APRO/Neldy San Martín
La del Partido Verde es una historia de escándalos. El 5 de junio de 2015, en plena veda electoral de las elecciones intermedias, a un día de los comicios de ese año, apareció en la red social Twitter una campaña a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), impulsada desde las cuentas de 36 actores, actrices y conductores de Televisa y Tv Azteca, con el hashtag #VamosVerdes.
Seis años después, el pasado sábado 5, el PVEM recurrió a una estrategia similar en la pasada veda electoral: al menos 30 “influencers” hicieron proselitismo a favor de ese partido en las redes sociales.
En 2015, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió sancionar al Verde con una multa de 7 millones de pesos por considerar que la difusión de tweets por personas famosas fue una estrategia propagandística que pudo incidir en los procesos electorales federal y locales de aquel entonces.
Ahora, el Instituto Nacional Electoral (INE) investiga por “posible delito electoral” a 95 personas, sus agencias de publicidad y al PVEM, mientras que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel) también abrió una investigación.
La consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, dice en entrevista que, tras incurrir en una conducta reiterada, el PVEM debe ser acreedor a una sanción severa o volverá a hacerlo en las siguientes elecciones:
“Ellos se arriesgaron. No sé si su intención era asegurarse de que obtuvieran 5%, que es en general lo que obtienen en cada elección. El INE descuenta la sanción del financiamiento público que tenemos destinado para ellos. Entonces dicen: bueno, me va a costar 7 millones de pesos armar toda esta situación, además tener notoriedad, pues lo hago”.
Historial de trampas
Tras las elecciones intermedias de 2015 el PVEM sumó una treintena de quejas electorales y tuvo que pagar multas por más de 500 millones de pesos, que lo llevaron a contratar un crédito de 100 millones de pesos con Banco Multiva SA de CV para hacer frente a sus deudas.
Sus reiteradas violaciones a la ley llevaron a que las autoridades electorales analizaran si debía mantener el registro como partido político, después de que ciudadanos solicitaran su cancelación por “el conjunto y magnitud de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la Constitución y de las leyes en materia electoral en el marco de los comicios de 2015”.
Ese año se le acusó, entre otras cosas, de contratar mediante sus legisladores 300 mil mensajes en televisión con fines electorales de manera ilegal, de la contratación de espectaculares en miles de espacios urbanos en todo el país, de la compra y transmisión ilegal de propaganda en salas de cine y de la entrega de miles de tarjetas de descuento, así como la entrega de vales para que los ciudadanos obtuvieran gratuitamente lentes con graduación.
“Son la síntesis de todas las peores prácticas contrarias a la democracia, contrarias a la Constitución”, opina en entrevista Alfredo Figueroa, exconsejero electoral, quien en 2015 formó parte del grupo de ciudadanos que exigieron cancelar el registro del PVEM.
En esa ocasión los ciudadanos se basaron en el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, que establece esa sanción a la fuerza política que incumpla de manera grave y sistemática las obligaciones que le señala la normatividad electoral, a juicio del Consejo General del INE o de los Organismos Públicos Locales.
Sin embargo, el TEPJF determinó que no se acreditó que dicho partido político hubiese incurrido en esas condiciones y ordenó al INE integrar un registro de las faltas del partido para prevenir que en futuras elecciones volvieran a cometer los mismos delitos. Sin embargo, ocurrió en las pasadas elecciones intermedias.
A decir de Figueroa, el argumento central del tribunal fue que era mejor si la ciudadanía le quitara el registro al PVEM no dándole su voto, “como si no fuesen controladores de la televisión, como si no controlaran a comentaristas y como si la ley no señalara expresamente que este tipo de violaciones constituyen una razón para perder el registro.
“El sistema de alianzas, el sistema de vínculos con las televisoras, con el Poder Judicial, con los partidos políticos mayoritarios, empoderados, con recursos ilimitados, hacen que su negocio, con toda la ilegalidad, les permita los grados de impunidad que persisten en México. Se les puede encontrar una maleta con millones de pesos y no pasa nada; se les puede encontrar que están comprando camisetas por millones de pesos con dinero en efectivo y no pasa nada; se les puede ver violando la Constitución en la televisión todos los días y promoviendo candidatos vinculados con el crimen organizado y no pasa nada”, lamenta.
De empresa familiar a franquicia
El profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, Rafael Cedillo Delgado, dice en entrevista que la familia González Torres mantiene el control del partido, pese a que atravesó por varios cambios en su dirigencia desde 2011. En la página del partido, Jorge González Torres y su hijo Emilio aparecen como miembros del Consejo Político Nacional.
“Emilio González Martínez y Arturo Escobar y Vega son quienes dirigen al partido desde la sombra; son los que realmente hacen las negociaciones y los acuerdos con los partidos grandes, pero tratan de presentar ante la ciudadanía una imagen de jóvenes, de yuppies”, explica.
El académico comenta que la historia del PVEM se puede dividir en tres fases: la primera, con Jorge González Torres, de formación en 1986, pasando por 1994, cuando pudo participar en las elecciones tras obtener un registro condicionado. La segunda empezó en 2001, cuando asume su hijo, y apoyan a Vicente Fox en su campaña presidencial:
“Empieza una transformación: pasa de partido familiar a un partido considerado como una franquicia, pero más bien podríamos llamarlo negocio político, en donde ya la familia González Torres empieza a dejar de figurar como un poder unipersonal del padre, para diversificarlo entre varios dirigentes”.
A partir de 2001, junto a González Martínez, apodado el Niño Verde, se empoderó un grupo de jóvenes como la imagen pública del partido, entre ellos Bernardo de la Garza, Arturo Escobar y Vega, Francisco y Alejandro Abundis, Cuauhtémoc Ochoa y Gustavo Díaz Ordaz nieto. Todos ellos provienen de universidades privadas, como la Anáhuac y la Ibero, y dejaron de lado la etiqueta de partido ecologista para dedicarse a hacer un negocio con el que logran cargos y votos.
“En 2006 –prosigue Cedillo– empiezan a trabajar con Enrique Peña Nieto, primero como gobernador del Estado de México, después en la candidatura presidencial para formar una coalición con el PRI. Es parte de esa transformación que se inició en 2001, en la que, además de ser una empresa política, le venden a la ciudadanía un producto: el de un partido político de jóvenes, profesionistas, exitosos y que son atractivos para las clases medias, para estudiantes, para los liberales en lo económico y conservadores en lo social.”
La tercera etapa, dice el investigador, llega con la dirigencia de Carlos Puente Salas, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con un nuevo relevo de jóvenes que representaban las mismas aspiraciones: Jesús Sesma Suárez, Pablo Escudero –yerno de Manlio Fabio Beltrones– y Manuel Velasco Coello.
Es la época también de la “telebancada”, con legisladores del PVEM y del PRI cercanos a Televisa y a Tv Azteca, como Ninfa Salinas, hermana de Ricardo Salinas Pliego; Rubén Acosta Montoya, exdirector ejecutivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y el propio Puente Salas, quien fue asesor de la CIRT y jefe de administración y convenios públicos en Tv Azteca.
“Durante muchos años el PVEM ha sido, hasta el 2018 aproximadamente, la correa de transmisión de intereses de muchas empresas, pero señaladamente de las televisoras en el Congreso”, manifiesta Figueroa.
Y la alianza con Morena llevó al PVEM a su mejor resultado electoral, con 44 escaños en la Cámara de Diputados, y probablemente a la segunda gubernatura de su historia: la de San Luis Potosí, en caso de confirmarse el triunfo de su candidato Ricardo Gallardo, investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
