al interior de Palacio Nacional sin la discusión adecuada y consensuada del propio gobierno de la 4T, de ahí las notables fisuras e inconsistencias legales y técnicas del proyecto de reforma eléctrica. La creencia y convencimiento de López Obrador de que él, y sólo él, es el depositario del interés público, lo aleja de la práctica necesaria y obligada de discutir políticamente, desde la perspectiva democrática, toda aquella acción que incida o afecte el interés nacional, incluso con sus colaboradores, que para eso han sido nombrados o designados.
Ya no hablemos de la discusión o búsqueda de opiniones con otros actores involucrados nacionales o extranjeros, los empresarios del sector energético, los especialistas de la academia, los ambientalistas, los socios comerciales del T-MEC. Ojo, estamos hablando de la mera búsqueda de opiniones, no de indicaciones o cosas similares. La iniciativa, como está planteada, ya ha generado una discusión abierta en la opinión pública donde, ahora sí, ya puesta en la vitrina, vierte sus consideraciones y análisis de manera directa y clara. En estos 10 días, el balance no podemos decir que favorece la propuesta presidencial. Empresas generadoras de energía alternas, están atentas al avance legislativo de la iniciativa. Los partidos políticos en ambas cámaras en alguna medida han establecido su posicionamiento al respecto. PAN, PRD Y MC de plano han rechazado la posibilidad de aprobarla. Morena y sus aliados, disciplinados y dóciles, se dicen convencidos de las “bondades” de la reforma. Llama la atención la disposición del Partido Verde Ecologista de México en apoyar una política pública del sector energético que incide negativamente en el medioambiente del país y evadir el uso de energías limpias, eólica y fotovoltaica, para suministrar la electricidad que requiere el país. Pero del Verde conocemos muy bien su conducta e interés político ante los negocios con el poder.
De todos los partidos representados ante la LXV Legislatura federal, sólo el PRI se ha puesto en el medio del huracán. “Vamos a analizar con detenimiento la iniciativa para determinar la postura del partido”. Ajá. Hablan de una actitud responsable de ese partido, cuando existen los elementos estatutarios y políticos suficientes para determinar ya su posición. La ya conocida marrullería política del PRI, más las presiones que desde Palacio Nacional a través de sus mastines de la UIF, el SAT y la FGR está ejerciendo sobre las bancadas todas, pero particularmente las tricolores, ponen a ese partido contra las cuerdas y lo hacen asumir un momento de “reflexión responsable”.
A López Obrador se le está acabando el tiempo. La Cuarta Transformación, a tres años de su arribo al poder máximo de la República, no acaba de dar color. Sus proyectos insignia avanzan con dificultades, sólo el convencimiento del presidente ofrece cierta certidumbre a su concreción, pero el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, guardan desde hace unas semanas un discreto silencio a contrapelo de la estridencia presidencial y sus famosas mañaneras.
Según los datos de la organización México, cómo vamos, los indicadores económicos que tanto le preocupan a AMLO andan rezagados o francamente mal. La inflación anualizada ronda el 6% contra el pronóstico gubernamental de un 3%, el tipo de cambio ya llega a los 20.72 pesos por dólar, sólo se han creado 647,091 empleos registrados ante el IMSS contra los 900 mil proyectados, la pobreza laboral indica que el 38.5% de la población no puede adquirir la canasta básica con los ingresos laborales del hogar (¿primero los pobres?); en poco más de 18 meses de pandemia, hemos registrado en el país más de 3.7 millones de casos de contagio y 281,958 muertes; sólo a julio de este año ya acumulaba 72,892 muertes violentas. Y así podemos seguir.
La 4T y su incuestionable líder muestran una marcada confusión respecto al ejercicio permanente de la política, los intereses de la nación y la trascendencia de su propuesta de reforma eléctrica.
