APRO/Patricia Davila
Al menos desde el gobierno de Vicente Fox diversas corporaciones militares y de seguridad pública han tenido la misión de enfrentar al crimen organizado y derrotarlo, pero hasta ahora ha sido una batalla perdida.
Sexenio tras sexenio los cárteles y sus brazos armados han exhibido la nulidad de resultados de parte de soldados, marinos, policías federales y recientemente de efectivos de la Guardia Nacional. La actual estrategia federal de “abrazos, no balazos”, anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tampoco ha podido acabar con la estela de homicidios.
Desde Palacio Nacional, el presidente asegura que “no hay guerra” entre cárteles y afirma que “se puede hablar de paz y tranquilidad” en México. Sin embargo, la realidad exhibe a comandos que salen de cacería para asesinar a inocentes, como el sábado 19 en Reynosa, Tamaulipas, cuyos actos crueles dejaron un saldo de 14 civiles muertos.
La reciente matanza en la urbe fronteriza se suma a la enorme lista de hechos violentos que los habitantes de Reynosa han padecido desde al menos hace cuatro sexenios, sin que algún presidente haya logrado la paz.
Aunque algunos actos violentos de los cárteles se cometieron en los ochenta, la situación se recrudeció entre 1994 y 2004, periodo que incluye la gubernatura de Tomás Yarrington. En 2005, el presidente Vicente Fox inició el operativo policial “México Seguro”, que sería el primero que estaría enfocado a combatir la violencia generada por los grupos delictivos.
En su edición 1368, Proceso publicó un texto titulado “Tamaulipas: las narcodesapariciones”, en el cual se señala la desaparición de 51 personas entre 2002 y 2003, así como el homicidio de 59 durante 2002, la mayoría atribuidas a la disputa por el territorio del Cártel del Golfo, dirigido entonces por Osiel Cárdenas Guillén, convirtiendo a esa frontera en la región más violenta de México.
En 2003, el Gobierno Federal capturó a Cárdenas Guillén y en 2007 lo extraditó a Estados Unidos, dejando al cártel en manos de su hermano Antonio Cárdenas y de Jorge Eduardo Costilla Sánchez, expolicía de Matamoros.
De acuerdo con la entonces Procuraduría General de la República, ante el supuesto debilitamiento del Cártel del Golfo, Los Zetas, brazo armado de Osiel Cárdenas, organizan secuestros, imponen impuestos de protección, cobran deudas y controlan extorsiones, secuestros y desapariciones; además, cooptan corporaciones policiacas y ejecutan con extrema violencia a sus enemigos.
La crueldad de Los Zetas –grupo criminal fundado por exmilitares– los llevó a controlar el suministro de cocaína y las rutas de tráfico conocidas como “plazas”.
Para octubre de 2010 el terror paraliza a autoridades, empresarios, políticos y a la ciudadanía tamaulipeca por igual. La gente evitaba salir a la calle por temor a encontrarse con una balacera.
La noticia en torno a la matanza de 72 inmigrantes en un rancho del municipio de San Fernando, que comenzó a difundirse el 24 de agosto de ese año, sorprendió al mundo, pero no a los tamaulipecos. Los vecinos de la zona comentaron entonces que el hallazgo no es ni 10% de lo que sucede en la localidad.
Tenía siete meses que el Cártel del Golfo, en alianza con La Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa, le declaró la guerra a sus antiguos aliados: Los Zetas. Desde entonces, el terror alcanzó a todos los sectores sociales y a la mayoría de los municipios del estado. En Tamaulipas sólo la discreción salva la vida.
Entre el 27 y 29 de agosto de 2010 los grupos delictivos perpetraron siete ataques con explosivos: dos con coche-bomba, tres con bombas en lugares públicos cercanos al puente internacional de Reynosa, uno más frente a las oficinas de la policía en Tampico y otro con granadas en la base de la Naval en Matamoros.
Para 2011 todos estos meses de violencia y caos afectaron la salud mental de los tamaulipecos. Silvano Martínez Cano, jefe del Departamento de Salud Mental del estado, denunció que la inseguridad ha “desquiciado” a los tamaulipecos llenándolos de miedo, estrés y depresión.
En 2014, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, los cárteles cumplían más de una década de complicidad con funcionarios en Tamaulipas, permitiéndoles controlar la universidad autónoma del estado, hoteles, casinos y empresas de espectáculos. También incursionaron en el robo de ganado, operaron carnicerías y controlaron la distribución de pollo, tortillas y cerveza.
En el sexenio de López Obrador la estrategia de “abrazos, no balazos” no ha ayudado en los resultados de las fuerzas federales. La incursión de Reynosa del pasado sábado 19, en la cual asesinaron a 14 inocentes, es una muestra del poder e impunidad que tienen los cárteles.
