Como señala Carlos Bravo Regidor, la experiencia mexicana tras 2000 ha sido poco congruente con la narrativa antipriísta imperante durante la transición; si la narrativa decía que la democratización pasaba por echar al PRI de Los Pinos; la experiencia apunta a su probable vuelta al gobierno en 2012… por la vía democrática. Deseada o temida, se augura una “restauración”.
Lo bueno de este corto circuito entre narrativa y experiencia es que prueba que las fuerzas autoritarias del pasado hoy le apuestan a la democracia como única vía posible de acceso al poder. Lo malo es que competir electoralmente no implica gobernar o ejercer el poder democráticamente.
Intentaré mostrar cómo, en ciertos temas clave (y a sabiendas de que el PRI no podrá volver a ser el partido de Estado hegemónico como antes lo fue, aunque ganase) el proyecto actual del partido y su candidato sí que tiene un cierto contenido restauracionista, que considero negativo. Sirva como hipótesis que los votantes, cansados de la actual crispación paralizadora de la vida nacional, no están seducidos por una propuesta sino por un afán de unidad absoluta (¿aversión al conflicto inherente a la democracia?) que ahora representa Enrique Peña Nieto y antes representó el PRI. De ahí el “afán restaurador” y un pretendido debate entre eficacia por un lado, y democracia o pluralismo por el otro. Uno de estos temas es el de la composición del parlamento y la idea fuerza del discurso de Peña: el Estado eficaz y la necesidad de tener amplias mayorías como su requisito.
Para Peña, México necesita una segunda transición que traduzca la democracia electoral en una democracia de resultados por medio de un Estado eficaz. ¿Cuál es, para él, la clave para lograrlo? Lo ha repetido hasta la saciedad: la construcción de mayorías en el Congreso que apoyen al presidente.
Según el propio Peña Nieto, hay, básicamente, tres medios para fomentar la creación de mayorías: eliminar la barrera de 8% a la sobrerrepresentación (contenida en el artículo 54 de la Constitución), instaurar de nuevo una cláusula de gobernabilidad o reducir el Congreso (eliminando diputados plurinominales). Me centraré en las últimas dos.
Reinstaurar la cláusula de gobernabilidad es la propuesta más audaz. También la más anacrónica y autoritaria. Esta cláusula implicaría que el partido que lograra un cierto porcentaje de votos (pongamos, el 35%) contaría automáticamente con la mitad más uno de los escaños en el parlamento. Se aseguraría la creación de mayorías de modo artificial, en resumen.
Se trata de un mecanismo muy raro en la experiencia internacional, aunque común en países con dudosas credenciales democráticas. ¿Por qué su rareza? Sencillo, porque si lo que se busca es fomentar las mayorías, ¿por qué no ir a un sistema electoral mayoritario y punto, en lugar de mantener un sistema electoral mixto como el mexicano (que busca mayor pluralidad en el Congreso) pero parchado con cláusulas de este tipo, volviéndolo una simulación? Me quedo con lo dicho por Manlio Fabio Beltrones relativo a instaurar esta clausula “no me gustan las regresiones”.
Reducir el Congreso en 100 diputados plurinominales no alteraría el tamaño relativo de las bancadas dentro del Parlamento. Es decir, nos quedaríamos prácticamente con la misma composición: no aportaría nada a la formación de mayorías.
Lo que sí haría sería reducir a los partidos pequeños, con la pérdida de pluralismo y representatividad que esto implica. Otra cosa que modificaría, de acuerdo con una investigación de Javier Aparicio, es el tamaño relativo de las bancadas de cada estado al interior de los grupos parlamentarios. Beneficiarios de esto serían el propio Peña y la bancada del Edomex: el Estado de México tiene 40 distritos uninominales, que hoy representan el 8% de la Cámara, de los cuales 38 son del PRI, que representan 16% de su bancada. Con 100 plurinominales en lugar de 200, el Edomex representaría 10% de la Cámara y los diputados priístas de esa entidad pasarían a representar 20% de la bancada del PRI (que pasaría a ser de 190 diputados). Es decir, que parece que al candidato del PRI también le gusta la sobrerrepresentación.
