APRO/Rodrigo Vera
Los ministros de culto que en México discriminen a la comunidad lésbico-gay y se opongan a sus matrimonios igualitarios, recibirán sanciones administrativas que pueden llegar a la clausura de sus templos y a la cancelación del registro de las iglesias a las que pertenecen. Así lo estipula una iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Impulsada por la secretaria de Gobernación, Oiga Sánchez Cordero, y presentada por Morena en la Cámara de Diputados, dicha iniciativa considera que ya es urgente ponerle un alto a la homofobia sacerdotal, pues ésta se ha convertido -asegura- en una fuerte “oposición” a la lucha por los derechos humanos de la población de la diversidad sexual.
La diputada de Morena que presentó la iniciativa, Reyna Celeste Ascencio Ortega, comenta: “Los ministros de culto se han caracterizado por exhortar a sus fieles a la discriminación y a la intolerancia contra la comunidad lésbico-gay. Esta reforma intenta frenar precisamente sus discursos de odio que generan incluso crímenes por homofobia, sobre todo contra las personas transexuales”.
–Pero los ministros de culto sustentan sus exhortaciones en los principios doctrinales de sus iglesias. ¿De alguna manera la iniciativa rechaza estos lineamientos eclesiásticos?
–Pues sí. Nuestra iniciativa está atacando precisamente esa parte de sus principios doctrinales, por eso los grupos religiosos están tan molestos. Pero bien pueden predicar la paz y el amor, dejando a un lado sus discursos discriminatorios que tanto daño provocan.
Ascencio Ortega recalca que, de manera sistemática, las iglesias han condenado a los homosexuales y a sus matrimonios igualitarios, al grado de que organizan fuertes manifestaciones de protesta cada vez que un congreso estatal intenta legalizar estas uniones. Ya hacía falta, dice, una disposición legal que por fin les pusiera el alto.
Sanciones expresas
En efecto, la reforma al artículo 29, fracción N, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, señala textualmente que “constituyen infracciones… ejercer actos de discriminación con motivo de la identidad sexual o expresión de género de las personas”.
Mientras que el artículo 32 detalla las sanciones que -según la “valoración” de la autoridad- se aplicarán a los ministros infractores:
“Apercibimiento”, “multa de hasta 20 mil días de salario mínimo general” vigente en la Ciudad de México, “clausura temporal o definitiva” del templo donde se den los actos discriminatorios, “suspensión temporal de derechos de la asociación religiosa” y, finalmente, “cancelación del registro de la asociación religiosa”.
Advierte la iniciativa que el mismo artículo 1 de la Constitución prohíbe todo tipo de discriminación, ya sea por motivos de “origen étnico”, de “condición social” y de “preferencias sexuales”, entre otros.
Argumenta: “La libertad de culto no puede tener como presupuesto el menoscabo de otros derechos, mucho menos afectar o estigmatizar a las personas con motivo de su orientación sexual o expresión de género, ya que ello no sólo afecta a la persona a quien se dirige el discurso de odio y discriminación, sino que propicia una sociedad intolerante y que da pie a justificar dichos actos de discriminación en razón deque los profiere un ministro de culto u organización religiosa que sin duda ejerce un ‘poder religioso’ sobre su feligresía.
También asegura la iniciativa que esos “discursos de odio”, proferidos desde el púlpito por los ministros de culto, provocan que las personas de la comunidad lésbico-gay “sean rechazadas no sólo por la comunidad religiosa, sino en el propio seno familiar”.
De ahí que, concluye, en México las asociaciones religiosas “constituyen de facto una oposición a los logros y a la lucha por los derechos de la población de la diversidad sexual”.
En su Informe 2020, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI en México señala que en el país se han registrado 209 asesinatos contra esta comunidad durante el periodo que va de 2014 a mayo de 2020. Y menciona que el año más violento fue 2019, cuando se cometieron 75 “crímenes de odio” contra esa población.
Lesbiana y activista de la comunidad lésbico-gay, la diputada Ascencio Ortega dice en la entrevista: “Yo presenté la iniciativa en octubre del año pasado. Actualmente ya fue aprobada y dictaminada por la Comisión de Gobernación y Población, donde la respaldan los diputados de Morena y algunos del PAN, PRI, PT, del Partido Verde y de Movimiento Ciudadano. Falta presentarla ante el pleno”.
La iniciativa da continuidad a otras conquistas legislativas a favor de los derechos de la comunidad LGBTITI, como es el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y su derecho a adoptar hijos, o la prohibición de las llamadas terapias de conversión en el Código Penal de la Ciudad de México.
“Estos avances se están dando sobre todo en las leyes de la Ciudad de México. Ahora intentamos, con esta iniciativa, un cambio en la legislación federal. Será un avance muy importante”, dice.
En el gobierno de la Cuarta Transformación -revela-, una de las principales impulsoras de estas luchas legislativas es la secretaria de Gobernación, Oiga Sánchez Cordero, sobre quien comenta:
“Sánchez Cordero siempre nos ha apoyado en el tema de la diversidad sexual y de la identidad de género. Incluso, gracias a ella ahora se marca el 17 de mayo como el día de la LGBTITI-fobia”.
