APRO/Arturo Rodríguez
La mañana del 1 de septiembre, poco antes del tercer informe de gobierno, un contingente de exintegrantes de los Servidores de la Nación intentó manifestarse ante Palacio Nacional. Llegaron a Bellas Artes, donde fueron repelidos por la policía capitalina.
La causa de la movilización fue que los despidieron y consideran que no había justificación; no están contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ni contra la 4T y en eso son insistentes. Pero, acusan, hay funcionarios que le fallan al presidente.
Las quejas y denuncias se acumulaban desde 2019, pero el asunto le empezó a estallar a Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas de Desarrollo de la Presidencia de la República, que en diferentes estados de la república fue encarado por los inconformes; algunos de estos reclamos fueron videograbados, como sucedió en un encuentro en Veracruz en agosto de 2020.
En Tuxpan, Gabriel García fue encarado por 34 exservidores de la nación que le reclamaron haber sido despedidos, entre otras cosas, por exigir recursos para sus traslados y viáticos. Con prepotencia, el funcionario, hoy senador de la República, los acusó de “ser parte de la mafia del poder”, de “hacer mucho daño”, de “inmoralidad política”… no los dejaba terminar una frase antes de soltar otra retahíla de expresiones, según se puede observar en el video que los inconformes difundieron.
Un mes después García Hernández fue encarado por motivos similares en Chiapas, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, mientras que en otras entidades federativas los superdelegados eran quienes respondían con alegatos similares a los que el coordinador general dio a los veracruzanos.
“Estos desquehacerados no entienden que los di de baja por no trabajar, por grilleros; los maestros… otros que no tienen nada que hacer. Pónganse a trabajar, que para eso se les paga, flojos. Esos servidores de la nación ya busquen un trabajo, no se los voy a regresar”, escribió Manuel Isaac Peraza Segovia, el superdelegado nayarita el 4 de agosto de 2020, en medio de reclamos por 14 despidos.
En seguimiento a esos episodios, así como el movimiento que se empezó a hacer notar el pasado 1 de septiembre, Proceso realizó solicitudes de información para saber cuál es la dimensión del conflicto laboral y lo que se viene por la operación irregular de los Servidores de la Nación que carecen de prestaciones básicas y de seguridad social.
La cifra de demandas laborales es corta. Apenas 40 expedientes abiertos con motivo de demandas laborales del personal conocido como Servidores de la Nación.
Otra solicitud, dirigida a la Presidencia de la República, permitió documentar que entre diciembre de 2018 y agosto de 2021 se han presentado 496 escritos de exservidores de la nación, tratando de informarle al presidente de distintas irregularidades, despidos injustificados e inclusive de uso político de programas sociales o uso personal de la nómina.
De hecho, la coordinación de Atención Ciudadana de la Presidencia ha canalizado 85 de esos casos a la Secretaría de la Función Pública, la dependencia responsable de atender irregularidades a través de sus órganos internos de control.
Sin embargo, la Secretaría del Bienestar recibió apenas el pasado mes de septiembre más de 500 casos relacionados con despidos injustificados, que suman poco más del millar de casos. Esto es que al menos 5% de quienes iniciaron la administración en esa estructura destinada a la operación de los programas sociales federales, han manifestado su inconformidad, denunciado casos de corrupción de superdelegados o bien de sus colabroadores y, destacadamente, han sido despedidos por hacerlo.
La precariedad
El video de Tuxpan, en el que se encara a Gabriel García, es el que ofreció más claves de precariedad laboral. Por ejemplo, entre los reclamos uno de los inconformes le explica que un servidor de la nación debía viajar a una localidad gastando 500 pesos de su bolsa en cada ocasión. El salario neto de un servidor de la nación es de 8 mil 482 pesos mensuales.
García Hernández le respondió: “A ningún servidor se le han podido pagar sus pasajes”.
Según el portal Nómina Transparente, consultado este viernes 1, en el país hay alrededor de 19 mil 600 personas que se desempeñan como Servidores de la Nación. Se trata de un universo de personas al servicio de la Cuarta Transformación que se desempeñan sin marco jurídico, pues no están contemplados en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
De hecho, el Reglamento Interior de la Secretaría del Bienestar, dependencia a la que están adscritos, que fue emitido el pasado 13 de mayo, tampoco contempla su existencia. La forma en la que se han cubierto sus salarios es con cargo al Capítulo 1000, de “Servicios Personales”, es decir honorarios.
Por el tipo de contratación, los servidores de la nación no tienen vacaciones, días de descanso garantizados ni aguinaldo; tampoco cuentan con servicios de salud, plan de ahorro para el retiro, vivienda ni bonos especiales o esquemas de incentivo o formación.
Y respecto al reclamo por los viáticos, al no ser personal oficial del gobierno no tienen derecho a gastos de pasaje, ni teléfonos celulares –que es su principal herramienta de carga de datos a los sistemas–, saldo para el celular, ni alimentos en horario de trabajo. Lo pagan de su ingreso.
Regularizar sus condiciones laborales ha sido una oferta presidencial incumplida. Desde el 29 de julio de 2019 el mandatario dijo en su conferencia de prensa mañanera que se revisarían sus condiciones laborales, una oferta que ha repetido en otras oportunidades, sin que hasta ahora se les haya dado respuesta.
