APRO/Judith Amador
La cultura en México se encuentra en un momento inédito y enfrenta desafíos que abarcan otros campos, como democracia, cuestiones de género, medio ambiente, salud, violencia.
Las instituciones culturales, dice el etnólogo Sergio Raúl Arroyo García, doctor en Antropología y Arte, “nunca vivieron en una edad dorada”, pero había continuidad y consistencia en los apoyos. Hoy se ve un “enorme desprecio”, expresado no sólo en los recortes presupuestales. Y si bien la democracia “ha sido frágil”, lamenta que desde el púlpito presidencial se condenen las voces disidentes.
Para generar un espacio de reflexión donde tengan cabida múltiples voces, cuyos pensamientos van en diferentes sentidos y abarcan distintos temas, más allá de lo que estrictamente se concibe desde las instancias del Estado como cultura, Arroyo concibió, “en el marco de una democracia moderna”, el foro Diálogo Ciencia y Cultura, cuyo lema es “La ciencia y la cultura como razón de Estado”.
Inicialmente –cuenta vía telefónica a Proceso el también exdirector en dos periodos (1999-2005 y 2012-2013) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y fundador del Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) de la UNAM– lo integraron el antropólogo Bolfy Cottom y el poeta David Huerta, y pronto se sumaron el biólogo Antonio Lazcano, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma y el cineasta Nicolás Echevarría.
“Nuestra visión abarca diferentes temas y en todo caso estará ligada siempre a una reflexión abierta. No se trata de optar nada más por personas que piensen en un solo sentido, sino que tengan capacidades críticas para pensar el país en torno a problemas muy específicos y desde diferentes ópticas. Y creo que se ha logrado, cada vez ha sido mayor la presencia del público en nuestras transmisiones. Nuestro propósito, aun siendo modesto en cuanto al alcance, ha tenido un éxito notable”.
Cuando en noviembre de 2020 Cottom dio a conocer el proyecto en estas páginas (https://bit.ly/2SEjYW4), expuso la necesidad de los diálogos ante el “inesperado embate” a la cultura, desde el propio medio gubernamental. Se le pregunta a Arroyo si coincide con esa percepción, y tras reiterar que percibe un enorme desprecio, señala:
“Me parecen importantes las reflexiones hechas desde las instituciones de cultura, que nos han permitido tener una visión cada vez más extensa del patrimonio cultural. Son visiones que han transitado varias administraciones, pero nunca se había pensado, por lo menos yo nunca había visto, que la administración pública acotara de una manera ideológica los alcances de la investigación. Me parece una actitud ofensiva, creo que las instituciones académicas han actuado y trabajado de manera muy consistente en la investigación de diferentes fenómenos, experiencias culturales, patrimoniales, en el ámbito de la lingüística, de la historia”.
Menciona como ejemplo de ese acotamiento el caso más reciente del uso de la historia en torno a “lo que se llamó la ceremonia de fundación de Tenochtitlán, y lo único que muestra es que no solamente hay una desorientación, sino una especie de propuesta dogmática, en la que se pretende que con la alineación de los astros se fundó Tenochtitlán después de un banderazo que tuvo que haber dado algún tlatoani, y eso también coincide con 1521, 1821 y luego 2021”.
Para “efectos esotéricos” eso podría llamar mucho la atención, lamenta, pero fue importante la respuesta de muchos académicos del Templo Mayor de no asistir al acto, “justamente por considerarlo una manipulación de la historia de México”.
–¿Cuál es su resumen de la política cultural de este momento?, considerando los regímenes pasados, donde también hubo un desprecio con algunas circunstancias que motivaron su salida del INAH en las dos ocasiones que estuvo al frente, en el gobierno de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto.
–Desde luego, nunca hubo una edad de oro para las instituciones culturales. Sin embargo, sí cierta consistencia en los apoyos. Había siempre la prerrogativa de que quienes las dirigíamos podíamos hacer trabajos y acuerdos políticos con diferentes instancias de gobierno para contar con los presupuestos necesarios.
