- Ha pasado casi un año desde que la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zybelmann, anunció la creación de un plan para atender a niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio
- A la fecha este proyecto no se ha publicado y lo único que se tiene es un borrador que establece una ruta de atención en 49 puntos
Desde que Nadine Gasman Zybelmann anunció la creación de un plan para atender a la infancia en orfandad por feminicidio, en julio de 2020, este sigue solo en papel, en tanto el feminicidio, sigue creciendo con todas su implicaciones. Desde julio de 2020 hasta marzo de 2021, han sido asesinadas 634 mujeres, según el registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y aunque no se sabe cuántas de ellas eran madres, ni si hay, niñas y niños que quedaron en orfandad y sin posibilidad de restituir un plan de vida roto después del asesinato violento de sus madres.
Mientras se siguen sumando asesinatos de mujeres y aumenta la cifra de menores de edad en orfandad, este proyecto de protocolo, que aún no es público, continúa en desarrollo. Para que sea eficaz, señalan especialistas consultadas por Cimacnoticias, debe garantizar atención integral, de largo plazo y tomar en cuenta las opiniones de las familias de las víctimas, de las niñas y niños, quienes no sólo necesitan apoyos económicos, sino tener una familia, estar en la escuela, crecer en un entorno de seguridad, y sobre todo recibir atención a su salud emocional.
En entrevistas por separado, la presidenta del Instituto de Investigación y Estudios para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes “Rehilete AC”, Mónica Herrerías Domínguez; la exsecretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Puebla, Gabriela Escobar del Razo; y la investigadora y psicóloga Andrea Cárdenas Domínguez, destacaron que la niñez necesita de políticas públicas que los sostengan ante un evento crucial como el asesinato de sus madres.
En 2017 Cimacnoticias publicó la investigación, realizada a propósito del Día Internacional de la Mujer, en la que reveló el desinterés gubernamental para reconocer y atender esta situación, lo cual se refleja en las escasas cifras y poca información sobre la atención para las hijas e hijos de mujeres asesinadas, quienes quedan a la deriva y son invisibles para el Estado. A cuatro años de esa documentación, el gobierno federal continúa “analizando” cómo resolver la falta de políticas públicas en la materia.
El borrador de “Proyecto del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio” considera a esta población víctima directa e indirecta del feminicidio, debido a la desprotección en que quedan después de la muerte violenta de la madre, quien en la mayoría de los casos es asesinada por su pareja. Sin embargo, han pasado diez meses desde que se anunció y no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación para su aplicación en todo el país.
Aunque el trauma y el duelo de la infancia en orfandad se suman a afectaciones a su integridad y la vulneración a sus derechos, todavía no existe un plan de atención integral. En estados como el de México, Coahuila y Jalisco, se han creado programas centrados en transferencias económicas y a nivel federal se dice que se trabaja en una ruta que se centra en actuar ante una escena del crimen donde haya niñas, niños y adolescentes.
Una propuesta inacabada
La orfandad por feminicidio es un problema que data desde que se comenzó a documentar el feminicidio, en la década de los años 90, en el estado de Chihuahua; pero fue el 20 julio de 2020 cuando, por medio de un comunicado, la presidenta del Inmujeres, junto con representantes del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), anunciaron la creación de un protocolo nacional como un hecho pero no hay más.
Ese día aseguraron que este documento sería resultado de la información obtenida en 26 sesiones de trabajo de las Mesas Técnicas de Acceso a la Justicia en casos de Muertes Violentas de Mujeres y Niñas, impulsadas por el Inmujeres en 12 entidades federativas y de la colaboración de las fiscalías y procuradurías estatales, con el fin de conocer el número y las características de niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas del delito de feminicidio.
Nueve días después del anuncio, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró en la conferencia mañanera del presidente de la República, que “se presentó y se publicó” el Protocolo, sin que esto fuera verdad. Frente a Andrés Manuel López Obrador, Sánchez Cordero dijo: “La primera vez en la historia de nuestro país que se está atendiendo a través de este protocolo -y quiero ser muy enfática- a las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por los feminicidios con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia, restituir sus derechos y brindarles la protección social y asistencia que requieran”.
