Aysh, se vuelve a poner el saco del Tío Gamboín el candidato perdedor Arturo Ávila Anaya y en la rayita impugna la elección en la capital de Aguascalientes, a pesar del anuncio en que prometió que se retiraría de la película, quizá en atención a los ojitos que le echó Mario Delgado, el Instituto Estatal Electoral se le notificó que Morena presentó ante el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes dos impugnaciones, la municipal de Ávila Anaya y una distrital, interpuesta por Jennifer Kristel Parra Salas contra el conteo del Distrito XI, en donde le ganó la panista María de Jesús Díaz.
35, son el total de las impugnaciones a la elección en Aguascalientes, 12 a la elección de diputados federales de Noel Mata Atilano, Mónica Becerra y Paulo Martínez; más 23 contra las elecciones en los municipios de Aguascalientes, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá, así como a seis distritos: I, X, XI, XII, XIV y XVII; y pues ya sabemos el caminito, primero lo tendrán que resolver los magistrados Claudia Eloisa Díaz de León González, Laura Hortensia Llamas Hernández y Héctor Salvador Hernández Gallegos, y ya si no les gusta a los impugnadores, podrán llevarlo a la Sala Monterrey y después a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así que a esperar sentados a que esto acabe hasta que se acabe.
Por cierto, justo cuando reaparece el impugnador Arturo Ávila la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina que la sentencia del Tribunal Electoral de Aguascalientes en contra del candidato de Morena y el partido queda firme, los magistrados determinaron que a Arturo Ávila sí se le garantizó su derecho de audiencia y sí se le aplicará una sanción por el uso no autorizado de menores de edad en su propaganda, y más, también se le llamará la atención a Morena, por no saber contener a su candidato.
Golondrinas. Mientras se resuelven las impugnaciones, que nosotros creemos que en Aguascalientes no va a cambiar absolutamente nada, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene que seguir con su tarea y ayer inició el proceso de liquidación de los partidos que perdieron su registro: Partido Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México (FxM), para llevar a cabo esa liquidación se designó a tres interventores responsables del “uso y destino de los recursos y bienes del partido político durante el periodo de prevención”, Álvaro Martín Bardales, se hará cargo del PES; Sergio Francisco Hermida en el RSP; y Samuel Ricardo Egure Lazcano, con FxM; a ver cuánto quedó de los 568 millones 613 mil 110 pesos que se gastó de dinero público en darle vida artificial a estas tres franquicias que vivieron apenas 8 meses.
Discriminación. Según el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (Conapred) destaca que “la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos”. ¿A qué viene la necesidad de recordar el concepto? Para el líder de frente antiderechos, cuyo nombre preferimos no recordar, considera que las acciones afirmativas para garantizar espacios de representación a grupos históricamente discriminados como las personas con discapacidad, grupos indígenas y de la comunidad de la diversidad sexual ¡son discriminatorias! Esto lo dijo luego de asegurar que no tiene ningún problema con estas personas y que las respetan mucho, pero que lo que ellos entienden, porque defienden a la familia, es que las cuotas obligatorias de género o de grupos diferentes son “altamente discriminatorias”. Dijo que estas acciones limitan a otras personas con más capacidad el llegar a los puestos de poder, ya que no deben llegar determinado por los que “tienen en medio de las piernas”. Es de esta manera como es posible entender el porqué un gran sector de la población no comprende qué son los derechos humanos, que los derechos son para todas las personas, entre ellos el de participar en la política y luchar por ellos. Lo lamentables es que esa corta mirada la quieren imponer a toda la sociedad sin darse cuenta que ya es muy distinta a como la perciben, y no señor, no existe la discriminación a la inversa. Le tenemos una mala noticia, a usted, las cuotas arcoíris y para otros grupos vulnerables llegaron para quedarse, así que, sin importar su concepto de derechos humanos y discriminación, irán en aumento la ampliación de los derechos político-electorales, y esperemos que muchos otros, también.
