APRO/José Gil Olmos
La legitimidad de los principales proyectos de la Cuarta Transformación está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Desde el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hasta la política energética, pasando por la militarización de la seguridad pública, la gestión gubernamental del presidente Andrés Manuel López Obrador está en busca del aval constitucional del máximo tribunal del país.
Sus obras de infraestructura, la preponderancia de las Fuerzas Armadas, la llamada austeridad republicana y su manejo discrecional de los tiempos oficiales de la radio y televisión, entre otras acciones de su gobierno, tienen tras de sí juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que desde el inicio del actual gobierno están pendientes de resolverse en la SCJN, presidida por el ministro Arturo Zaldívar, quien de aprobarse en el Congreso la reforma a Ley Orgánica del Poder Judicial, podría extender su mandato hasta 2024, el mismo año en que termina la administración lopezobradorista.
Las reformas del gobierno de López Obrador, que forman su propuesta de un cambio de régimen, están pendientes de resolverse en definitiva en la Corte y, aunque ya hay proyectos de resolución, la decisión de que entren en las listas para terminar en definitiva con los juicios la tiene en sus manos el ministro Zaldívar, cuyo mandato de cuatro años para el que fue elegido se inició en enero de 2019, al mes de iniciado el gobierno de la 4T.
En su discurso inaugural del primer periodo de sesiones de la Suprema Corte, en enero pasado, el propio Zaldívar reconoció que tenía pendientes de resolver asuntos de gran importancia y trascendencia social.
Entre ellos mencionó la constitucionalidad de establecer un registro público de personas agresoras sexuales, la regulación de los centros de cuidado infantil en la Ciudad de México, la regulación de los recursos hídricos en Chihuahua, asuntos sobre derechos digitales de la ciudadanía, educación indígena y educación inclusiva, política migratoria y la reparación integral a víctimas por violaciones graves a derechos humanos.
Pero no pudo evitar temas centrales para el Ejecutivo federal: las competencias constitucionales en materia de tiempos que corresponden al Estado en radio y televisión, la constitucionalidad de la Ley de la Guardia Nacional, la constitucionalidad de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico.
En una revisión de estos pendientes en la Suprema Corte destacan la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza; la Ley de la Guardia Nacional, con su Artículo Quinto Transitorio; la Ley de Extinción de Dominio; la construcción del Tren Maya; la del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; la Ley Federal de Austeridad Republicana; el Presupuesto; Responsabilidades Administrativas; y la ya mencionada devolución de tiempos oficiales a radio y televisión.
Y aún se esperan otros temas cruciales para la 4T: la reforma eléctrica y la nueva Ley de Hidrocarburos. Incluso, el cambio aprobado el jueves pasado en el Senado para ampliar el mandato de Zaldívar podría controvertirse en la Corte, en cuyo caso el ministro presidente tendría que excusarse, porque le atañe personalmente.
Entre las principales controversias constitucionales que están pendientes desde hace 18 meses se pueden mencionar: la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, la Ley General de Educación, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el acuerdo por el que se restringe las zonas de disponibilidad de cuencas y mantos acuíferos 2019 en el municipio de Lerdo, Chihuahua.
Otras controversias también pendientes desde hace medio año son la del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de Austeridad Republicana, el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales y la Iniciativa de México y Estados Unidos para luchar contra la pandemia de covid-19.
Asimismo, está la controversia surgida de la omisión de cumplir medidas de seguridad de la OMS, el decreto para reducir tiempos fiscales de radio y televisión y la que hay en contra de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional con motivo del reconocimiento de la epidemia del SARS-CoV-2 emitido por el Centro Nacional de Control de Energía.
Las más controvertidas
De esta lista se pueden destacar por ejemplo que la Corte admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las leyes nacionales sobre uso de la fuerza: el registro nacional de detenciones, la creación de la Guardia Nacional y del Sistema Nacional de Seguridad.
En todas, la CNDH argumentó que el Congreso incurrió en violaciones al proceso legislativo porque no regularon elementos mínimos e indispensables establecidos en la Constitución para el contenido de estos ordenamientos.
Las acciones de inconstitucionalidad fueron turnadas a un solo ministro debido a la correlación que hay entre ellos. Inicialmente fueron enviados a la ponencia del ministro Eduardo Medina Mora, pero tras su renuncia en octubre de 2019 pasaron al ministro Javier Laynez Potisek.
El ministro Laynez también tiene pendiente la resolución de cuatro controversias constitucionales por el conflicto del agua de la presa La Boquilla.
También en 2019 la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien llegó a la Corte propuesta por López Obrador, admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la CNDH y los senadores de la oposición contra la reforma a la Ley de Salarios, publicada en abril de ese mismo año. Esta ley fue controvertida debido a que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República, lo que implicó reducciones salariales en toda la burocracia mexicana.
Igualmente llegó a la Corte la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH contra varios artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández tiene entre sus expedientes la demanda presentada por senadores de la República y la Comisión Federal de Competencia Económica contra la Ley de Austeridad Republicana, que impide a quienes ocupen altos cargos en la administración pública trabajar en la iniciativa privada durante 10 años después de concluir sus funciones en el gobierno.
La Corte también admitió a trámite una controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la reducción de los tiempos fiscales para la radio y la televisión.
Mientras que la ministra Margarita Ríos Farjat, también propuesta por el actual gobierno, resolverá la controversia constitucional por el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Desde junio pasado la Corte avaló que funcionarios del Banco de México, el INE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones reciban salarios más altos que el del presidente de la República.
A estas acciones y controversias se añaden los amparos por violaciones a derechos individuales en el caso de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía; también los interpuestos por no observar los requisitos en los nombramientos o propuestas para ocupar cargos en los que interviene el presidente, como es en la CNDH, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y la Comisión Reguladora de Energía.
Se suman a la lista de pendientes en la Corte cerca de 2 mil juicios de amparo contra la Ley Nacional de Extinción de Dominio, los interpuestos por la desaparición de partidas presupuestales, como ocurre con las estancias infantiles, por incumplimiento de contratos en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y contra la concentración del mercado de energías limpias en la Secretaría de Energía.
