APRO/Gloria Leticia Díaz
Con tristeza, Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, estudiante de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, no oculta la contrariedad que le causa no saber qué pasó con su hijo y sus 42 compañeros desaparecidos de manera forzada la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, luego que hace tres años padres y madres de los jóvenes confiaran en el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de que bajo su gobierno se esclarecería su paradero.
Integrante de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, surgida del primer decreto presidencial de López Obrador, el 3 de diciembre de 2018, Cristina Bautista reconoce “la voluntad” del mandatario, pero advierte que a la mitad de su gobierno no se ha cumplido la principal demanda de los padres de los jóvenes desaparecidos.
“Lo que le hemos dicho al presidente es que queremos a nuestros hijos de regreso, que cumplan sus sueños que tienen en la vida, pero si ya no están vivos, si ya no están en la tierra, sino bajo tierra, que nos digan a dónde, que sea cierto. No queremos más mentiras, porque nos llevaron cuatro años con (Enrique) Peña Nieto con puras mentiras, y ahora ¿otra vez? Le hemos dicho al presidente que nos digan, que no nos estén engañando; queremos saber la verdad, aunque sea muy dolorosa para nosotros. Tenemos el derecho de saber de nuestros hijos”, dice Bautista Salvador en entrevista.
Originaria de Alpuyecancingo, municipio de Ahuacuotzingo, en las montañas de Guerrero, Bautista confiesa que los familiares de los estudiantes desaparecidos sí esperaban los resultados de manera pronta tras la firma del decreto presidencial de la comisión especial que coordina el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.
“Pensamos que todo iba a ser rápido, las investigaciones; no creímos que iba pasar más de un año sin saber dónde están nuestros hijos, pero nos equivocamos”.
Cristina Bautista repasa lo ocurrido en estos últimos tres años, desde la creación de la Comisión de la Verdad, tras admitir que, a diferencia de la administración anterior, “ya no nos reciben con gases lacrimógenos; ahora nos abren las puertas”.
Sin embargo, aclara que una vez que se instaló la comisión presidencial, el 15 de enero de 2019, “tardamos un año en instalar el equipo (de trabajo). Vimos que, en un principio, la Fiscalía General de la República (FGR) no quiso entrarle ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador y Encinas “tienen voluntad, le echan ganas, la fiscalía se tardó en nombrar al fiscal especial para el Caso Ayotzinapa. Tuvimos que hacer un mitin en junio para que lo nombraran, hay órdenes de aprehensión pendientes, pero la fiscalía no quiere hacerlas cumplir”.
Sobre Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de alterar evidencia del caso, “las autoridades están viendo cómo extraditarlo a México -se esconde en Israel-, pero se ha tardado mucho por los papeleos. Quién sabe qué tanto hacen porque él fue el mero responsable de lo que pasó en el río San Juan, y con (Jesús) Murillo Karam construyeron la mentira histórica. Estamos atorados”.
En Ayutla, el viernes 17, el subsecretario Encinas informó que están pendientes por ejecutar 27 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.
Cristina Bautista dice que coincide con los demás familiares de las víctimas en que urge ejecutar las órdenes de captura, así como llamar a cuentas a exfuncionarios que pudieron haber obstaculizado la indagatoria y ordenado el cierre precipitado de las investigaciones con la “verdad histórica”.
“Le hemos dicho al presidente que se le pregunte a los responsables… Ahí están Peña Nieto, Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y (Salvador) Cienfuegos, quien no permitió que los expertos entrevistaran a los soldados, qué esconde ahí.”
Desapariciones
En espera de la verdad y la justicia, de 2018 a la fecha han fallecido tres padres y una madre de los normalistas atacados en Iguala: Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez Bello, fallecida en febrero de 2018; Tomás Ramírez Jiménez, quien murió en diciembre de 2018 y era padre de Julio César Ramírez Nava, y entre agosto y septiembre de este año murieron Saúl Bruno Rosario, padre de Saúl Bruno García, y Bernardo Campos Santos, padre de Julio César Campos Cantor.
