Al presidente le urge fortalecer su estrategia mediática sobre el tema de combate a la corrupción porque varios de sus colaboradores cercanos han sido ventilados en medios por supuestos actos deshonestos. Por eso, el lunes se da a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) desde abril pasado acusó ante un juez al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, de confirmar una red delictiva para dar sobornos por 97 millones de pesos a legisladores a efecto de aprobar las reformas en materia energética durante su sexenio, red que involucra a diversos exlegisladores del PRI y el PAN.
¿Por qué se filtra esta información? Pues porque las encuestas electorales marcan una clara tendencia de que Morena va en picada y siguen saliendo malas noticias de corrupción de sus colaboradores cercanos.
Desde hace años corría el rumor de que Manuel Bartlett Díaz, actual director general de la Comisión Federal de Electricidad, no podía viajar a los Estados Unidos por el riesgo de ser detenido. Sin embargo, es hasta hace unos días que el periodista Jesús Esquivel publicó en la revista Proceso: “La Justicia estadounidense no ceja: Bartlett involucrado en el caso Camarena”. En ese artículo asegura que si este personaje tan cercano al presidente de México ingresara al vecino país del norte, inmediatamente sería detenido para ser interrogado por el caso de secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena ocurrido en febrero de 1985 porque su nombre aparece en repetidas ocasiones en el expediente de investigación del Departamento de Justicia.
“Es evidente que no quieren a Manuel Bartlett estos conservadores”. “No es con Manuel Bartlett, es conmigo”. Así defendía el presidente a este personaje que siendo Secretario de Gobernación participó en reuniones con narcos antes y después del crimen de Camarena, según revela Esquivel.
El presidente interpreta esta filtración como una escalada opositora por sus acusaciones al gobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca, quien muchos coinciden que es indefendible. Lo notable es que para ese caso, el presidente no escatima recursos ni cuidados legales. No solamente acusa, sino que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), le congela cuentas junto con otras 12 personas y 25 empresas. La supuestamente autónoma FGR giró orden de aprehensión aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó que el Congreso del Estado de Tamaulipas tiene en sus manos la posible remoción del fuero del titular del Ejecutivo en la entidad y éste no se lo ha quitado.
Sobre la legalidad del acto del Ejecutivo, el exministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossio Díaz twitteó: “Código Penal Federal. Art. 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos: XIX. Abrir procedimiento penal contra un servidor público, con fuero, sin habérsele retirado éste previamente, conforme a lo dispuesto por la ley”. Delito que por cierto se castiga con pena de cárcel de 4 a 10 años. Pero por supuesto que no habrá culpables porque el culpable es ya sabes quien.
Y es que el respeto a la Constitución que juró cumplir y hacer cumplir al protestar el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ante el Congreso de la Unión el 1 de diciembre de 2018, no es algo que López Obrador piense que le aplica a él. Con solamente 30 millones de votos de los 55 millones de votos válidos y con la ayuda de 34 millones de ciudadanos que no fueron a votar ese día de la elección. López Obrador no solamente ganó la elección presidencial, sino también la mayoría del Congreso que luego convirtió Morena en una mayoría sobrerrepresentada bastante cuestionable que le ha permitido tirar por ejemplo las reformas educativa, laboral y energética, esta última incluso en contra de la Constitución y al Tratado de Libre Comercio com Estados Unidos y Canadá.
Tampoco parece que al presidente le preocupe la posible corrupción de sus cercanos, ninguna investigación ni dedicatoria en las mañaneras han merecido otros funcionarios de alto nivel leales al presidente. Ni hablar del propio hermano, Pío López Obrador a quien todos vimos en video recibiendo dinero a manos de David León, ni más ni menos que el zar anticorrupción para la compra de medicinas del Gobierno Federal y quien en aquel entonces era operador del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, otro incondicional del presidente. Tampoco hemos sabido nada acerca de posibles actos de corrupción en la Conade que encabeza Ana Gabriela Guevara; las irregularidades patrimoniales de quien encabeza la estrategia anticorrupción del gobierno de la 4T Irma Eréndira Sandoval y su esposo; el crédito de 150 millones de pesos al principal asesor de comunicación de este gobierno Epigmenio Ibarra, mientras López Obrador negaba crédito a los pequeños y medianos empresarios por la pandemia.
Con estos ejemplos podemos inferir que no habrá investigación y si justificación para Bartlett y tampoco para el candidato a gobernador de Sonora por morena, Alfonso Durazo, quien fuera el responsable de la seguridad pública del gobierno federal en un periodo que dejó un saldo histórico o de muertos y violencia, además de que se liberó a Ovidio Guzmán luego de un fallido operativo. No habrá investigación por las presuntas inconsistencias en su última declaración patrimonial y la declaración 3 de 3, por lo que se deduce que podría estar ocultando 9 inmuebles según Latinus. Durazo respondió: “jamás he escondido algo sobre mi patrimonio, porque me lo he ganado con mi trabajo”. No hacen falta muchas matemáticas para al menos dudar de la honestidad del candidato de morena, pero obviamente no recibirá malas noticias de la UIF ni de la FGR. Lo único que lo persigue hasta Sonora es la violencia que no pudo detener como Secretario.
En cambio, el presidente envía una nota diplomática a Estados Unidos para pedir explicación sobre un probable financiamiento a la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; acusa de corruptos a periodistas y medios de comunicación como Latinus, Nexos y Letras Libres, eso sí es corrupción no lo de sus allegados.
Así, fiel a su estrategia de comunicación en la que nada importa la veracidad de sus palabras, el presidente continúa presumiendo que terminó con la corrupción. Incluso dijo el lunes que gracias a que ya no hay corrupción ni lujos, se pudo comprar el 50% de las acciones de Shell de la refinería Deer Park, en Houston, Texas a un costo de 600 millones de dólares.
Muy bien, lo que ahora brinca es el costo de 8,900 millones de dólares que costará la refinería de Dos Bocas, Tabasco como lo informó el propio director general de Pemex, Octavio Romero durante su comparecencia en la Cámara de Diputados en octubre del año pasado cuando declaró que costaría 11% más de lo planeado y que ya se habían desembolsado 933 millones de dólares. ¿Se acuerda que la licitación se había declarado desierta en mayo de 2019 porque las empresas concursantes no pudieron comprometerse al presupuesto y tiempos definidos por el gobierno?
De acuerdo a lo declarado por el propio presidente “es igual que la nueva refinería de Dos Bocas”, ya que ambas tendrán una capacidad de procesamiento de 340 mil barriles diarios de crudo. ¿Entonces por qué cuesta $1,200 millones y la que están construyendo en Tabasco cuesta casi 7 veces más?
El caso es que López Obrador insiste en su honestidad y en que ya no hay corrupción. Lo de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray es simplemente una más de sus usuales cortinas de humo para distraer al pueblo sobre la realidad de sus resultados de gobierno y una dosis de oxígeno para sus candidatos que cada día bajan más en las preferencias electorales.
