APRO/Mathieu Tourliere
El nombre del controvertido empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo íntimo, contratista favorito y presunto prestanombres del expresidente Enrique Peña Nieto, está emergiendo en los expedientes sobre la corrupción del sexenio pasado que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso una denuncia en febrero último por las irregularidades que detectó en la construcción del Hangar Presidencial, realizada por una filial de Grupo Higa.
En esa faraónica construcción la ASF detectó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pagó sobrecostos por 179 millones 270 mil pesos a Concretos y Obra Civil del Pacífico, SA de CV, empresa de Hinojosa Cantú. El costo final de la obra ascendió a mil 182 millones de pesos e incluyó el recinto para albergar el célebre avión presidencial Dreamliner 787, un salón oficial, un estacionamiento para 520 vehículos y canchas deportivas.
Además, 11 personas aparecen “imputadas” en la denuncia sobre el Hangar Presidencial; entre ellas figuran Cohinta Berenice Rodríguez Olivares, apoderada legal de la empresa de Hinojosa Cantú, así como nueve exfuncionarios del AICM.
Esta es una de las 13 denuncias que el organismo fiscalizador entregó a la dependencia dirigida por Alejandro Gertz Manero el 17 de febrero reciente, y de las que Proceso obtuvo algunos detalles.
En la mira
Entre los imputados de estas 13 denuncias destacan algunos de los principales protagonistas de la corrupción del sexenio pasado, como la empresa Odebrecht y exfuncionarios que integraban el primer círculo de Rosario Robles Berlanga –como su exoficial mayor, Emilio Zebadúa González– o del exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa, entre ellos, personajes que escaparon a las autoridades en denuncias anteriores.
Entre las personas que la ASF acusó por irregularidades del pasado destaca también Leonardo Cornejo Serrano, quien ahora es el jefe de proyecto de la controvertida Refinería Dos Bocas –uno de los megaproyectos emblemáticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador–; la ASF denuncia a Cornejo Serrano por su participación en los sobrecostos pagados a Odebrecht cuando él fue director de Proyectos de Pemex Transformación Industrial (Ptri).
Las 13 denuncias son producto de las auditorías realizadas a diversas instituciones en las cuentas públicas de 2014 a 2018, y amparan un monto total de irregularidades por 4 mil 112 millones de pesos. Con ellas, la FGR tendrá una nueva oportunidad para investigar y sancionar a algunos de los protagonistas de sonados casos de corrupción del sexenio de Peña Nieto que hasta el momento permanecen impunes.
Con este paquete, la ASF suma 358 denuncias interpuestas ante la FGR en los últimos cinco años y medio por irregularidades observadas durante el sexenio pasado; 73 derivan de auditorías a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que fue dirigida sucesivamente por los priistas Enrique Martínez y Martínez y José Calzada Rovirosa, 37 apuntan contra las dependencias dirigidas por Rosario Robles, 32 contra el gobierno de Veracruz y seis contra Pemex, entre otras.
Personaje impune
Después que el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui reveló que Hinojosa Cantú había construido y financiado la llamada “Casa Blanca” de Peña Nieto en el exclusivo barrio capitalino de Las Lomas, el gobierno federal dejó de adjudicar contratos a sus empresas e, incluso, canceló el contrato multimillonario del tren México-Querétaro, lo que causó una fuerte molestia en China.
La Secretaría de la Función Pública (SFP), entonces dirigida por Virgilio Andrade Martínez, realizó una investigación que concluyó en la ausencia de conflicto de interés entre Peña Nieto e Hinojosa Cantú –también de Luis Videgaray, a quien el tamaulipeco vendió una casa en condiciones preferenciales–.
La denuncia que la ASF interpuso en febrero último deriva del contrato para la construcción del Hangar Presidencial, el cual fue uno de los numerosos negocios que Peña Nieto entregó a las empresas de Hinojosa Cantú desde su administración en el gobierno del Estado de México. Sólo en contratos públicos el priista le entregó por lo menos 60 mil millones de pesos.
Al amparo del mexiquense, Hinojosa Cantú se hizo con una fortuna y en julio de 2015 creó una compleja red de entidades offshore con el despacho panameño Mossack Fonseca, para mover 100 millones de dólares que, según su asesor financiero, sólo representaba una “pequeña parte” de su patrimonio.
Con la denuncia de la ASF sobre el Hangar Presidencial, la FGR suma al menos cuatro expedientes en los cuales aparece directa o indirectamente Hinojosa Cantú, aunque no como imputado. Fuentes cercanas al caso refieren a Proceso que la FGR está investigando a Grupo Higa por su papel en la trama de la Casa Blanca.
Aparte, existe otro expediente abierto relativo a la sustracción, por parte de tres exfuncionarios de la SFP, de la carpeta de investigación que Andrade mandó hacer sobre la Casa Blanca; estos tres personajes son ahora funcionarios del Estado de México, gobernado por el priista Alfredo Del Mazo Maza, primo de Peña Nieto. Este caso, denunciado por la SFP e investigado por la fiscalía anticorrupción de la FGR ya se encuentra ante la justicia federal.
