APRO/Alejandro Gutiérrez
El martes 9, el Parlamento Europeo levantó la inmunidad a los europarlamentarios Carles Puigdemont –expresidente catalán– y a los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, lo que abre la puerta a la reactivación de las órdenes europeas de detención y extradición (OEDE) para que España los juzgue por los delitos de sedición y malversación cometidos supuestamente durante el referéndum del 1 de octubre de 2017 y los hechos que derivaron en una efímera declaración de independencia de Cataluña.
La votación del dictamen que recomendaba conceder el suplicatorio emitido por el magistrado del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena, para quitar la inmunidad a estos eurodiputados se definió con 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones.
Sin embargo, la historia podría tener todavía muchos capítulos más. Para que suceda la entrega a España por lo menos habrá una serie de procedimientos y decisiones jurisdiccionales que tendrán que dirimirse en tribunales europeos antes de una decisión final.
“Este litigio todavía tiene un largo recorrido por delante en instancias europeas”, explica el abogado Gonzalo Boyé, quien coordina la estrategia de los equipos jurídicos de los políticos acusados en distintos países europeos.
“Tenemos una serie de armas jurídicas que vamos a poner en marcha. Y creemos que esto todavía tiene recorrido en cancha de Europa”, asegura, y explica que la justicia y el gobierno de España han tratado de vender el discurso de que “el caso de Cataluña es un tema interno de España y que se debe dirimir en casa, cuando nosotros desde el principio hemos señalado que la independencia de Cataluña es un tema europeo y en el que hay un ingrediente de persecución política”.
El entrevistado alude a la declaración de la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arantxa González Laya, quien tras la votación declaró que el “triple mensaje” de la decisión del Parlamento Europeo es que un eurodiputado no puede utilizar su condición para protegerse de comparecer ante justicias nacionales, habla de la solidez de la justicia española y que “los problemas de Cataluña se resuelven en España, no en Europa”.
“Creo que la ministra no estuvo muy acertada, porque la votación demuestra que en tres años de exilio los políticos catalanes han sido capaces de transformar el relato homogéneo en Europa de que este era un asunto interno de España, y avanza la idea de que es un tema de persecución política que importa, porque se trata de los estándares democráticos en Europa, y de que debe tener un cauce de solución y entendimiento por vías políticas, no de judicialización de la política”.
Y explica: “Nosotros estudiamos alrededor de 300 suplicatorios –así llamado el recurso jurídico como el que esgrimió Llarena para la retirada de la inmunidad– a lo largo de 40 años de historia en el Parlamento Europeo, y la inmensa mayoría se votan por unanimidad o por mayoría calificada. En este caso 57% se sumó a la tesis de la justicia española”.
“No obstante –prosigue–, 42% de los votos de los europarlamentarios fueron en contra del suplicatorio y refrendaron así la afirmación de que el tema catalán es un tema político, no un tema judicial ni delictivo. Al romperse esa unanimidad habitual, deja en claro que para 42% de los diputados europeos, que no es poco, en este caso hay una persecución política”.
Lo que sigue
Cuando Puigdemont y los exconsejeros, dirigentes de Junts per Catalunya (JxCat), obtuvieron el acta como europarlamentarios, Llarena tuvo que solicitar a la Cámara europea el suplicatorio para que se levantara la inmunidad.
A su vez comunicó a la justicia belga que la orden europea de detención y entrega quedaba paralizada hasta en tanto el Parlamento Europeo tomara una decisión.
Tras la decisión del martes 9, la Cámara notificará a Llarena del resultado y este tendría que informar a las autoridades judiciales belgas de la nueva situación de los acusados para que reactiven la euro-orden de detención y entrega a España para ser juzgados por la causa del procés catalán.
Puigdemont, Comín y Ponsatí, el grupo de Waterloo, sitio donde residen, han anunciado que recurrirán la decisión del Parlamento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Boyé sostiene que, de acuerdo con la tesis que ellos impulsan, la idea es que el Tribunal, al suspender el levantamiento de la inmunidad, les permita mantener la movilidad por distintos países de Europa.
El hecho es que si el TJUE admite la medida cautelar, entonces la entrega de los líderes catalanes volverá a quedar en suspenso hasta que sea resuelto.
Eso también sería un condicionante para que Bélgica inicie el nuevo trámite de la euro-orden para que Puigdemont y los exconsejeros sean entregados a España.
Pero no son todas las acciones jurídicas que deben ser dirimidas en los próximos meses. Paralelamente, Llarena planteó una cuestión prejudicial (así llamado el recurso) ante el TJUE para que se pronuncie sobre la postura de Bélgica en torno a las OEDE, ya que este país rechazó la entrega del exconsejero Lluis Puig, quien es procesado por un delito de malversación de caudales públicos.
La Audiencia de Apelaciones de Bruselas determinó no entregar a Puig para ser juzgado en el Tribunal Supremo cuando este órgano no era competente para ello. El magistrado español considera que la justicia belga se ha extralimitado al valorar qué tribunal español es el competente.
Llarena busca que el TJUE se pronuncie con más claridad sobre la labor de cooperación entre los países de la Unión Europea en materia de las OEDE.
Boyé explica una serie de procedimientos que, en su opinión, Llarena ha hecho mal, como el hecho de que “el levantamiento de la inmunidad no permite enjuiciarles ni ejecutarse la euro-orden. En nuestra opinión, en un hipotético caso, les da para llevarlos solamente a (el aeropuerto madrileño) Barajas y no más”.
División en España
En la sesión de control al gobierno de Pedro Sánchez, en el pleno del Congreso español del miércoles 10, el vicepresidente Pablo Iglesias contestaba a una pregunta formulada por el Partido Popular (PP), pero su mensaje parecía estar más dirigido a su socio de gobierno, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
El líder de Unidas Podemos se refería al escueto apoyo que había tenido el suplicatorio para levantar la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí: “Los dos últimos suplicatorios en el Parlamento Europeo tuvieron más de 90% de síes. Este tuvo poco más de 50%. Reflexionen ustedes sobre si hay un conflicto político (en Cataluña)”.
Y es que el PSOE y Unidas Podemos votaron divididos en Estrasburgo. El primero se inclinó por apoyar el suplicatorio, mientras que el segundo se posicionó en contra.
Si bien la votación es secreta, del comportamiento de la votación la defensa de los reclamados extrae que el PSOE y Podemos votaron divididos. Entre los 59 eurodiputados españoles, votaron a favor de la retirada de la inmunidad los 21 diputados del PSOE, 13 del PP, siete de Ciudadanos y cuatro de Vox, además del eurodiputado liberal Javier Nart, es decir 46.
Entre los eurodiputados españoles que votaron en contra se ubican los cinco de Unidas Podemos, el eurodiputado Miguel Urbán, la diputada del Partido Nacionalista Vasco, Izaskun Bilbao, y el de Bildu, Pernando Barrena, los dos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Diana Riba y Jordi Solé y los tres de JxCat.
El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, advertía que esta mayoría “justita” en la votación en el Parlamento Europeo muestra que “no hay unanimidad ni mucho menos”, por lo cual apostó a que se busque una solución del conflicto mediante “vías democráticas” y evitando a toda costa la “judicialización” del conflicto catalán.
El reproche de Echenique es porque Pedro Sánchez se ha pronunciado por que haya una solución política y dialogada del conflicto catalán, y no por la vía de la justicia. Levantar la inmunidad, dijo Echenique, va “en la dirección contraria” a la resolución dialogada.
