Desde la llegada de la 4T al Gobierno Federal, específicamente a la titularidad del Poder Ejecutivo y las mayorías en las Cámaras de Diputados y Senadores a finales del 2018, y la puesta en marcha de las acciones del proyecto de transformación del país, México despierta cada día con la necesidad de mantenerse en máxima alerta respecto a lo que implican los efectos de las acciones derivadas de la estrategia del presidente López Obrador en su afán de modificar el piso institucional y legal, orientándolo hacia la visión y propósito que él entiende como lo que se necesita para la transfiguración positiva de la nación.
Cada semana, la 4T pone a prueba la resistencia y los nervios de los mexicanos por los efectos de sus decisiones en la vida cotidiana. Hace apenas una semana, se realizó la primera consulta ciudadana constitucional, ejercicio que llevó a cabo el INE de manera técnicamente impecable, aunque con las limitaciones que la propia normatividad le determinó, a saber, la complicada pregunta motivo del plebiscito en cuestión, los recursos presupuestales limitados, y el plazo autorizado para la difusión que la propia Cámara de Diputados autorizó en su sesuda iniciativa. El resultado dejó una participación del padrón electoral de tan sólo el 7.7%, independientemente de que de cada 10 votos emitidos 9 se inclinaron por el sí, en términos legales, la consulta no arrojó una acción vinculatoria. Vamos, no pasó nada, sólo se derrocharon 528 mdp y la ley debe seguir su curso de manera autónoma, como siempre debió haber sido.
Como era de esperarse, los resultados de la consulta fueron tema de la opinión pública nacional y de comentarios acotados del propio presidente López, fingiéndose contento con lo sucedido el 1 de agosto, aunque siempre encontrando responsables agazapados en la maleza de sus adversarios conservadores y neoliberales, como el INE con su “mañosa” organización, pero particularmente el Consejero Presidente Lorenzo Córdova y el Consejero Ciro Murayama, quienes, en la paranoica visión presidencial, se han dedicado a boicotear todos los eventos electorales que representen un avance en su proyecto de transformación, y, a través de su partido Morena, amenaza con promover un juicio político en su contra. Veremos.
A sólo tres días de la consulta, a la 4T le estalla otro petardo en su entorno inmediato. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, cinco de los siete ministros revientan en contra del magistrado presidente José Luis Vargas, popularmente conocido como el “magistrado billetes”, designado presidente del TEPJF el 3 de noviembre de 2020. Los magistrados alzados acusan a su entonces presidente de incumplimiento de las obligaciones constitucionales inherentes a su cargo, y en un impecable movimiento legal, deciden destituir a Vargas Valdez y nombrar al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
Es necesario señalar que la trayectoria del magistrado José Luis Vargas durante el período de su encargo, puso en entredicho su calidad y autonomía. El mismo 4 de agosto pasado, en un comunicado que compartieron los cinco magistrados responsables de la remoción señalaron que “(José Luis Vargas) incumplió con diversas de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, tales como la discrecionalidad e inconsistencia en el turno de asuntos, el diferimiento de las sesiones sin razón justificada, faltas de respeto hacia sus compañeros al llamarles “manada”. Asimismo, abundaron que, de manera injustificada, promovió “(la) suspensión de la realización del foro “La Calificación de las Elecciones 2020-2021”, cobertura incompleta de boletines de prensa institucionales, negativa de someter a temas de discusión la remoción del Secretario General de Acuerdos y la Subsecretaria General de Acuerdos, presunta aplicación forzosa del polígrafo y, en su caso, despido injustificado del personal administrativo”.
Esta situación puso en tensión al Poder Judicial de la Federación porque lo acercaba de manera preocupante a una crisis constitucional para el país de desconocidas proporciones. Resolver la crisis era urgente por lo que de manera casi inmediata se involucró el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar, para tomar cartas en el asunto. Se entrevistó con los cinco magistrados electorales, así como con el magistrado depuesto del cargo de presidente, llegando a la conclusión de que el magistrado Vargas Valdez no podía continuar en el cargo, y le solicitó un gesto de madurez política y constitucional, “dando un paso lateral”, para resolver la complicada situación. Esta resolución está en un paréntesis y hace que el propio PJF aguante la respiración hasta alcanzar la acción constitucionalmente correcta.
Esta situación incidió en el ánimo del magistrado presidente de la SCJN y del CJF Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien en una valoración personal, profesional y política, el mismo viernes 6 pasado, en una declaración señaló que, con relación a la reforma del Poder Judicial de la Federación, había determinado que, independientemente de la propuesta en el artículo tercero transitorio de la referida reforma, que extendía su mandato por dos años, él concluiría el ejercicio de su cargo el 31 de diciembre de 2022, tal como lo establece la Constitución Política del país.
Ambos temas del Poder Judicial, la crisis del TEPJF y la extensión del mandato del presidente de la Corte, son un par de baldes de agua fría para la 4T, particularmente para el presidente López, que ve truncos sus esfuerzos por someter a sus designios a un Poder que siempre se le había negado a la callada disciplina en el marco de su proyecto político. Aunque, conociendo a AMLO, debemos esperar su reacción, que por experiencia sabemos será agresiva y beligerante.
Para rematar, la semana para la 4T y para México, el Coneval hizo públicos los resultados de su estudio sobre las estimaciones de pobreza multidimensional 2020 y señaló que, con la aplicación de una nueva metodología, la pobreza se había incrementado en 3.8 millones de mexicanos, a pesar de los enormes gastos de parte del gobierno federal, alcanzando la cifra de 55.7 millones de mexicanos en esta situación. La respuesta del presidente López fue contundente y esclarecedora: “Yo tengo otros datos”. Para el olvido.
