Revelan evaluaciones del ITEA mejora en el cumplimiento de la Ley de Transparencia - LJA Aguascalientes
15/11/2024

  • Municipios y fideicomisos presentaban mayor incumplimiento en el 2007
  • Los 73 sujetos obligados ya cumplen con la disposición legal al 100 por ciento en 2009
Los resultados de las seis evaluaciones que el Instituto de Transparencia del Estado (ITEA) hizo a los más de 70 sujetos obligados y que se encuentran publicados en su página de internet, aseguran que entre 2007 y 2009 las diferentes dependencias y entidades gubernamentales, así como organismos autónomos y descentralizados han mejorado en el cumplimiento con lo dispuesto en la ley estatal de transparencia con respecto a la información que deben poner a disposición pública en sus portales.
La séptima evaluación del ITEA a los sujetos obligados ya fue levantada y sus resultados serán validados por el pleno del Instituto el próximo miércoles; de manera extraoficial se sabe que los resultados fueron buenos, salvo para uno de los municipios.
La primera evaluación, aplicada en enero y febrero de 2008 sobre información publicada en 2007, reveló que más de la mitad de los sujetos evaluados debieron rendir un informe justificado por incumplimiento parcial –no obtuvieron la calificación máxima-, para después modificar su puntuación o hacerse acreedores a una sanción; en la última cuyos resultados ya han sido dados a conocer se observa que el 100 por ciento de los organismos públicos cumplieron la Ley de Transparencia.
En 2007, de un total de 73 dependencias estatales, municipales y otras instituciones públicas evaluadas, sólo 47 obtuvieron la máxima calificación de 36 puntos, en tanto que 26 más debieron justificar su incumplimiento.
Entre esos sujetos se encuentran nueve de los once municipios, exceptuando Aguascalientes y Calvillo; los poderes Legislativo y Judicial; siete fideicomisos de entidades y dependencias gubernamentales, entre ellos el FIADE, así como la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y otras instituciones de gobierno.
Únicamente el Congreso del estado, el Instituto Aguascalentense de la Juventud (IAJU) y el Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas (INEPJA) justificaron debidamente y subieron de 35.5 a 36 su puntuación.
En cambio, los demás sujetos se hicieron acreedores a una multa de 20 días de salario mínimo; cinco de ellos de cualquier forma lograron la calificación más alta y al resto se le otorgó un plazo de 5 ó 10 días para cumplir o, en el caso de los municipios de El Llano y Tepezalá, para rendir el informe justificado con el que habían incumplido.
Para la siguiente evaluación, aplicada en mayo de 2008, los resultados dieron cuenta de un avance: de los 73 sujetos obligados, sólo los ayuntamientos de San Francisco de los Romo, San José de Gracia, Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga no cubrieron el 100 por ciento de los requerimientos, obteniendo calificaciones de 34, 32.5, 31 y 32 puntos, respectivamente.
Para la tercera evaluación, de octubre 2008, el municipio de San José de Gracia fue el único que no cumplió, pero su calificación fue superior a la anterior, obteniendo 35 puntos.
La página de internet de ITEA no muestra las cifras de los resultados de la cuarta evaluación, hecha en febrero del año pasado sobre información publicada hasta  diciembre de 2008.
Sin embargo, los resultados de las evaluaciones quinta y sexta, levantadas en junio y octubre de 2009, respectivamente, presentan una lista de 73 sujetos obligados que cumplieron al 100 por ciento con lo dispuesto en el capítulo II de la Ley de Transparencia del estado.
El comisionado presidente del ITEA, Octavio López Rodríguez, señaló que de los 30 incisos del artículo noveno de ese capítulo, se desprenden para los sujetos obligados otras 306 obligaciones, entre las que ejemplificó la puesta a disposición del público de los padrones de beneficiarios detallando nombre y eslogan del programa, población objetivo y ubicación; los gastos en viajes, indicando el lugar de destino y el evento al cual se asistió.
En el caso de los artículos subsecuentes, dijo, se trata de disposiciones que deben cumplir específicamente algunos organismos públicos, como el Instituto Estatal Electoral, el Poder Legislativo –que, por ejemplo, tiene que detallar las partidas de su presupuesto-, etc.


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