Uno de los temas que más polariza a la agenda pública, desde hace algunos días, es la celebración de la Consulta Popular 2021, un ejercicio inédito en nuestro país que, desde su inicio, ha estado acompañado de un grado considerable de polémica. Recordemos que, originalmente, desde la administración federal se intentó impulsar por la vía ciudadana y que al no haber alcanzado el porcentaje de firmas necesario –2% de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores– tuvo que ser presentada por el mismo Presidente de la República en uso de las facultades que le otorga la legislación en la materia, situación que desde luego generó múltiples señalamientos. Posteriormente la polémica se concentró en la materia a consultar, que es en esencia castigar a los exmandatarios que hubieran incurrido en algún ilícito durante su gestión, sobre el que se señalaba, no era tema suficientemente trascendental para la nación, o bien, que la aplicación de la ley no debía de ser motivo de consulta. A ello se añadió la redacción de la pregunta elaborada por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al pronunciarse sobre la procedencia de la consulta, la cual ha sido señalada como dispersa, confusa y que se aleja del objetivo original de la iniciativa: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Los señalamientos no desaparecieron una vez aprobada la interrogante, algunas voces han criticado el dispendio de recursos públicos en un asunto que no debería calificar como de trascendencia nacional, otras tantas consideran que se trata de una cortina de humo para dispersar las críticas sobre los asuntos prioritarios para el país, aunque para otras más, representa una manera de obtener justicia ante la exigencia legítima de que se sancionen los malos manejos de nuestros políticos anteriores; las opiniones, sin lugar a dudas, son diversas, y la discusión pública irá subiendo de tono conforme se acerque el 1 de agosto, pero al final del día considero que dicho ejercicio pudiera generar dividendos positivos más que negativos para el país, ya que representa la posibilidad de involucrar a la población en la cosa pública de una manera distinta a las tradicionales votaciones. Lejos de que la pregunta sea legítima o no, el hecho de que la población lleve a cabo discusiones en torno a un tema en particular representa el fortalecimiento de aquel vínculo gobierno-población, tan ausente como necesario en el contexto nacional en el que nos encontramos, me explico.
El sistema democrático de nuestro país va más allá de la elección periódica de quienes serán nuestros representantes, el ejercicio de la ciudadanía implica no solo participar en los procesos electorales, los instrumentos de participación ciudadana que desde hace varios años se incluyeron en nuestra carta magna y entre los que se encuentra la consulta popular, constituyen otra vía en la que ciudadanas y ciudadanos pueden incidir en la toma de las decisiones públicas, además de una manera distinta de relacionar a los gobernantes con sus gobernados. De ahí que en el año 2014 se emitiera una nueva Ley Federal de Consulta Popular, la cual tiene por objeto regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular, en aras de garantizar el derecho político-electoral de acudir a los ejercicios que sean convocados, ya sea por la vía ciudadana pura, por impulso de nuestros legisladores, o bien, por el Presidente de la República –como en el caso que ahora nos ocupa– en torno a temas de trascendencia nacional, entiéndase que repercuta en la mayor parte del territorio mexicano e impacte en una parte significativa de la población.
En Aguascalientes, derivado de la experiencia electoral que hemos vivido, más de una persona me ha preguntado si la autoridad electoral estatal, tiene algo que ver en la organización de la próxima consulta, por lo que es importante señalar que, conforme a la legislación antes mencionada, la organización y desarrollo de la misma recae exclusivamente en el INE a través de sus direcciones ejecutivas y unidades técnicas en el ámbito central, y en lo concerniente a los órganos desconcentrados, serán competentes los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales que correspondan. La autoridad electoral ha estimado que la Consulta Popular 2021 tendrá un costo superior a los 522 millones de pesos, los cuales se destinarán a equipamiento e instalación de las 57 mil mesas receptoras a instalarse a lo largo y ancho del país, así como la documentación necesaria para su debido funcionamiento, como lo es la producción de más de 93 millones de papeletas para que la ciudadanía plasme su parecer sobre la pregunta a realizarse, así como carteles de resultados, actas de la jornada, de escrutinio y cómputo, plantillas y etiquetas braille, constancias de incidentes, cintas de seguridad, dados marcadores, líquido indeleble, forros para urnas, caja paquete electoral, y carteles de identificación y localización de las mesas receptoras, todo lo anterior para que más de 288 mil funcionarias y funcionarios hagan posible la realización del inédito ejercicio.
Pero volviendo al tema, lejos de criticar per se la organización de la inminente consulta popular, creo que debemos valorar que tengamos legalmente reconocido el derecho de incidir en la vida pública del país no solo a través la celebración de elecciones, sino también mediante los instrumentos de participación ciudadana. Creo que una muestra de nuestra debilidad democrática es, precisamente, el que no nos hemos dado cuenta del poder que reside en dichos mecanismos, y en ambas vías me refiero, las autoridades tampoco han utilizado el plebiscito, referéndum, presupuesto participativo, consulta popular, entre otros instrumentos, para relacionarse de manera distinta con sus gobernados, lo que además de imprimir mayor legitimidad a sus decisiones, abonaría a generar un vínculo mayor con la ciudadanía. De igual manera, creo que la democracia nacional se fortalecerá en la medida en que las personas incrementen su participación en la vida cotidiana, lo que será posible al adquirir consciencia de que los instrumentos de participación ciudadana también se constituyen como un poderoso medio de rendición de cuentas para nuestras autoridades, siempre lo he sostenido, debemos de transitar de una democracia electiva a una participativa, una sociedad civil organizada tarde o temprano traerá como consecuencia el mejoramiento en la calidad de nuestros gobiernos, así y solo así lograremos el bien común tan añorado en cualquier sistema contemporáneo de gobierno.
Así que pues, ya lo sabe, esté o no de acuerdo con la consulta popular, acuda a las mesas receptoras y manifiéstese, como puede darse cuenta, los instrumentos de participación ciudadana en realidad son herramientas a la mano no solo de autoridades sino de la ciudadanía en general, sea cual sea el resultado de la consulta, hago votos para que marque el inicio de una inercia novedosa de vivir en democracia en nuestro país, la decisión reside en nosotros, al tiempo.
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