El movimiento repudiado
El 1 de septiembre, un centenar de exservidores de la nación fueron impedidos de llegar a Palacio Nacional; se trasladaron a la sede de la Secretaria del Bienestar, en Paseo de la Reforma.
Ahí los recibió otra formación policiaca. Los inconformes cerraron la vialidad y cuando quisieron ingresar al inmueble, hubo cerrón de puerta, retiro de celulares. El episodio se resolvió con la promesa de un encuentro con el nuevo responsable: Óscar Navarro Gárate.
El trato de Navarro ha sido terso, según los testimonios recabados por Proceso entre quienes se hacen llamar Movimiento de Servidores de la Nación en Resistencia Despedidos; sin embargo les ha dado diversas instrucciones que, a pesar de haber sido cumplidas, hasta ahora no han derivado en una solución.
Navarro les pidió un registro de personas despedidas y ellos entregaron las firmas de 504 personas en la esa situación. Sin embargo, la oferta implica una revisión particular caso por caso, hasta que se demuestre si el despido fue justificado o no. Ante los reclamos, el funcionario, nuevo responsable de coordinar en el país la estructura, le ofreció no perder de vista que les hubieran fabricado casos.
Un segundo punto ofertado por Navarro fue que no se realizarían despidos en tanto se resolvía el conflicto. Inclusive admitió que tenían documentados los casos de 250 “aviadores”.
Según versiones recogidas por Proceso entre funcionarios de la Presidencia de la Repúbica y la Secretaría del Bienestar, en realidad se trata de unos 5 mil aviadores, en muchos casos, con testimonios y pruebas de que los superdelegados, subdelegados y coordinadores regionales han incoporado a la nómina a familiares, esposas, hermanos y hasta personal de servicio doméstico que se desempeña en domicilios particulares de los funcionarios.
De hecho, Proceso ha documentado casos así, con relaciones de parentesco directas, en las superdelegaciones de Jalisco y el Estado de México.
Volviendo a las promesas de Óscar Gárate, un tercer punto fue comprometerse a regularizar la situación laboral, asignarles prestaciones y sólo una condición a cambio: denunciar ante el Órgano Interno de Control aquellos casos en los que, por informar actos de corrupción de sus superiores, hubieran dado origen al despido.
Entre el 1 de septiembre y el pasado miércoles 27 se habían acumulado alrededor de 300 casos.
–¿Por qué no iniciaron demandas laborales?
–Porque no queremos generarle un problema al presidente. Estamos en una lucha, no somos neoliberales ni fifís ni del PRIAN ni servimos a la mafia del poder como nos han dicho los superdelegados. Lo que pensamos es que hay funcionarios que le fallan al presidente y nosotros nada más pedimos nuestra reintalación.
–¿Los superdelegados les han dicho eso?
–Si. El profesor Óscar Navarro nos pidió entregar oficios en las delegaciones solicitando nuestra reinstalación. Nos dimos cuenta de que ya nos estaban esperando y en todos los estados hubo reclamos así, de hacerle el juego a la derecha, en unos estados ni nos recibieron los oficios –responde una de las exservidoras de la nación.
“Nosotros no estamos haciendo uso político de esto, la mayoría somos del movimiento de Morena y del partido, pero no hemos metido para nada eso. Este es un movimiento de resistencia como Servidores de la Nación de la Secretaría del Bienestar. No somos enemigos del presidente, pero estamos preocupados porque los programas no logran su objetivo, se interponen intereses políticos y monetarios… tristemente solo confirmamos que hay mucha porquería en Bienestar”, añade.
Luego de evidenciar en video los encuentros que sostuvieron con Óscar Navarro, las reuniones se realizaron con un filtro de seguridad en el que se les retiraban los teléfonos celulares. El 27 de septiembre, fecha de la reunión programa ya ni los recibieron, por lo que volvieron a cerrar Paseo de la Reforma. Personal del Senado se aproximó a saber si la protesta era contra los senadores y temrinaron en el despacho de José Narro Céspedes, vecino de Gabriel García.
Por coincidencia, Gabriel García llegó en ese momento. Cuenta otro de los manifestantes:
“Se lo juro que brincó. Se quedó parado un momento y se fue caminando, casi corriendo a su oficina. Luego se quejó, mandó a su secretaria a espiar la reunión y finalmente, terminamos en un salón privado”, cuenta otros de los extrabajadores, quienes piden no ser identificados pues tienen esperanza en su reinstalación.
Tras el episodio y la intervención de Narro Céspedes, obtuvieron la promesa de una reunión el viernes 1 de octubre, cuando finalmente Óscar Navarro los recibió. A partir de esa fecha, las reuniones se programaron escalonadas por estado de la república, en presencia del superdelegado de cada entidad, iniciando con Puebla y Chiapas.
La única condición, puesta por el director de Vinculación de la secretaria del Bienestar, Martín Juárez, fue que se concentraran en el problema, en la reinstalación, descartando así las denuncias por corrupción y la exigencia de una regularización de su situación laboral.
