Al enérgico clamor de las estudiantes de la UNAM, la UAM, la UACM, la UAA, entre muchas otras instituciones de nivel superior, que ha exigido en los últimos años sanciones contra acosadores y agresores sexuales, se une el de la Escuela Nacional de Teatro (ENAT-INBAL), en un marco en el cual se han sucedido escándalos de muchos tipos en el Instituto Nacional de Bellas Artes: actos de corrupción, renuncias injustificadas, falta de pago oportuno a las y los trabajadores, etcétera. A dicha institución le urge una transformación que implica modernización de la infraestructura, organización docente y otros trabajadores, y una renovación ética, comenzando por atender las casi cien denuncias presentadas ante la Dirección Escolar de la ENAT, las cuales han sido prácticamente ignoradas por la directora de la escuela, Gabriela Pérez Negrete, quien ocupa el cargo desde 2016. Las denuncias formales van desde toqueteos hasta violaciones sexuales; las informales (expresadas en redes sociales), desde petición de fotos nude hasta un intento de asesinato.
La negligencia de la directora ha llegado al grado de organizar un evento en el cual reunió a varias denunciantes con sus presuntos agresores para carearse, y así, delante de toda la comunidad, se reseñaron en voz alta las “supuestas” agresiones que ellas denunciaron, y se les advirtió que si los profesores eran suspendidos de sus clases por causa de ellas, por supuesto, el grupo se vería perjudicado al quedarse sin profesor. Realmente, esto supera el cinismo y la apatía de todas las autoridades que han tratado de evadir su responsabilidad ante la violencia de género. Me sorprende e indigna la forma agresiva y demente en la que estas estudiantes fueron tratadas, violando el principio de confidencialidad, amedrentándolas y juzgándolas –¡a las agredidas!– enfrente de toda la comunidad. No doy crédito.
Además de revictimizar a las estudiantes quejosas, la directora Pérez ignoró la ley, despreció el mínimo sentido común, y defendió a los profesores señalados, como se vio desde 2019, cuando, en la exhibición de un tendedero de denuncias inspirado por el movimiento MeToo, Pérez Negrete acusó al tendedero como discriminatorio y autorizó a los señalados, a arrancar su nombre “si no se sentían cómodos”.
Ante el aviso de las estudiantes de realizar un paro estudiantil para exigir que no se obligara a las víctimas a seguir conviviendo con sus agresores, en un acto de simulación y boicot, Pérez Negrete organizó unas pláticas con el fin de que todos estuvieran sensibilizados ante cuestiones de género. Por si fuera poco, dicha señora ha amenazado a las estudiantes en paro con perder el semestre; y a las de primer ingreso, incluso, poniendo en duda su permanencia en la institución. Como se puede observar, estos hechos ponen al descubierto la necesidad de revisar y, en su caso, aplicar los protocolos existentes contra la violencia de género de la ENAT en particular y del INBAL en general.
El paro inició el 18 de marzo de 2021, a través de un comunicado, como consecuencia de que “se contabilizaron noventa agresiones sexuales, mayormente violaciones sexuales, cometidas en agravio de las alumnas de la institución por maestros, terapeutas y alumnos”. La comunidad de alumnas de la ENAT agrega en su documento que de esas denuncias sólo veinte han sido reconocidas por las autoridades locales; y esas 20, según la Dirección, llevaron a la “sanción” de dos sujetos. Nadie sabe quiénes son estos ni cómo fueron sancionados. Parece que los agresores sí tienen derecho al anonimato que se le niega a sus víctimas. La dirección del plantel, “ha enderezado conductas para disuadir a las víctimas de perseguir justicia en sus reclamos, conminándoles a no acudir a las autoridades y sometiéndoles a mediar con los victimarios”. Cabe destacar que la totalidad de estudiantes mujeres, incluidas las de posgrado, aprobaron la realización de este paro que ahora mismo está siendo boicoteado porque la dirección obliga a los profesores a abrir las clases en línea. Asimismo, las Estudiantes Organizadas han informado que la directora puede estar cometiendo un delito ante sus omisiones, como el de encubrimiento.