Menciona incluso que alrededor de 2003 pudo aumentar la plantilla de investigadores de base del INAH, abrir la Escuela de Conservación, Restauración y Museología, y reestructurar algunas salas de los museos nacionales de Antropología y de Historia. Su salida el 31 de marzo de 2005 se debió entonces a discrepancias por “manejos políticos, por ejemplo, era muy claro para mí que no podía estar de acuerdo con la Ley de Fomento y Difusión de la Cultura”. Su carta de renuncia se publicó íntegra en la edición 1483 de Proceso.
El problema que se vive actualmente, en opinión del etnólogo, no sólo es la limitación de recursos (la hubo en otras administraciones), sino el viraje en la política cultural: ahora se utilizan los proyectos para favorecer decisiones tomadas desde la Presidencia de la República. Pone como ejemplo el caso del Proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura, el cual considera “sumamente ominoso en función de la cantidad de recursos de los que se le está dotando”.
Arroyo considera que hay una especie de “regresión a la nada”, pues desde el mismo gobierno se busca la unanimidad, se desalienta la discrepancia y parece difícil tratar de generar un ámbito de opinión favorable para el análisis. Afirma incluso que “cada vez es más difícil opinar”, y se ha entrado en terrenos difíciles porque se están borrando las fronteras entre los poderes públicos; ya no sólo es centralismo político o geográfico, sino en las decisiones, lo cual es “cada vez más grave y peligroso”.
Vuelve al caso Chapultepec y al de la ceremonia por Tenochtitlán, en la que se invitó a la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Le parece que, en esto y en los macroproyectos, la Secretaría de Cultura no es la que centraliza, sino que actúa como “una especie de acompañante” de las decisiones presidenciales:
“Por ejemplo, la ocurrencia de la ceremonia, que podía ser perfectamente trivial, no lo es porque es una especie de relato de cómo se están tomando las decisiones: ¿Quién decide que 1321 es un especie de año cabalístico? Nadie que haya revisado la historia de México lo podrá decir. Alfredo López Austin y Eduardo Matos han insistido en la falsedad de todo esto, pero no ha importado, se celebra y además con invitados, con bombos, y se aplaude como si se estuviera celebrando un acto verdaderamente republicano”.
–¿Compararía a Andrés Manuel López Obrador con Gustavo Díaz Ordaz?
–No, yo no puedo comparar –puntualiza–. Lo que estoy diciendo es sobre la magnanimidad que se buscaba en aquellos años. No quisiera que sea el tono de la entrevista, lo que digo es que es muy peligroso cuando no encuentras división de poderes. ¿Qué pasaba en el diazordacismo? Recuerda que fui quien hizo el Memorial del 68 (en Tlatelolco), una de las cosas más graves en todo lo que estuvimos revisando fue justamente la desaparición de la división de poderes: la gente del Legislativo, del Ejecutivo y del poder Judicial estaba en la misma línea del presidente, siempre, no había discrepancia.
“El Ejército, las fuerzas armadas, siempre estaban al lado de esta razón, como una especie de escudo contra las propias decisiones, así era en el 68, una clara embestida contra las decisiones populares, contra la ruptura que estableció un sector de la clase media estudiantil con respecto a lo que era el poder público en México”.
Advierte que un regreso a un país “sin división de poderes es riesgosísimo y no sabemos en qué va a parar. No estoy hablando exactamente de la misma situación, pero esa búsqueda de consensos más allá de la verdad me parece un problema patológico de poder. Lo que te quiero decir es que ese es un riesgo real que está viviendo el país”.
Arroyo remarca que la única posibilidad de desarrollar una sociedad democrática es la reflexión plural, abierta, sistemática, que esté libre de la intimidación de instituciones “puestas para perseguir y para humillar”. Y tal es el propósito de las mesas de reflexión que pueden seguirse por YouTube. Las próximas emisiones serán, luego de las elecciones, el 15 de junio, con José Woldenberg, expresidente del entonces Instituto Federal Electoral, y posteriormente con el exministro José Ramón Cossío.