Un año y tres meses antes de aquel anuncio en papel, el 6 de marzo de 2019, al presentar el “Plan de Atención General a las Mujeres de México”, Olga Sánchez Cordero y la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zybelmann, señalaron, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, que como parte de un plan de atención a la violencia contra las mujeres integrarían un padrón de víctimas indirectas del feminicidio, especialmente de las hijas y los hijos menores de edad.
“También estamos proponiendo integrar un padrón de registro con las víctimas indirectas, especialmente las hijas y los hijos menores de edad, así como dependientes económicos de las mujeres asesinadas y desaparecidos que nos va a permitir dar una atención y acompañamiento integral para todos y todas ellas”, dijo esa mañana de 2019, Gasman Zybelmann.
Pese a todos esos anuncios, lo real, es que por ahora el protocolo sigue sin publicarse y no hay claridad de si aquel padrón que presentaron está en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi). Hasta el mes de marzo de 2021, de acuerdo con el borrador con el que cuenta Cimacnoticias, el Inmujeres ubicó por medio de solicitudes de información a las fiscalías locales, 796 casos de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio. Este dato corresponde al registro de enero a diciembre de 2019 y sólo es de 23 de los 32 estados de la República.
Por otra parte, de acuerdo con el Renavi, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de 2014 al 13 de febrero de 2020, se reconoció a 59 niños, niñas y adolescentes como víctimas indirectas de feminicidio. Es decir, en 6 años el Renavi apenas incluyó cerca de 7 por ciento del total de casos localizados en 2019 por el Inmujeres.
Nadie a cargo de la atención
Pero no sólo no se ha publicado el protocolo final, sino que tras su anuncio público en 2020 no hay institución que se haga responsable de la concreción. Pese a solicitar entrevistas con las personas titulares involucradas en este Protocolo, las áreas de comunicación del Sipinna y el DIF expusieron que no les correspondía coordinar esa política pública, porque únicamente “participaban de forma colateral”. Por su parte el Inmujeres refirió que su desarrollo estaba a cargo del DIF.
Mientras las autoridades se deslindan y se avientan una a otra la responsabilidad, la infancia en orfandad por feminicidio sigue desprotegida.
Al respecto, la presidenta del Instituto de Investigación y Estudios para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes “Rehilete AC”, Mónica Herrerías Domínguez, expuso que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde 2014, establece que las Procuradurías de Protección, en particular la federal que se encuentran dentro de la estructura del DIF nacional, son quienes deben proteger los derechos de esta población y la Ley General de Víctimas, vigente desde 2013, establece la reparación integral para las víctimas.
En consecuencia, señaló la también perita en materia de psicología, estas instancias son quienes tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de estas infancias, desde atender la depresión y el duelo, acompañar los interrogatorios ante autoridades penales hasta garantizar que no vivan más violencia del feminicida, en caso de que sea su familiar. Es decir, deben coordinar y ofrecer un acompañamiento integral y desde un enfoque psicosocial, educativo y familiar.
Sin embargo, el Proyecto del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio de 93 hojas, obtenido en diciembre de 2020 por medio del mecanismo de acceso a la información, establece que la ruta de atención comienza cuando hay una llamada de emergencia al 911 para dar cuenta de un feminicidio. En estas listas de actividades a seguir se consideran acciones como preguntar si hay niñas o niños en el lugar y en su caso informar a la Procuraduría de Protección (a cargo del DIF). La lista de pasos llega hasta la elaboración de un Plan de Restitución de Derechos.
El proyecto parte del supuesto de que cuando una mujer es asesinada sus hijas e hijos se encuentran en la escena del crimen, por lo que la primera persona en responder es la policía ministerial, que de acuerdo con el documento, debe estar capacitada en atención a la niñez y encargarse de resguardar a las personas menores de edad, solicitar atención médica o psicológica en caso de ser necesario y trasladarles al Ministerio Público junto a la Procuraduría de Protección.