404 error not found. Lo único que se informó ante la salida de Blanca Estela López de la coordinación del Centro de Justicia para las Mujeres fue su relevo, la quinta nueva encargada es Erika Liliana Padilla Contreras, de quien una búsqueda en internet arroja que en 2020 era la jefa del Departamento de Psicólogos en Secundarias del Programa Juntos por la Vida del DIF Estatal, y no queda más que confiar que aterrizará los pendientes que deja Blanca Estela López, concretar los proyectos y que sea la última de la larga lista de mujeres que esta administración ha removido del cargo y por lo visto sin ningún criterio para elegir a las nuevas directoras, como exigir experiencia en perspectiva de género, derechos humanos o atención especializada de la violencia, lo que desconocemos de la currícula de Padilla Contreras. ¿Qué criterio utilizó el fiscal general Jesús Figueroa para la selección? ¿O hubo comité seleccionador? Sólo él sabe. Mientras, habremos de observar el estado actual y futuro del Centro de Justicia para Mujeres, a fin de cuentas una política pública implementada por todo el país que también es observada y evaluada por organizaciones civiles especializadas que conforman el Observatorio Ciudadano de Centros de Justicia para las Mujeres, que buscan mejorar, porque siempre se puede mejorar, el acceso a la justicia y la atención que reciben las víctimas de violencia de género. Ojalá nos inviten pronto de nueva cuenta para platicar con la nueva coordinadora y así conocer su plan de trabajo y conocer si pugnará para que por fin les asignen al Centro presupuesto… el año que viene.
Equis Justicia para Mujeres es una de esas organizaciones especializadas en el análisis y las propuestas de políticas públicas contra la violencia de género, la cual organizó varias mesas para analizar la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que ahora le da atribuciones al Consejo de la Judicatura Federal de incorporar “la perspectiva de género, de forma transversal, progresiva, y equitativa en el desempeño de sus atribuciones, programas y acciones, con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones y velará por que los órganos a su cargo así lo hagan”. La primera mesa de estos análisis correspondió a la de La Suprema Corte como Tribunal Constitucional, en donde la directora de Intersecta, otra organización especializada, Estefanía Vela, realizó un apunte importante ante la pregunta de si esto significa un verdadero avance en los derechos de las mujeres, pues consideró que por desgracia aunque las reformas sienten precedentes o jurisprudencias sólo vinculan a los tribunales y ejemplificó con el caso del matrimonio igualitario, el juez del Registro Civil no es un tribunal, con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación la pareja que quiera ir a casarse se va a enfrentar a que otra vez le contesten que no y va a tener que meter un amparo porque no obliga ningún precedente al ser solo vinculante a tribunales y las distintas autoridades que atienden a las personas no son tribunales, como es el mismo caso de la declaratoria general de inconstitucionalidad al negar el matrimonio igualitario, pues la SCJN manda la instrucción a los estados de legislar en materia, y los congresos no obedecen, no les importa lo que diga la Suprema Corte, por cierto, el Congreso de Baja California ya legisló, felicidades. Estefanía Vela puso otro ejemplo con el aborto, un caso litigado por GIRE en donde a una mujer se le negó en una instancia pública de salud el acceso al aborto y la SCJN dijo con todas sus letras que negar el acceso al aborto es una vulneración del derecho a la salud, pero eso no vincula a autoridades de salud, entonces se ven los temas de mujeres, de personas con discapacidad, de derechos, como un subasunto de los temas de justicia, que no sólo revelan problemas de machismo o clasismo, sino cómo funciona el sistema, por eso se tiene que ir de la mano con grupos vulnerados que obliguen a que se cumplan estas reformas. Acá en Aguascalientes es muy claro el ejemplo, el Congreso actual se ha pasado por el arco del triunfo el mandato de la SCJN. A ver cómo es que al que viene, también con mayoría panista, le aprietan la tuerca.
La del estribo. El que se ríe se lleva, el que se burla que aguante, ¿o no?, porque si bien Andrés Manuel López Obrador no dice groserías, sus descalificaciones son iguales o peor que el “pendejo petulante” con que Héctor Aguilar Camín se refirió al presidente.
@PurisimaGrilla
