- Rechaza JAPT injerencia del ejecutivo en consignación de la AP
- Solución al problema de los migrantes “no es rentar una casita” en EUA
Los cuestionamientos sobre el actuar del ejecutivo estatal en el proceso que se sigue a Martín Orozco Sandoval y sobre la constante promoción de Raúl Cuadra García en eventos oficiales predominaron en la comparecencia a la que fue citado el secretario general de gobierno, Juan Ángel Pérez Talamantes, con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno -con el que nada tienen que ver- en el Congreso local.
Pérez Talamantes calificó de “totalmente falso” que su dependencia tenga o haya tenido injerencia alguna para que la averiguación previa contra el aspirante a la gubernatura por el Partido Acción Nacional (PAN) fuera consignada a un juzgado penal por la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).
En entrevista previa a su comparecencia, descalificó también los rumores de que el encargado jurídico del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Acción Nacional haya ejercido presión alguna para la consignación; posteriormente, a la pregunta del legislador panista Jaime Gallo Camacho, respondió en sentido negativo que la consignación haya sido redactada por el subsecretario jurídico de Seggob desde el 14 de enero y que desde el ejecutivo o desde su dependencia se giraran órdenes al procurador Edgardo Valdivia Gutiérrez para que procediera de una u otra manera.
Por parte de los legisladores priístas se cuestionó si el diputado federal y ex tesorero estatal, Raúl Cuadra García, era el “candidato oficial” para suceder a Luis Armando Reynoso en la gubernatura de Aguascalientes, viendo un ejemplo de ello en el descuento a los salarios de los funcionarios que se aplicó desde octubre de 2009 y que para finales de año fue devuelto.
El titular de Seggob subrayó que esa medida se tomó porque de lo contrario se habría tenido que recurrir al despido de personal, subrayó que “evidentemente” no tenía fines de enaltecer la figura del legislador panista y que es una situación en su momento aceptada por el Sindicato Único de Trabajadores del Estado y el Municipio de Aguascalientes (Sutema), que a la fecha está ya resuelta.
Rechazó también que se presione a trabajadores de gobierno para apoyar a uno u otro actor político en sentido electoral, afirmando que la no intervención de Seggob y gobierno del estado está garantizada por ley, pero además dio su palabra de que no habrá una incidencia que exceda las facultades marcadas en el Código Electoral.
Durante la reunión, se tocó el tema de los fedatarios; al respecto, el secretario mostró apertura a la creación de una iniciativa que permita otorgar los Fiat mediante concurso e informó que durante 2009 se entregaron sólo dos, correspondiendo a los abogados Ernesto Díaz Reyes y Gustavo Reynoso Talamantes.
En otro orden de ideas, se le pidieron cuentas sobre el recurso para el proyecto pro migrantes “Casa Aguascalientes”, siendo su respuesta que el millón y medio de pesos etiquetado para ella en el presupuesto 2009 se estableció en el capítulo cuatro mil “como subsidio de la secretaría particular” pero que, “motivado por las limitaciones presupuestales que impuso el propio poder legislativo” en 2008 al prohibir reasignaciones presupuestales interdependencias, no se pudo ejercer ni readecuar “en el capítulo 5 mil como gasto de inversión de infraestructura (
) o en el capítulo 3 mil como gasto de operación” de la Oficina de Atención al Migrante.
Incluso comentó que “consideramos que la solución (en atención a migrantes) no es rentar una casita en Estados Unidos”.
Por otro lado, se le señaló que dentro del informe se habla de 10 iniciativas en materia de seguridad pública, una de las cuales propone reformas a la Legislación Penal que contradicen el sistema penal acusatorio establecido en la Constitución.
Pérez Talamantes admitió que lo deseable es un derecho penal mínimo, pero también que ante la situación actual, ésta no puede darse e incluso reviró ese cuestionamiento al señalar que 18 de las iniciativas aprobadas por el legislativo se han encaminado a endurecer penas por la comisión de ciertos delitos y a clasificar otros tantos como graves.
Finalmente y al ser cuestionado sobre la gobernabilidad a cuya generación se comprometió la actual administración estatal, refirió esa característica se observa en el clima laboral, la certeza jurídica y la rápida resolución problemáticas en materia judicial y laboral, entre otras.
