APRO/Corresponsales
La presencia de los cárteles del narcotráfico en vastas regiones del país es tal que las nuevas autoridades estatales y municipales que surjan de las votaciones de este domingo 6 no podrán soslayar un hecho: la gobernabilidad en sus respectivos territorios transita por la criba del crimen organizado.
Así lo advierten analistas consultados por Proceso, algunos de los cuales van más allá: no sólo ven a estas organizaciones como un factor de poder, sino que consideran que algunas entidades –como Jalisco– son ya “narcoestados”.
Las cifras de los políticos asesinados son indicativas: 89, de los cuales 35 eran precandidatos o candidatos. De estos últimos, 30 aspiraban a algún cargo municipal, el primer eslabón donde el crimen organizado busca influir imponiendo directores de policía, de obras e infraestructura y de “alcoholes” (los que emiten registros para giros negros y casinos).
Los analistas consultados coinciden en que el primer desafío será el tema de la seguridad y la presencia del crimen organizado en los 15 estados donde se renovaron las gubernaturas y 20 mil cargos locales, entre síndicos, presidentes municipales, regidores y diputados locales.
Los casos más impactantes de candidatos asesinados –pues se grabaron en el momento en que se cometía el crimen o cuando estaban cubiertos de sangre sobre el asfalto– fueron los de Alma Barragán, de Movimiento Ciudadano (MC) para la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, zona controlada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación; y el asesinato de Abel Murrieta, aspirante del mismo partido al gobierno de Cajeme, Sonora, área controlada por Los Salazar, brazo armado del Cártel de Sinaloa y de la rama lidereada por los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán.
El partido con más políticos muertos fue Morena, con 11; seguido por PAN, con seis; PRI, con cinco; MC, con cuatro; PRD, con tres; PVEM, con dos, y Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, con uno cada uno, más otro independiente.
Los estados con mayor número de candidatos asesinados fueron: Veracruz, ocho; Oaxaca, cuatro; Jalisco, Michoacán y Guanajuato, tres cada uno; Guerrero, Morelos y Quintana Roo, dos cada uno; mientras que Chiapas, Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, San Luis Potosí y Chihuahua registraron cada uno un deceso.
La lucha entre los cárteles por el control de plazas y el intento de cooptación por parte del crimen organizado serán dos retos que enfrentarán las nuevas autoridades locales. No es casualidad que los 30 asesinatos se centraron en cargos del primer nivel de gobierno: el municipio.
En un recuento y análisis elaborado por los corresponsales de Proceso sobre la presencia de grupos criminales en los 15 estados donde se renovaron gubernaturas y ayuntamientos, los cárteles de mayor presencia son: Jalisco Nueva Generación (CJNG), Santa Rosa de Lima (SRL), Los Zetas y Cártel de Sinaloa; con menor influencia: el Cartel del Golfo (CDG). Además de varios grupos con presencia local, como Los Rojos en Morelos y Guerrero; o el grupo Sombra, una escisión del CDG en Veracruz; o el grupo del Bukanans, exjefe de la policía de Maltrata, Veracruz, quien se asentó en Puebla, en la llamada zona del Triángulo Rojo, lugar de intenso robo de combustible.
Esos grupos están registrados en reportes de agencias gubernamentales nacionales e internacionales; entre ellas, la DEA de Estados Unidos, la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León y la entidad privada de análisis Crisis Group. También en reportes de inteligencia del Ejército, de la Marina y del gobierno federal, entre éstos la Evaluación Nacional de Riesgos y la Estrategia de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, que las autoridades federales presentaron en septiembre pasado.
“Narcodemocracia”
En Nuevo León, según el gobierno estatal, los cárteles predominantes son el del Golfo y el del Noroeste, el cual forma parte de una división de Los Zetas. En el municipio de mayor ingreso económico, San Pedro Garza García, aún tienen presencia células del cártel de los Beltrán Leyva. Además, existen seis pandillas locales independientes que distribuyen droga sintética por todo el estado.
Jalisco es la entidad donde surgió uno de los grupos delictivos más importante en años recientes: el CJNG, que ha permeado paulatinamente hacia otras zonas, traspasando fronteras estatales. Su líder, Nemesio Oceguera, el Mencho, hizo de los municipios El Grullo y Tlajomulco de Zúñiga sus zonas de operación en la entidad. De ahí se fue filtrando lentamente y adquiriendo poderío.
Hoy es el cártel con mayor presencia en el país, el más letal y el que más territorios disputa, ya sea bajo la dirección del Mencho o en asociación con otros grupos criminales.
En esta elección, Jalisco no renovó su gubernatura, pero sí 125 ayuntamientos. Para el doctor en derecho e integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, los nuevos regidores, síndicos y presidentes municipales deberán enfrentar un “narcoestado” controlado mayormente por el CJNG.
“Ahora estamos en el apogeo de una ‘narcodemocracia’, porque la delincuencia organizada desde hace algunos años, en algunos municipios de Jalisco, está decidiendo quién va a gobernar”, lamenta.
El académico de la UdG asegura que la delincuencia organizada impone servidores públicos por designación directa o por exclusión. En la primera, busca al candidato, si quieren continuar los deberán obedecer durante sus tres años de gobierno; rechazar la propuesta es sinónimo de amenaza de muerte, y “les cumplen”.
La exclusión, explica, es cuando los candidatos no aceptan y deciden por sí solos retirarse de la elección. Un ejemplo de ello ocurrió en Jilotlán de los Dolores, donde sólo permaneció en la contienda la planilla de Morena. Los candidatos de los 12 partidos que pudieron participar declinaron tras recibir amenazas.
Jiménez explica que el crimen organizado toma “el control de las presidencias municipales, y si lo pierde, tiene el control de las policías municipales (…) y después se va por el director de obras públicas u otras direcciones”.
El reto de las nuevas administraciones municipales es “muy grande, al tener que erradicar la delincuencia organizada que ya tiene el control de un gran número de municipios en Jalisco”.
Y hace un vaticinio espeluznante: aumentarán las desapariciones y se recrudecerá la violencia.