En esta ruta de atención es primordial el papel del DIF, quien evadió responder a esta agencia sobre la publicación del documento, pese a que, en la conferencia matutina del 29 de julio de 2020, Sánchez Cordero dijo que este organismo era quien tenía “más clara” la situación de la orfandad. En aquel momento la directora general del Sistema nacional DIF, María del Rocío García Pérez, aseguró: “Este protocolo es un instrumento que describe el proceso de atención y el trabajo de las instancias involucradas, esa es la razón de este protocolo, para responder de manera integral, con un enfoque interinstitucional y multidisciplinario a las necesidades de estas personas que nos necesitan”.
Una realidad más compleja
La falta de concreción del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio provoca que los caminos que recorren las familias que se quedan el cuidado de las niñas y niños sean más complejos. Por ejemplo, deben luchar por la custodia de las y los menores de edad y enfrentarse con las familias de los feminicidas, además deben buscar y pagar de su bolsillo atención psicológica porque las autoridades no les ofrecen ningún tipo de apoyo o compensación del daño.
Para la familia de Verónica Guadalupe Benítez Vega, quien fue asesinada el 26 de julio de 2017 por su esposo Luis Ángel Reyes, en el Estado de México, la falta de una política de protección la llevó a lidiar con la familia del feminicida para poder rescatar al hijo de Verónica, de tres meses de edad.
Luego de la impresión por la crueldad del feminicidio, a la cabeza de Juana Isabel Benítez Vega, hermana de Guadalupe, llegó la preocupación por el futuro de su sobrino. Al indagar sobre el paradero del bebé, se enteró que la madre de Luis Ángel se lo había llevado. Para rescatar a su sobrino, Juana tuvo que solicitar el apoyo de policías, quienes le reclamaron a la hermana por no avisarles antes que había un menor de edad involucrado en el caso.
La revisión médica del bebé fue en el Ministerio Público, donde permaneció cerca de siete horas en diligencias. Al final del día la familia pudo reunirse con él. Para la madre de Verónica y Juana, la maternidad se hizo presente de golpe a sus 60 años, en un tris dejó de ser abuela para volver a convertirse en madre. En tanto Juana y su padre se abocaron en encontrar justicia para Verónica.
En 2019 Luis Ángel fue sentenciado a 62 años de prisión, pero, aunque el estado de México es una de las tres entidades que tienen apoyos económicos para las hijas e hijos de víctimas feminicidio, ninguna autoridad ha informado a la familia de Juana sobre estos programas y tampoco han logrado obtener la custodia definitiva del hijo de Verónica, quien hoy tiene cuatro años de edad.
Esta historia se repite para decenas de madres y hermanas de las víctimas de feminicidio que tratan de rescatar a las hijas e hijos de las mujeres asesinadas. Así sucedió con los cinco hijos de Betsabé, asesinada el 9 de septiembre de 2015, quienes se quedaron a cargo de sus abuelos maternos; también pasó con los tres hijos de Nadia Alejandra Muciño Márquez, asesinada el 12 de febrero de 2004, criados por su abuela materna; y con los dos hijos de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada el 20 de febrero de 2001, quienes también fueron criados por su abuela materna.
“Hemos escuchado a las familias de las mujeres víctimas, a los jóvenes en orfandad por los feminicidios y sabemos que, si bien algunas han logrado salir adelante, el Estado mexicano nunca más debe dejarlos solos ni solas”, aseguró Olga Sánchez Cordero el 29 de julio del año pasado. Diez meses después de esta declaración cada mujer hace lo que puede para criar a niñas y niños, a quienes les arrancaron a sus madres de forma violenta.
Programas basados en dinero
Tres entidades ya tomaron acciones en este tema. El antecedente del Protocolo Nacional de Atención a la Orfandad por Feminicidio son las políticas emprendidas en los estados de México, Jalisco y Coahuila, cuyos programas se han reducido en compensaciones económicas y a la fecha no se ha medido su efectividad.