Para la mamá de Benjamín Ascencio, la muerte de sus compañeros es un golpe duro en el movimiento de los padres de los normalistas desaparecidos.
“Ha sido muy doloroso que se vayan sin tener respuesta de nuestros muchachos, eso nos pega a todos porque hemos dicho que estamos aquí por el amor que le tenemos a nuestros hijos, pero también para que otras personas no sufran lo que sufrimos nosotros. Es muy triste que sigan ocurriendo las desapariciones”, lamenta Cristina Bautista.
A siete años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones que acompaña a los familiares de los estudiantes desaparecidos, considera necesaria la consolidación de nuevas acusaciones contra perpetradores, “evitar la continua filtración de información” y atender “los graves retrasos en la asistencia victimal”.
En su balance, la organización reconoce que el caso ha tenido avances en el gobierno de López Obrador, como las identificaciones de Jhosivani Guerrero de la Cruz y de Christian Rodríguez Telumbre, los procesos penales por delincuencia organizada contra José Martínez Crespo, capitán del Ejército, y los expolicías federales Luis Antonio Dorantes Macías y Víctor Manuel Colmenares Campos.
También menciona las detenciones por tortura contra dos elementos de la Marina y dos más de la Policía Federal Ministerial, entre ellos quien fuera su titular, Carlos Gómez Arrieta; así como la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
Para la organización de derechos humanos, la administración de López Obrador también mantiene rezagos estructurales, como la continua opacidad de las Fuerzas Armadas, la prevalencia de las desapariciones forzadas ante la inacción de la FGR para atender esa crisis y la falta de coordinación interinstitucional en la materia.
“No podemos, de ninguna manera, hacer un balance de cuentas alegres en el séptimo aniversario del caso Ayotzinapa, el tercero en esta administración. El caso está irresuelto, el compromiso del presidente con las familias no está cumplido y en México continúan las desapariciones. Vamos a llegar a este fin de año con más de 20 mil desaparecidos durante este gobierno”, sumando 90 mil desde 1964, de acuerdo con los registros oficiales, advierte en entrevista Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh.
Al considerar que en la atención de la crisis de desapariciones “hay algunos esfuerzos de la Comisión Nacional de Búsqueda, del propio Encinas, para nada podemos hablar de una respuesta de Estado, y el primer ausente en ello es la FGR, que es la fiscalía de esta 4T”.
Agrega que, pese a que el modelo para atender el caso Ayotzinapa es relevante, no ha sido replicado como se esperaba para atender otros casos de desapariciones, pues “el fiscal (Alejandro) Gertz no recibe a otros colectivos de desaparecidos. Parece más ocupado en sus vendettas personales que en estos grandes temas”.
Continúa que, mientras la FGR ha incumplido sus obligaciones básicas, como crear la base de datos forense que la obliga la Ley en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda que entró en vigor en 2017, “la actual administración no ha significado un cambio en el cumplimiento de esa ley”.
La cifra de desaparecidos y la violencia imparable, asuntos que se esperaba fueran revertidos en esta administración, se vinculan con “la decepción que ha sido la estrategia de seguridad de este gobierno, que terminó optando por seguir fortaleciendo a las Fuerzas Armadas, aun cuando casos como Ayotzinapa muestran que las Fuerzas Armadas no se caracterizan por su transparencia”.
Obstáculos
En el caso particular de los normalistas desaparecidos, Aguirre Espinosa alerta que no han sido depuradas las instituciones de seguridad, de manera que “subsisten personas que vienen del pasado y están comprometidas con la verdad histórica”.
Reconoce que, si bien se han hecho esfuerzos para “hablar con personas que pueden proveer información, las autoridades carecen de todas las herramientas legales para hacerlo de una manera que sea formal y que pueda, además, generar incentivos para que sea información verificable”.
