APRO/Gloria Leticia Díaz
Uso excesivo de la fuerza por parte de fuerzas armadas y corporaciones policiacas que derivaron en ejecuciones arbitrarias; incremento en las denuncias de violencia contra mujeres y reducción de presupuesto para la atención de áreas dedicadas a la atención de violación de derechos humanos, en medio de la pandemia del covid-19, así como estigmatización de medios de comunicación y defensores por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, son algunos de los aspectos más preocupantes ocurridos en México durante 2020, alertó Amnistía Internacional en su infirme anual, dado a conocer este miércoles.
El informe sobre la situación de derechos humanos en 149 países alerta sobre el impacto que tuvo la pandemia de coronavirus durante 2020, que “ha puesto al descubierto y agravado la situación sistémica, la represión generalizada y las políticas destructivas” , que han convertido a América Latina y el Caribe en la región más afectada del mundo.
En el caso particular de México, el documento alerta sobre la aplicación de “políticas de austeridad” como respuesta a la pandemia, dejando salvos “varios proyectos de infraestructura”, mientras que el Congreso de la Unión “disolvió varios fideicomisos públicos, entre ellos los establecidos para apoyar la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones a derechos humanos, y para abordar el cambio climático”.
La organización destaca el incremento de la presencia militar en el país, al asegurar que el gobierno “desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones anteriores”, la de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto, que se consolida con el acuerdo emitido por el presidente López Obrador que permite el “despliegue permanente de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024”, y el “control de los puertos y aduanas”, así como en la construcción de megaobras.
El documento aporta cifras que alarman: en 2020 se denunciaron 3 mil 758 asesinatos de mujeres, de los cuales 969 fueron investigados con feminicidios; las llamadas al 911 para denunciar actos de violencia contra las mujeres pasaron de 197 mil 693 en 2019 a 260 mil 067 en 2020; el año pasado fueron asesinados al menos 19 periodistas y se registraron 24 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.
La cifra de personas desaparecidas alcanzó la cifra de 84 mil víctimas desde 1964, de las cuales más de 73 mil se registraron en los últimos 10 años; en materia de migración, las autoridades mexicanas detuvieron a 87 mil 260 personas, entre ellas a 11 mil niñas y niños, y deportaron a 53 mil 891 personas; en materia de salud, 2 mil 397 profesionales de la salud perdieron la vida por covid-19.
El informe enlista algunos de los casos de homicidios ilegítimos ocurridos durante el año pasado, como el de Giovanni López, el 5 de mayo, atribuido a policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, quienes en la víspera lo detuvieron por no portar cubrebocas; la muerte de Arturo Garza, de 19 años, quien había sobrevivido a un tiroteo entre militares y un presunto grupo delictivo en Nuevo Laredo, hechos ocurridos el 3 de julio que se revelaron en un video semanas después, y en Chihuahua, Jéssica Silva, de 35 años, murió en la ciudad de Delicias, Chihuahua, a causa de un ataque armado provocado por integrantes de la Guardia Nacional.
La organización resaltó como temas de preocupación que en materia de violencia contra mujeres, se mantuviera la reducción de 75% para Inmujeres, y de manera particular que “el presidente de la República seguía minimizando el problema de la violencia contra las mujeres, cuestionando la validez de las llamadas telefónicas realizadas a los servicios de emergencia para denunciar la violencia de género en el ámbito familiar y criticando las protestas de las mujeres contra los feminicidios”.
En su informe anual, Amnistía Internacional incluye las reacciones del presidente López Obrador ante defensores de derechos ambientales y de los pueblos indígenas opositores a la construcción del Tren Maya, a quienes acusó como “falsos ambientalistas”, pese a que las posiciones de los activistas coinciden con la de seis relatores de la ONU que manifestaron sus preocupaciones por el proyecto.