El primer programa que se instauró fue el de Jalisco, en 2017. Por medio de este programa se ofrece a la fecha 3 mil pesos bimestrales. Aunque lleva cuatro años en práctica, no cuenta con un diagnóstico que identifique las causas que generan la problemática que atiende ni indicadores que muestren si se ha logrado resarcir el daño a estos menores de edad.
Una evaluación que el propio gobierno estatal hizo en 2018 por medio de una consultora externa, llamada Numera S.C., reveló que había información para medir el impacto de este programa. El programa continúa vigente con la entrega de apoyos económicos. Este 2021 las transferencias serán para 347 niñas y niños. De acuerdo con el gobierno, este monto se entregaría a 74 por ciento de los 464 menores de edad que están en condiciones de orfandad por feminicidio, según el cálculo del gobierno.
Al no existir un registro nacional sobre las niñas y niños que permanecen en el desamparo por el asesinato de sus madres, este programa parte de estimaciones. En Jalisco, a partir de la tasa de fecundidad local, que es 2.2 hijas e hijos por mujeres, y el número de casos de feminicidio en la entidad, se proyecta que hay 464 menores de edad en orfandad por feminicidio.
Jalisco también es la única entidad con un modelo de intervención psicológica para que la niñez tenga un proceso de duelo ante la pérdida abrupta y violenta de sus madres, y para que las personas que asumen su cuidado -en su mayoría adultas mayores- tengan herramientas de “crianza positiva”. En 2020 crearon el “Modelo de intervención psicológica, psicoeducativa y de cuidados integrales para hijas e hijos de víctimas de feminicidio”, dirigido al personal de psicología de las instituciones públicas jaliscienses que tienen contacto con las niñez en estas condiciones.
Este programa se diseñó por demanda de las víctimas. Lo mismo sucedió en el estado de Coahuila. En 2018, derivado de exigencias de familiares de víctimas de feminicidio ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el estado se creó un programa para apoyar únicamente a 18 menores de edad. Hasta 2020 la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), que se encarga del programa, entregó 32 apoyos.
En el caso del Estado de México existen dos programas de apoyos económico y alimenticios dirigidos a todos los integrantes de familias que enfrentan el asesinato de una mujer por razones de género. También existe uno más nombrado “Programa Valentina” que otorga un apoyo económico mensual de 2 mil pesos para menores de edad en orfandad, no sólo por el feminicidio de sus madres, también si las mujeres fueron víctima de desaparición.
El “programa Valentina” surgió después que el 6 de septiembre de 2018 se dio a conocer que Nancy Nohemí Huitrón Solorio, de 28 años de edad, desapareció con su hija Valentina , de 2 meses de edad, en Ecatepec, Estado de México. Días después, Nancy Nohemí fue encontrada asesinada y se supo que su hija fue vendida por el feminicida. Luego de recuperarla, la menor de edad fue entregada a su abuela materna quien se quedó a cargo de ella y de las otras dos hermanas de Valentina, también menores de edad.
Cada estado ha definido las vías que considera oportunas para entregar los apoyos a las niñas y niños y sus familias. En el Estado de México la Comisión de Atención a Víctimas es la encargada del programa; en Coahuila la ejecución está a cargo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia y en Jalisco, es la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.
La falta de una política integral que articule las políticas para atender a la infancia en orfandad por feminicidio lleva a que cada estado atienda el problema según lo considere adecuado, señaló la exsecretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Puebla, Gabriela Escobar del Razo.
Lo que se tiene hasta ahora, asegura la experta, son procedimientos administrativos que no garantizan el interés superior de la niñez. Para ella la atención debe partir de la salud emocional de la niñez porque son víctimas de delitos de alto impacto, por tanto, requieren atención psicológica profunda, que derive de protocolos muy claros y con personal profesional. Lo que se supone estaría haciendo el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio si realmente existiera.