En un amplio Pliego petitorio, dado a conocer el 17 de abril a las autoridades de la ENAT y del INBA, así como a medios de comunicación, se exige, entre otros puntos: no ejercer medidas punitivas a las paristas; reestructurar el calendario escolar; aprobar el Protocolo para la atención y erradicación de la violencia de género en la enat, hecho por las propias Estudiantes Organizadas y abogadas que las asesoraron; suspensión de Pérez Negrete; suspensión de los supuestos agresores; intervención de la Comisión de Derechos Humanos; capacitación en derechos humanos y perspectiva de género al personal de la ENAT; instalación de una mesa de diálogo permanente y pública; y el dictado de medidas preventivas en el caso de que los supuestos agresores sean estudiantes. Por cierto, la directora de la ENAT no se presentó a la reunión a la cual fue convocada para recibir el pliego petitorio, conducta que muestra de manera evidente su desprecio e indiferencia ante este movimiento.
La violencia de género en escuelas artísticas tiene sus particularidades, su complejidad propia. En primer lugar, escuelas como las de teatro y danza implican cierto contacto físico, visual e incluso anímico. En muchas ocasiones, los ejercicios teatrales llevan a las y los involucrados a explorar su alma, a conocerse y enfrentarse consigo mismos, además de realizar un gran esfuerzo físico. La persona que dirige estos ejercicios tiene una posición de poder que va más allá de la relación maestro-alumno porque incide –de alguna forma– en el plano psicológico del estudiante. Es sabido que, en nombre de la excelencia física-artística, algunos entrenadores y directores recurren al maltrato y a la humillación para que las y los jóvenes “den lo mejor de sí” al recibir provocaciones de forma violenta. (Esto ocurre también con entrenadores deportivos, cuyas prácticas se han comparado con entrenamiento militar). De esta forma, la normalización de la violencia en el teatro es un lastre difícil de concienciar y de eliminar. Si a ello le sumamos la también normalizada violencia de género, tenemos una combinación muy peligrosa.
Al control al que se somete a las mujeres por parte de las instituciones del Estado se suma otro: el control a los incipientes artistas. Y es que el teatro es una actividad encargada también de confrontar al espectador consigo mismo, con el fin de cuestionarlo desde su propio interior, desde el escenario. Cuando una actriz o actor se enfrentan al público, en vivo, se producen efectos muy fuertes por el contacto tan cercano entre ambos. Debido a tal contacto cara a cara, el montaje debe ser “perfecto”. Presenciar esa especie de desnudamiento del personaje, en vivo y a todo color, es una impresión de por sí tan fuerte que puede ejercer grandes cuestionamientos en ambos participantes, cuestionamientos tanto personales como comunitarios, y de esta forma influir en comportamientos al interior de la sociedad. Por lo tanto, es preciso contener esta fuerza teatral de algún modo, tener un control, la superestructura que les haga sentir que son libres expresando su arte.
Las mujeres son humilladas en el teatro, en la danza, en el deporte, por su cuerpo. Cualquier cambio físico, incluso los propios de jóvenes en crecimiento, puede ser causa de rechazo y hasta de expulsión de los recintos universitarios, como cuando a una bailarina clásica le crecen los senos más de lo debido o cuando una actriz sube de peso. La manipulación y la humillación persisten al ser vistas desde el estereotipo de su oficio: mujeres libres que se muestran públicamente, (de quienes el varón cree, en su imaginario misógino, que deben estar dispuestas a cumplir sus expectativas y exigencias). La estudiante actriz, según esta normalización de la violencia, debe someterse porque los agresores tienen el poder de la calificación, e incluso de la recomendación o asignación de un trabajo al egresar.
Es curioso que la misma directora Pérez haya destapado esta caja de Pandora con su complicidad, este verdadero infierno por el cual atravesaron muchas de nuestras jóvenes estudiantes, a quienes de entrada debía proteger y asegurar un ambiente en el que pudieran ejercer su derecho a la educación con libertad y tranquilidad, libre de violencia.
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