APRO/Arturo Rodríguez
Con el argumento de erradicar la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto en la mira a organismos autónomos, entidades descentralizadas de la administración pública central e inclusive al Poder Judicial.
Además, en sus posiciones públicas respecto de cada caso presentado en el actual sexenio, siempre expuestas en sus conferencias de prensa matutinas, el mandatario ha personalizado críticas y cuestionamientos e instruido investigaciones contra funcionarios ajenos a su autoridad, forzando renuncias y retiros anticipados, aunque sin consecuencias judiciales.
El episodio más reciente tuvo su origen en la primera de varias suspensiones provisionales concedidas a particulares inconformes con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que en semanas previas fue aprobada con la mayoría de votos de Morena y sus aliados en las dos cámaras legislativas, sin que el debate parlamentario posibilitara mover ni el mínimo detalle a la iniciativa presidencial de reforma.
La primera reacción del presidente López Obrador, el lunes 15, fue pedir una investigación contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó el primer amparo y posteriormente varios más. Mediante una solicitud al Consejo de la Judicatura que amplió el jueves 18, el juzgador se convirtió en uno de los varios señalados por el titular del Ejecutivo.
Además, López Obrador reveló que había instruido una investigación sobre el ministro en retiro José Ramón Cossío, acusándolo de aliarse con Claudio X. González y de estar ambos detrás de los amparos a la polémica reforma.
El presidente fijó su posición desde que la iniciativa fue presentada: con la reforma energética realizada el sexenio pasado, producto del llamado Pacto por México, los productores privados de energía eléctrica renovable han sido privilegiados, mientras que la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad quedó obsoleta. Su intención, ha dicho, es invertir los papeles de manera que se generen ahorros evitando los “contratos leoninos” suscritos con los productores privados, a los que ha señalado como beneficiarios de esquemas de corrupción.
Ante la suspensión provisional concedida a la franco-nipona Eoliatec (un consorcio eólico integrado por las empresas EDF Energies Nouvelles y Mitsui) el jueves 11, la postura presidencial se radicalizó y, con el otorgamiento de otras suspensiones provisionales, el martes 16, de plano anunció que buscará mantener el marco normativo del sector eléctrico aprobado por el Legislativo y suspendido por el Judicial, en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su oportunidad, declare inconstitucional la reforma.
El camino seguido en el tema por el presidente es similar a otros casos en los que, sea por decreto o por reforma, ha concretado sus planes –con descalificación personalizada de por medio– en los dos años cuatro meses que lleva en la titularidad del Ejecutivo.
Claves discursivas
La “austeridad republicana”, el ahorro de recursos públicos y la promesa de erradicar la corrupción son clave discursiva y objetivo declarado de cada polémica con otros poderes y organismos autónomos, en los que funcionarios son señalados desde la tribuna presidencial y sometidos a escarnio hasta que finalmente se retiran de su cargo.
La primera ocasión en que esa fórmula política se aplicó fue el 18 de febrero de 2019, apenas iniciado el sexenio. López Obrador convocó a su conferencia de prensa matutina a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, para rendir un amplio informe sobre sospechas de corrupción centradas en el entonces presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer.
“No es porque nos haya criticado, es porque no se midieron”, dijo el mandatario aludiendo a lo que considera políticas privatizadoras y corrupción.
Tras el informe sobre posible conflicto de intereses en su función y acciones que beneficiaron a Fermaca, empresa en la que tenía dos familiares, descalificado en diferentes ocasiones, García Alcocer renunció al cargo en junio.
Desde esa ocasión, las menciones del presidente sobre organismos autónomos, particularmente en el sector energético, fueron constantes y se ampliarían luego al Instituto Nacional de Transparencia, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros, cuyos titulares habían cuestionado una política del mandatario o girado instrucciones que incomodaban al presidente.
Entre esos casos destaca el de Gonzalo Hernández Licona, quien se desempeñaba como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo del que fue fundador y en el que, ciertamente, como reiteró el mandatario, estaba en el cargo desde 2004.
