En condiciones normales sería deseable que los diversos partidos compitiesen defendiendo sus perfiles políticos y pactando alianzas sobre la base de afinidades ideológicas y propuestas definidas. Pero no estamos viviendo tiempos normales. Hay una situación de emergencia, una amenaza que podría ser devastadora para el sistema democrático
Roger Bartra, Regreso a la jaula. Debate, p. 191.
El domingo 4 de abril dieron inicio las campañas para el proceso electoral más complejo en la historia de México. Aún no concluye la Semana Mayor de este 2021 y a las 00:01 horas dio inicio la competencia electoral que pone en juego las estructuras de al menos 10 partidos políticos nacionales, en la búsqueda de lograr la preferencia ciudadana el próximo 6 de junio. Según el portal del INE, al último corte del 5 de marzo pasado, el padrón electoral considera que 94,999,249 ciudadanos estarán en posibilidades de emitir su voto el primer domingo de junio, de ellos 45.8 millones son hombres y 49.1 millones son mujeres; poco más de 3.7 millones son jóvenes que votarán por primera vez; y, 16.5 millones son adultos mayores de 60 años.
En el proceso electoral de medio año, estarán en juego 500 diputaciones federales y 19 mil 915 cargos de índole local, 15 gubernaturas, 642 diputaciones locales de mayoría, 421 de representación proporcional, y 1,923 presidencias municipales.
Estas elecciones están marcadas desde ahora, y los ciudadanos lo perciben, como un proceso que de origen estará judicializado por los diversos actores políticos involucrados, desde el propio árbitro, INE, pasando por el gobierno de la República, los gobiernos locales, los partidos políticos y, por supuesto, los candidatos.
La configuración de ésta, que promete convertirse en una auténtica conflagración electoral, tiene como su eje de batalla, la determinación de las condiciones políticas del camino que habrá de recorrer el presidente López en la segunda parte de su mandato. Desde el 1º de septiembre de 2018, la mañosa mayoría que construyó el régimen, y sus alquimistas legislativos, le permitieron transitar con una relativa holgura en su gobierno. Sin embargo, los resultados han sido magros en contraste con lo que con tanta pompa y boato pregonó la 4T y su dicharachero líder durante estos más de 28 meses de “transformación”. El resultado que surja de los comicios del 6 de junio, con la integración de la composición de la Cámara de Diputados, será determinante para el proyecto lopezobradorista en el tramo 2022 al 2024.
Las batallas se iniciaron tiempo atrás, el INE es una de las instituciones de carácter ciudadano y efectivamente autónomas que no ha logrado doblegar el presidente López, la otra es el INAI (el Instituto Nacional de Acceso a la Información). Su independencia lo incomoda, sobre todo cuando pone en tela de juicio, a la sombra de la Constitución y las leyes, las ocurrencias y caprichos relativos al control político del país. Más allá de las gubernaturas, a AMLO lo que le interesa es el control del Poder Legislativo, perder la amañada mayoría calificada de la Cámara de Diputados, le quita el sueño, la mayoría simple no le sirve, significaría el fin de la 4T.
La lucha inició con serias decisiones del INE respecto a la imposición de la ley a los concursantes del proceso, particularmente al partido oficial. Dos acciones provocaron la ira del morenismo. En primer lugar la aprobación del Consejo General del INE en el que se aprobaron las reglas para evitar la sobrerrepresentación partidista en la Cámara de Diputados, del 19 de marzo pasado, para hacer efectivo lo establecido en el artículo 54 de la Carta Magna, que establece que: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”. Decisión que le costó el embate presidencial y del líder de Morena, Mario Delgado, con una tormenta de epítetos descalificadores y agresivos. Cuatro días más tardes, en otro acuerdo del propio órgano de gobierno del INE se sancionaron a 49 candidatos de diferentes partidos por incumplir con la Ley de Partidos Políticos y Procedimientos Electorales y no entregar en tiempo y forma sus informes relativos a sus gastos de precampaña, esto significó, otra vez para Morena, el retiro del registro de dos cartas a las gubernaturas en juego, por una parte de Raúl Morón, candidato al gobierno de Michoacán, y el de Félix Salgado Macedonio, al gobierno de Guerrero. La 4T hizo erupción.
El presidente López, quien había firmado un Acuerdo por la Democracia con 25 gobernadores para no intervenir en el proceso electoral, explotó apenas unas horas después de la firma de ese instrumento impulsado, sí, por él mismo.
Este es el entorno político electoral del proceso que el domingo 4 dio inicio formal a nivel nacional. No es, por mucho, una contienda en condiciones de normalidad; no, es una situación extraordinaria para la vida democrática del país, para todos los mexicanos. Así debemos asumirla y comprenderla. En efecto, la lucha real será entre los integrantes de las dos grandes coaliciones en la contienda, por un lado, el oficialismo representado por el bloque de “Juntos hacemos historia”, Morena, PT, PVEM; y por el otro lado, el bloque de “Va por México”, integrado por el PAN, PRI y PRD. También participan Movimiento Ciudadano, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y Partido Encuentro Solidario, y su rol será importante sobre todo a nivel regional en algunos casos.
Estas elecciones están llenas de significado tanto para los impulsores de la ya famosa Cuarta Transformación, como para sus detractores. Pero, en sentido estricto, lo es principalmente para México, para mantener la posibilidad de avanzar en la construcción de una democracia moderna y efectiva, o terminar de dar una vuelta en U con la arcaica propuesta de la 4T. Hoy, como afirma Bartra (Regreso a la Jaula, p.186), “el país se encuentra gravemente dividido y crecen los enconos entre los ciudadanos que se encuentran enfrentados”. Sólo los ciudadanos libres podemos componer al país.
