■ Entregó comisión especial informe de operación técnica, jurídica y financiera
■ Para renovarla, gobierno del estado pediría otro crédito, ahora superior a los 300 millones
La planta tratadora de aguas de la ciudad de Aguascalientes, operada por la empresa Fypasa Construcciones, no cumple con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 001 ni con la Ley Federal de Derechos en materia de agua y su obsolescencia “obliga a desviar agua sin tratamiento”; sin embargo, “no es recomendable” que el gobierno del estado rescinda el convenio mediante el cual la empresa puede operar la planta, porque las constantes prórrogas han dado derechos a Fypasa que implicarían una fuerte erogación para el ejecutivo.
Así lo da a conocer el informe completo que la comisión especial del decreto 273, formada en el Congreso del estado a raíz de la solicitud de autorización hecha por el ejecutivo el 25 de mayo pasado para firmar convenio de modernización de la planta con la misma empresa, entregó a oficialía de partes la semana pasada.
Como se indicó en el estudio preliminar que abarcaba sólo las cuestiones técnicas y operativas y que fue publicado el pasado 26 de noviembre por La Jornada Aguascalientes, en el documento actualizado se detalla también que, a pesar de que la planta opera por debajo de su capacidad, que es del mil 500 litros por segundo (l/s), “simplificó su cálculo estableciendo sólo tres parámetros” que definen la contaminación del agua, además de que el agua que recibe para ser tratada tiene una carga contaminante “que supera en un 33 por ciento la de diseño original”.
Además, se reitera que la calidad del agua no es apta para consumo humano, industria o cultivos de tallo corto y que, debido a esa obsolescencia, tiene altos costos de operación y mantenimiento, al tiempo que deja de producir energía mediante biogas.
En materia jurídica y financieras, las conclusiones del estudio revelaron que, si bien es posible que se rescinda el contrato por el cual Fypasa sigue operando la planta por tiempo indefinido, esto implicaría un gasto por pago de los derechos adquiridos por la empresa desde 1995. El escrito no menciona la cantidad.
Además, existe el fallo a favor de Fypasa en la licitación realizada en 1995, por la cual se adjudicó la concesión de operación de la planta por 15 años, a partir de la firma del título pero, al no haber sido aún efectuada por causas que atañen únicamente al ejecutivo, “se ha ocasionado un daño al particular” (Fypasa), porque los términos de ese contrato no son los mismos que los del contrato de prestación de servicios por el cual ha continuado operando.
De acuerdo con el documento, gracias al contrato de prestación de servicios por el cual Fypasa ha venido operando la planta, pese a las multas por el incumpliendo a normas oficiales y que ya una vez valieron la solicitud de rescisión del contrato, cada mes el gobierno paga 4 millones 909 mil 997.52 pesos a la empresa.
Si, luego de analizar el estudio en el que se concluye estableciendo la urgencia de una modernización de la planta a fin de que cumpla con los estándares de calidad marcados por la ley, los legisladores aprueban la solicitud del ejecutivo, Fypasa operará la planta cuando menos 18 años más a partir de la entrega de la obra, usando tecnología de punta y comprometiéndose a renovarla conforme se actualicen las normas oficiales en la materia, además de transmitir a título gratuito a gobierno las obras terminadas.
A su vez, gobierno del estado le otorgará “el uso temporal y gratuito” del terreno donde se construya la planta, “bajo la figura jurídica que corresponda (…) sin que por este hecho puedan generarse derechos reales ni de cualquier clase a favor de la empresa”.
La inversión requerida es de 300 millones 767 mil pesos; 75 millones 191 mil 750 pesos vendrán de un crédito de la empresa o solicitado por la empresa; otro tanto, como capital de riesgo de la empresa por el 25 por ciento de los costos y 150 millones 383 mil 500 pesos del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).
Para solventar la contraprestación, el gobierno deberá solicitar una línea de crédito, la cual está sujeta a aprobación del legislativo local.