–¿Usted se ha reunido con Sánchez Cordero para tratar estos temas legislativos?
-Claro. Nos hemos estado reuniendo desde diciembre de 2018, tan pronto Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República, y cuando ella y yo ya habíamos tomado protesta en nuestros cargos. Nuestras primeras reuniones fueron en su despacho particular, luego en sus oficinas de Gobernación y ahora son virtuales, debido a la pandemia del covid.
–¿Ella conoce bien la agenda de iniciativas de la población de la diversidad sexual?
–Sí, por supuesto, está muy al tanto. Por ejemplo, también intentamos cambiar las leyes para que el matrimonio civil no sea únicamente entre un hombre y una mujer, como actualmente se estipula, sino que ahora se diga “entre dos personas”.
“Sánchez Cordero me recomienda: Sabes qué, Celeste, es más fácil empezar por reformar el Código Civil Federal para que el matrimonio sea simplemente entre dos personas, y a partir de ahí los códigos civiles estatales podrán seguir en esa dirección … Ese tipo de asuntos son los que estamos analizando”.
–Sin embargo, el presidente López Obrador, quien se dice cristiano, nunca ha apoyado esas agendas legislativas, y hoy tiene mucho control en el Congreso.
¿La Presidencia de la República no la ha presionado para que desista de su actual iniciativa?
-¡No! ¡Para nada! Al contrario, ha habido un buen entendimiento porque nosotros no estamos atacando a los grupos religiosos, sino solamente a sus miembros que discriminan. Es más, quien me dio este espacio como diputada federal, por la vía plurinominal, fue el propio López Obrador, y él sabe muy bien que yo pertenezco a la población de la diversidad sexual. De manera que en este punto no hay motivo de preocupación.
“ … Mire, en México hay libertad para tener la creencia religiosa que más nos plazca, como la tiene López Obrador. En eso no hay ningún problema. Y vuelvo a repetir: lo que nos mueve es acabar con los crímenes por homofobia, incitados muchas veces por los discursos de odio que queremos prohibir”.
Discursos de odio
Hay en México casos muy sonados de este tipo de discursos, provenientes sobre todo del clero católico, como el polémico discurso pronunciado el 30 de septiembre de 2014 por el entonces obispo de Aguascalientes José María de la Torre Martín, quien equiparó a las uniones homosexuales con actos de zoofilia.
Para oponerse al matrimonio gay, que entonces se debatía en el congreso local, dijo De la Torre Martín: “El día de mañana cualquier cosa va a ser familia, pero ya no va a ser familia de verdad. Y si por ahí vamos, el día de mañana se podrá casar un señor con un perrito o con una perrita, y van a poder adoptar perritos, dar herencia a los perritos … y así. O sea que se abre la puerta a un experimento social peligrosísimo”
Las quejas contra el obispo De la Torre -quien llamaba “invertidos” a los homosexuales- no tardaron en llegar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el cual obligó al prelado a pedir una disculpa pública.
Otro caso, documentado ampliamente por este semanario, fue el de Emilio Berlié Belaunzarán, quien siendo arzobispo de Yucatán, en 2006, denunció en el Vaticano a su sacerdote Raúl Lugo Rodríguez, pues éste daba atención espiritual a homosexuales con sida en el albergue Oasis de San Juan de Dios, experiencia que lo llevó a publicar el libro Iglesia católica y homosexualidad, donde se aparta de la doctrina de la Iglesia al asegurar que la homosexualidad no es un pecado, sino “otra manera, así sea minoritaria, de vivir la sexualidad”, por lo que pide “la aceptación y normalización de los homosexuales en la vida eclesial”.
Por su postura, el arzobispo Berlié censuró duramente al padre Lugo, en tanto que el clero yucateco arreció su prédica contra los homosexuales porque “destruyen la familia, son un peligro social y no tienen perdón de Dios”. Estos discursos discriminatorios también se denunciaron ante el Conapred (Proceso 1652).
Todavía el pasado lunes 15, la Congregación para la Doctrina de la Fe, del Vaticano, volvió a reiterar su condena a los actos homosexuales y a las uniones entre personas del mismo sexo, que sigue permeando entre obispos y arzobispos, quienes a su vez la hacen llegar a sus párrocos para que estos la propaguen entre su feligresía y las organizaciones de laicos católicos.
A esta sólida estructura piramidal es a la que está atacando la reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas. Y para hacerlo cuenta con el apoyo de las organizaciones de la comunidad LGBTTTI.
“Nuestro trabajo legislativo necesita el respaldo de todas estas organizaciones y colectivos. Sería un error de nuestra parte no recurrir a ese apoyo”, señala la diputada Ascencio.
La joven legisladora michoacana, de 28 años y de origen purépecha, señala que están trabajando otros cambios legislativos a favor de la diversidad sexual, como reformar el artículo tercero constitucional para que los niños reciban educación sexual desde la educación primaria.
“Por lo pronto, esta reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas es un paso más que intentamos dar … Pero aún nos falta mucho camino por recorrer”.