La entrega de dinero ha sido el eje para atender a la niñez. Como muestra, en noviembre de 2020, la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y el DIF suscribieron un convenio para ofrecer becas económicas a niñas, niños y adolescentes en orfandad derivada de la pandemia causada por el virus de COVID-19.
Escobar del Razo, quien también trabajó en la Fundación Junto con las Niñas y los Niños (Juconi) aseguró: “eso es más de lo mismo. ¿Por qué no están hablando del caso específico de niños víctimas de un delito de alto impacto como es el feminicidio y todo lo que conlleva restaurar una vida? Hay que reconstruir una historia de vida dañada. Darle una beca no le soluciona la vida a nadie”. Las becas, dijo, están diseñadas para cualquier niña o niño que está en vulnerabilidad por pobreza.
¿Y la atención al trauma y al duelo?
La pérdida violenta de la madre y la ausencia del padre, quien en muchas ocasiones es el feminicida, provoca un daño transgeneracional. En un artículo publicado en 2017 por la abogada feminista Andrea Medina Rosas, quien formó parte del equipo que litigó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Campo Algodonero (sobre tres asesinatos de mujeres ocurridos en noviembre de 2001 en Chihuahua), señaló que estas niñas y niños quedan excluidos de políticas de atención especializada, no tienen alternativas claras para remontar el daño causado y su cotidianidad se ve severamente afectada.
La psicóloga Andrea Cárdenas Domínguez, quien trabajó con hijas e hijos de víctimas de desaparición y de feminicidio en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Chihuahua, (Cedehm) expuso que las instituciones que atienden a estas víctimas aún tienden a utilizar una rama de la psicología muy clínica que no responde a las necesidades de la infancia.
En Chihuahua, por ejemplo, detalló que la CEAV ofrece atención psicológica, pero no existe un enfoque que repare a las víctimas ni una mirada que incluya un proceso de sanación. Hasta ahora, se sigue pensando que a las niñas y niños hay que regresarlos a la situación en la que estaban antes del feminicidio, cuando es probable que antes de ese hecho vivieran violencia constante que provocó el crimen.
La psicóloga aseguró que para elaborar un protocolo o plan de atención a la infancia se deberían organizar mesas de escucha con niñas y niños víctimas o familiares, para que expresen sus necesidades y dejar de lado el ángulo adulto-centrista de estas políticas públicas. De entrada, expuso, hacer una ruta de atención que inicia en una escena del crimen es sólo ver la cúspide del problema, el feminicidio. Antes, dijo, tuvieron que pasar muchas violencias para llegar a ese punto.
Por su parte Mónica Herrerías Domínguez destacó como fundamental que un protocolo salvaguarde el interés superior de la niñez y su integridad física cognitiva y emocional, la cual ya está dañada por un evento de alto impacto. Toda atención, consideró, debe empezar por contención y terapia mínima, pero no se debe dejar de lado la salud física, cognitiva y emocional y la seguridad económica y jurídica.
¿Con quién vivirán estos niños, estarán al cuidado de sus abuelas, permanecerán con la familia del agresor, en qué localidad se ubicarán, quién tendrá su custodia legal, cómo participarán en el proceso de justicia para sus madres, seguirán en el sistema escolar, cómo resolverán el duelo? A partir de preguntas como éstas se tiene que planear un programa de acompañamiento que debe durar años, expusieron las expertas.
Pese a que hace diez meses, cuando se anunció el Protocolo, Nadine Gasman Zybelmann sostuvo que “la orfandad de madre o cuidadora de niñas, niños y adolescentes no debe traducirse en una orfandad de Estado” y aun cuando Olga Sánchez Cordero aseguró que las mujeres de este gobierno ven y escuchan a las mexicanas y que “la patria es sólo aquella que realmente equilibra y garantiza los derechos de todas y todos”, hoy no existe el protocolo que presentaron como una política vigente para atender a la infancia y adolescencia en orfandad por feminicidio.
Anayeli García Martínez Y Hazel Zamora Mendieta | Cimacnoticias