Estafa en serie
En el paquete de denuncias que la ASF interpuso en febrero pasado aparece la plana mayor de Rosario Robles Berlanga en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuyos servidores públicos pagaron servicios y bienes sin justificación, por un monto de 316 millones 852 mil pesos.
Desde 2015, la ASF interpuso 38 denuncias por los esquemas de desvíos multimillonarios de recursos –conocidos como Estafa Maestra–, varias sirvieron de base para las acusaciones con las cuales la FGR mantiene a Rosario Robles en la cárcel desde agosto de 2019, donde sigue en espera de su juicio por ejercicio ilícito del servicio público.
En esta denuncia derivada de la auditoría 415-DE, relativa a la cuenta pública 2017, surge como primer imputado Emilio Zebadúa González, quien como oficial mayor de Robles durante todo el sexenio de Peña Nieto fue la pieza clave de los desvíos.
A diferencia de su exjefa, Zebadúa se ha salvado –por ahora– de ir a la cárcel. El político está negociando con la FGR su condición de testigo colaborador y un criterio de oportunidad para evitar su condena y el decomiso de sus bienes por lavado y porque la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que él y familiares gastaron 205 millones de pesos en casinos.
Independientemente de su condena, Zebadúa debe reembolsar mil 632 millones de pesos a la Tesorería de la Federación por la Estafa Maestra, según reportó Animal Político en diciembre pasado.
Aparte de Zebadúa, la denuncia de la ASF cita como imputados a 31 altos exfuncionarios de la Sedatu, entre ellos los subsecretarios Adelina Cortés Delgado, Gerardo Esteban Jacinto y José Luis Espinosa Díaz; así como el vocero de Robles, Gustavo Rodríguez González; dos jefas de oficina (Beatriz Prado López y María Eugenia Romero Martínez); su coordinador de giras, Roberto Barragán Lannoy –también lo fue de Vicente Fox entre 2001 y 2006–, y otras decenas de directores generales de la institución.
Además de la denuncia contra exfuncionarios de la Sedatu, la ASF interpuso una acusación formal por los desvíos de 40 millones de pesos operados por esa dependencia con la Televisora de Hermosillo (Telemax), en la cual señaló como imputado a Daniel Hidalgo Hurtado, director de la televisora, y dos empresas fantasma.
Y no sólo esto: la ASF interpuso otras denuncias por esquemas de Estafa Maestra documentados en revisiones a las gestiones de la Sagarpa, de Diconsa y del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, con irregularidades totales por 157 millones 686 mil pesos.
Corrupción jarocha
La denuncia en la que la ASF documentó el mayor monto de irregularidades (2 mil 750 millones de pesos) se refiere a la gestión de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz –cuyo sexenio está marcado por desvíos multimillonarios, asesinatos de periodistas, violaciones graves a derechos humanos y violencia desbordada–, que culminó con su escape en helicóptero hacia Guatemala, donde fue detenido en abril de 2017, tras 186 días de prófugo.
La ASF señaló como imputados a cinco operadores financieros clave del exgobernador, envueltos en los escándalos multimillonarios que involucraron empresas fantasma y servicios simulados; entre ellos figuran sus dos exsecretarios de finanzas, Mauricio Martín Audirac Murillo y Antonio Gómez Pelegrín, así como los subsecretarios Carlos Aguirre Morales y Jorge Jaramillo Méndez, y el otrora tesorero Arnulfo Octavio García Fragoso.
Estos personajes, integrantes del primer círculo de Duarte y de su esposa, Karime Macías, ya han enfrentado varios procedimientos penales sin pisar la cárcel hasta el momento, aunque varios –como Audirac– están batallando en tribunales y mediante amparos para no ser condenados en el contexto de denuncias anteriores.
En otra denuncia, la ASF señaló irregularidades perpetradas por ocho exfuncionarios de Pemex Transformación Industrial (Ptri), quienes tuvieron a su cargo el contrato DCPAOP-GCP-DGTRI-A-3-15, de mil 939 millones de pesos, otorgado a la polémica constructora brasileña Odebrecht, para la construcción del sistema de aprovechamiento de aguas residuales en la refinería Miguel Hidalgo de Tula.
En el marco de este contrato, los “sobreprecios sin justificación alguna” probados por la ASF se elevan a 216 millones 63 mil pesos y fueron producto de “insumos con costos superiores a los pactados en otro contrato similar en cuanto a su objeto e insumos” y por los “bajos rendimientos de mano de obra y maquinaria que no eran necesarios para la ejecución de los trabajos debido a la naturaleza de estos”.
Uno de los personajes señalados es Leonardo Cornejo Serrano, coautor de un estudio de mercado que sirvió para justificar la asignación directa del contrato a Odebrecht, con presunta corrupción de por medio. El mismo Cornejo es ahora director de obras en la Refinería Dos Bocas, proyecto impulsado por la Secretaría de Energía, que encabeza Rocío Nahle.
