APRO/Gloria Reza y Pedro Zamora
Funcionarios, políticos y reconocidos empresarios presuntamente estarían involucrados en el contrabando de combustible que ingresa por la frontera norte y se distribuye mediante empresas legales que supuestamente evaden al fisco alrededor de 15 mil millones de pesos al mes, según una denuncia anónima que el diputado federal Ricardo Francisco Exsome Zapata, integrante de la Comisión de Energía, recibió el 10 de febrero pasado.
En el documento se detalla cómo opera una red que trafica con hidrocarburo ilegal y se describe su ruta de distribución, básicamente en Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Sonora. Conforme a estos datos, dos de cada tres pipas vendidas en el país provienen del contrabando.
Con base en este reporte, el legislador morenista informó el 18 de febrero que presentó una denuncia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a la Fiscalía General de la República (FGR) y a Pemex atender el problema.
Hasta el pasado 26 de marzo, cuando solicitó licencia por tiempo indefinido para contender por la alcaldía de Veracruz, Exsome no volvió a tocar el asunto públicamente. Pero Proceso investigó a las principales empresas presuntamente involucradas en la venta de combustible robado y encontró que algunas, en lugar de importarlo como tal, lo hacen pasar por hidrocarburos accesorios a fin de evadir impuestos.
En Jalisco, empresarios gasolineros de Guadalajara que cuentan con franquicias de Pemex confirmaron que les ofrecen parte del combustible que ingresa ilegalmente por Matamoros, Tamaulipas. Los reclamos por la venta ilegal se han ventilado públicamente desde hace tres años, pero a la fecha no se ha castigado a nadie.
Según la denuncia que llegó a San Lázaro, las pérdidas para Pemex por este “huachicoleo” pueden superar los 40 mil millones de pesos mensuales.
Gasolineros afectados por la operación de esa red han detectado que el contrabando de gasolina se realiza por Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.
En la denuncia se le atribuye a Nexoil SA de CV la importación de combustible como si fueran lubricantes, aditivos, petroquímicos o refinados de petróleo para evadir el pago de Impuesto Especial sobre Productos y Servicios.
Los socios de Nexoil son Martín Pazarán Alcántara y Carlos Antonio Pazarán Benavides, este último exlíder de Morena que en abril de 2018 se incorporó al PAN y formó parte de su directiva en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Dijo que cambió de partido “asqueado ante la corrupción, transas y cochinero de Morena”.
Al ingresar al país el combustible –se detalla en el documento mencionado–, Karina Melissa Guerrero Rodríguez lo mueve a través de Kame Combustibles y Marvic Petroleum. En internet Kame se anuncia como el principal distribuidor de combustible en el norte, con presencia en Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila.
El portal de Marvic Petroleum sólo dice que vende gasolina y diésel certificado y que tienen “socios de primer nivel en Estados Unidos”.
Esas empresas no están en el Registro Público de Comercio (RPC) de la Secretaría de Economía, pero aparecen en la auditoría CVM2800352/2019, efectuada en noviembre de 2019 por la Dirección de Auditoría de Comercio Exterior del gobierno de Tamaulipas al “contribuyente” Roberto Sánchez Chávez, quien figura como “chofer”.
Entre otros detalles, la citada denuncia señala que Karina Guerrero vende combustible ilegal a Energética Carvel, que en diciembre de 2018 fue investigada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), tras el decomiso en Chihuahua de dos pipas con combustible robado y la extracción ilegal de un ducto de Pemex, como publicó el portal El Fronterizo.
Los socios de la empresa son Carlos Alberto Velázquez Nieto y Homar Prieto Barrera, éste también dueño de la gasolinera Combustibles Juan Pablo II, intervenida en esa misma fecha por la Seido.
Energética Carvel surte a Fase Chihuahua, cuyos socios –según el folio mercantil 14069 del RPC– son Roberto, María Elena, Leonardo David y Luis Jorge, de apellidos Nahle Ortiz. Este último es miembro del Consejo de Administración del Grupo Fase y Gasolineras Torre Naranja.
La familia Nahle Ortiz realiza negocios a través de varias empresas con gobiernos estatales y municipales, entre ellos los de Chihuahua; Torreón, Coahuila; Guanajuato y Durango.
Otros de los clientes de Energética Carvel –siempre en la denuncia anónima– son Servicio Vialidad y Servicio y Lubricantes Luga, localizados en Chihuahua. El primero tiene como socios a Manuel y Carlos Martínez Márquez, quienes tienen sendos permisos para vender gasolinas y diésel. Los accionistas de Luga son Lucano García y Abdón Vargas Cienfuegos, representante de Servicio Saye SA de CV, señalada de dar litros de menos.
En Jalisco, empresarios gasolineros afectados por esta venta ilegal confirmaron los hechos denunciados, pero solicitaron el anonimato al considerar que detrás del contrabando puede estar la delincuencia organizada.
Recuerdan que el líder de la Coparmex en Parral, Chihuahua, Uriel Loya, denunció en mayo de 2018 el robo y la venta clandestina de combustible y fue asesinado cuatro meses después.
Los gasolineros consultados identifican como “bandera blanca” a las estaciones que compran combustible ilegal, lo que significa que no son franquicitarios de Pemex.
En junio de 2020 detectaron que en Guadalajara empezó “el huachicol fiscal” y aseguran que para diciembre de ese año aumentó. Los denunciantes estimaron que los empresarios que adquieren ese combustible obtienen una ganancia que va de 40 centavos a cuatro pesos por litro.
Señalan que una forma de detectar qué estaciones venden hidrocarburo ilegal es observar los precios: “Si te cuesta menos de 20 pesos, de seguro es del huachicol fiscal, y si a eso le sumas que le ponen naftalina, se llevan más ganancia”.
Recuerdan que 45% de las gasolinas son importadas, por lo que piden que la CRE o el SAT revisen las facturas del combustible y se controlen los permisos de importación y la calidad del producto.
Proceso buscó a Pablo González, dirigente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, para conocer su postura, pero no respondió. De igual manera, el viernes 9 este semanario buscó al representante legal de Nexoil, Francisco Acevedo Castro, para incluir su versión en este reportaje, pero una secretaria contestó que se encontraba en una reunión y ofreció devolver la llamada. No lo hizo. Antes, Acevedo envió una carta al portal de El Universal para rechazar los señalamientos contra él y aseveró que todas las importaciones de esa empresa son lícitas.
En tanto, en las oficinas de Maqlub una empleada del área de logística respondió a Proceso que los trabajadores no están autorizados a emitir ningún tipo de declaración.
Kame Combustibles sólo cuenta con un perfil de Facebook donde remite hacia un sitio web que ya no existe. Se envió un mensaje por Messenger a la empresa, pero no hubo respuesta.
Al marcar al número telefónico de Energética Carvel, la llamada fue atendida por la asistente del director, quien dijo que regresaría la llamada, pero eso no sucedió. En Marvic Petroleum, cuyo número difundido en internet corresponde a la ciudad de Monterrey, nadie tomó la llamada.