Más allá de esto, el tema tiene bastante miga; en principio, el desprestigio de la clase política y el rechazo del coste de los legisladores hacen parecer atractiva la propuesta. Sin embargo, como ya algunos han señalado, los argumentos que están detrás son poco menos que demagógicos. Si se quiere reducir el costo de los funcionarios públicos, reducir el número de legisladores no es lo más efectivo, pues el ahorro no sería tan significativo. Sería más provechoso reducir las nóminas de la alta burocracia del Ejecutivo Federal, pues actualmente más de 14 mil 237 funcionarios del Gobierno de la República perciben un salario superior al de un diputado (de acuerdo al Presupuesto de 2011).
La idea que nuestro Congreso es “demasiado grande para nuestra población” tampoco se sostiene; en América Latina, el promedio de habitantes por diputado federal es 135 mil. En México, en cambio, cada diputado representa a más de 200 mil habitantes, de acuerdo con cálculos de la politóloga Ma. Amparo Casar.
Por lo demás, que una cámara 100 diputados más pequeña facilitará la discusión y la negociación es simplemente falso. La discusión y negociación en el parlamento depende más del trabajo en Comisiones que el del Pleno (aunque este último sea más mediático).
Lo que subyace en la popularidad de esta propuesta es la reprobable conducta y nulos resultados de algunos legisladores. Sin embargo, la campaña va en contra de la institución (especialmente sobre la representación proporcional) y no sobre los individuos que de ella se benefician. Como querer curar la rabia de un perro matándolo. Lo realmente pernicioso es que se olvida dónde debería recaer la utilidad de un diputado plurinominal: en dar voz a sectores minoritarios y posibilitar que profesionistas, cuyo trabajo puede aportar mucho a la labor del Congreso en Comisiones (p. e. un médico) pero que difícilmente podrían ganar una elección, puedan ser diputados al entrar en esas listas. Que los partidos mexicanos hayan desvirtuado esta institución (por lo demás, existente en muchas democracias avanzadas) es una discusión diferente.
Ayuden, o no, a la formación de mayorías (una lo hace, la otra no), ambas medidas allanarían el camino hacia una Cámara de Diputados como una caja de resonancia del Ejecutivo, vía mayorías artificiales o sobrerrepresentación de los fieles del presidente y no a una que fiscalice vigorosamente el quehacer del gobierno. Lo que, a poco de pensar, nos llevaría a un escenario pasado y peor. Creo que detrás de esto se esconde el ansia de un gobierno que resuelva rápido sin importar el cómo o a costa de qué. Un gobierno que, viendo la dificultad en la negociación en el parlamento, tire el tablero; el cual busca hacer que negociar sea innecesario. Algo que bien podríamos llamar “una capitulación democrática”.
Un gobierno que controle el Legislativo podrá decidir y tomas acciones más rápido, pero no necesariamente mejor. Si cabe, la probabilidad de error aumenta, ante la falta de contrapesos (véase lo que hace Rajoy en España hoy, con mayoría absoluta). Y eso, me temo, alimentará la conflictividad social. Después de todo, integrar a la oposición al sistema fue una de las ideas detrás de la creación de los diputados plurinominales.
Sí, la creación de mayorías artificiales y la reducción del Congreso son propuestas simplistas y/o restauracionistas. Y es comprensible; en tiempos de crisis, como ha dicho el profesor Fernando Escalante, algunos políticos se vuelven como los vendedores de ungüentos mágicos en tiempos de la peste; su popularidad es indicio de la desesperación. Y sus soluciones pueden ser un clavo ardiendo.
Twitter: MaxEstrella84