El 18 de julio de 2019 Hernández Licona criticó la política de “austeridad republicana” en un artículo publicado por el portal noticioso Animal Político. En el texto señalaba que los recortes presupuestales podían dejar inoperante al Coneval, entre otras consideraciones. Apenas permaneció en el cargo un día y fue reemplazado.
Los argumentos sobre la salida fueron expuestos por López Obrador el 23 de julio siguiente; dijo que el ciclo de Hernández Licona había terminado, no por las críticas: “No es cierto que (el reemplazo) haya sido porque escribió en contra de la austeridad. Tan no fue cierto que se decidió antes de que escribiera su artículo… no es mi fuerte la venganza”.
Los cuestionamientos al respecto siguieron esa semana y, en respuesta, el presidente exhibió cuánto ganaba Hernández Licona (220 mil pesos, según el mandatario) y el 25 de julio de plano amagó con la extinción del Coneval, considerando que sus funciones podían ser realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi):
“No lo descartamos, porque la verdad, abusaron con la creación de todos estos organismos, crearon aparatos burocráticos onerosos sin beneficio, llenaron de oficinas, de instituciones supuestamente autónomas, independientes. Se puso de moda todo eso. Y existen instituciones. Si se tiene el Inegi, ¿por qué no hace esa función?”
Aunque nada tenía que ver con el tema del artículo ni del Coneval, el presidente relacionó su política de austeridad y la reducción del sueldo de los funcionarios para articular su malestar por la consideración de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que le recomendó ser más precavido luego de que declaró que el semanario Proceso “no se portó bien con nosotros”.
“¿Cuánto ganaba el que estaba de director del Coneval? 220 mil pesos (…) por eso están molestos. Pero ni un paso atrás, aunque vengan recomendaciones de la ONU para que no digamos que Proceso es una revista conservadora… vamos a seguirlo diciendo”, expuso.
“Sabotaje legal”
Entre las confrontaciones y descalificaciones que a diario suele emitir el titular del Poder Ejecutivo, los amparos tienen un lugar destacado y han motivado señalamientos en diferentes temas contra el empresario Claudio X. González y el propio José Ramón Cossío, involucrados en la polémica reciente sobre la Ley de la Industria Eléctrica.
El 1 de julio de 2019, durante su mensaje con motivo del aniversario de su triunfo electoral, que suele llamar “informe de gobierno”, López Obrador se refirió a las demandas de amparo para preservar el proyecto aeroportuario de Texcoco en lugar de su proyecto de Santa Lucía. Las calificó de “sabotaje legal”.
En todo momento el mandatario ha considerado que los amparos tienen el propósito de frenar las transformaciones que se propone y que quienes los demandan están de acuerdo con la corrupción, tienen intereses políticos o económicos. Lo dijo con los amparos contra la cancelación de las decisiones sobre el proyecto aeroportuario, y lo ha reiterado con el Tren Maya, el Transístmico y en relación a las comunidades que se oponen, inclusive desde antes de iniciar su gobierno, a megaproyectos energéticos.
Sin embargo, la primera polémica fue por la reforma a los artículos 116 y 127 de la Constitución, a partir de una iniciativa remitida por López Obrador el 14 de agosto de 2018, aun siendo presidente electo, a fin de que los funcionarios públicos de los tres poderes y los organismos autónomos se sometan a ganar menos que el presidente de la República, que se fijó un salario de 108 mil pesos; eso es, la mitad de lo que ganaba Enrique Peña Nieto.
Una cauda de amparos demandados por los consejeros electorales y personal del Instituto Nacional Electoral, así como de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y del Poder Judicial, dieron al traste con la pretensión. Además de diferentes señalamientos contra jueces y consejeros, el mandatario anunció el pasado 20 de noviembre:
“No descarto el que vuelva a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución, porque muchos servidores públicos del Poder Judicial se ampararon, se les concedió el amparo y están ganando más. Quiero que quede claro que se respete la Constitución y que nadie pueda ganar más que el presidente de la República, que haya excepciones pero muy bien definidas y que no se preste a interpretaciones.”
