En tanto que las nóminas electorales de los partidos políticos se vinculan a insólitas coaliciones y van siendo definitivamente elaboradas, simultáneamente surge con más claridad la disyuntiva ciudadana implacable de optar: o bien, por el bien común de la sociedad mexicana y/o aguascalentense –como asunto particular de nivel local–; o bien, por el interés de aquel grupo que mejor logre posicionar las aspiraciones de convertir su hegemonía relativa sobre el resto de la sociedad. Dilema que será al final resuelto por el voto mayoritario emitido en las urnas.
Mientras tanto, a cada elector le queda la tarea de ir despejando esa incógnita, mediante un juego de mente y corazón de nada fáciles alternativas, que le hacen un juego de sombras a veces tan engañosas como esquivas. Bajo tal supuesto, es importante plantearse alguna hipótesis interpretativa que le arroje algo de luz para esclarecer los verdaderos intereses en juego.
En tal escenario me propongo anticipar una idea que está detrás del esquema de las coaliciones políticas. Se recurre a ellas para cobijar potenciales candidatos que provienen de una miscelánea dispersa de minipartidos, o para el caso, partidos venidos a menos que no pueden ofrecer por sí solos una real alternativa electoral. Y es precisamente la posibilidad de estar apuntalados ya sea por la marca de otro partido mejor posicionado, o gracias a que su nómina electoral los haga parecer más robustos, para salir airosos en una contienda más equitativa. En la coyuntura política actual, donde Morena es el partido en el poder –y se ubica al nivel central de gobierno–, resulta plausible competirle mediante la coalición de partidos en oposición.
El siguiente punto de reflexión se origina desde preguntas como las siguientes: ¿Qué opción real estamos teniendo los aguascalentenses para designar un candidato que mejor represente nuestras esperanzas de mejoramiento en Lo Local?, ¿existe de veras un candidato político que satisfaga dicho liderazgo?, ¿hay propuestas de políticas públicas capaces de aglutinar nuestra voluntad ciudadana?, ¿cuál es la agenda política predominante, en Lo Local?, ¿se destaca un sentir ciudadano a carta cabal?, ¿o bien, sobresale la oferta de un partido hegemónico?
Al intentar responder estas preguntas, yo coincido con lo que parece un consenso de la comentocracia local: – no existe hoy liderazgo político alguno que por sí sólo aglutine las expectativas ciudadanas de una mejoría notoria en rubros fundamentales. Hoy por hoy, el manejo eficiente de la pandemia del SARS-CoV-2, cuya multiplicación y letalidad, se refleja en hospitales copados por pacientes en estado grave; y que los contagios sigan en números crecientes implacables. Añádale los rancios problemas de inseguridad pública, la impunidad delincuencial, el crepitoso andar de la economía, la exigua prestación de servicios de calidad en salud; los ya acumulados problemas en el tema de movilidad urbana y del transporte público; y de manera notable el gran reto del manejo y distribución del agua potable y la eficiencia de su alcantarillado. Por otro lado, el enorme reto de la calidad en la educación, al que hoy mismo se añade el de la cobertura que acusa mayor deserción que la esperada por la pandemia. La mencionada creciente violencia contra las mujeres. Y súmele el magro ingreso de los pensionados, y debido cuidado de los adultos mayores, la protección diaria de los niños en guardería infantiles, etc., etc.
En estas asignaturas eternamente pospuestas y, por ende pendientes, los partidos han elegido sus candidatos a modo para las cúpulas partidistas, quienes no han sido seleccionados para los intereses inaplazables de la sociedad, sino para el interés del grupo al que representan. ¡He aquí la hipótesis! Por tanto, las próximas elecciones obedecen a los intereses y necesidades estratégicas de los partidos concurrentes, no de los apremiantes requerimientos ciudadanos. Estando así las cosas, ésta última sí parece ser una tesis plausible de salida para interpretar las elecciones por venir.
Y, precisamente por ello, se impone precisar lo que es un Grupo de interés. Cuya definición general se enuncia como sigue (Sistema de Información Legislativo, SIL. https://bit.ly/3aWuX2v) : – Son todas aquellas agrupaciones constituidas por organizaciones o individuos que tienen como objetivo influir en las decisiones de los poderes públicos con la finalidad de satisfacer sus intereses y agregar sus demandas en las políticas públicas y/o leyes. Los grupos de interés de mayor relevancia localizados en México son los que provienen de los sectores sindical y popular, así como del sector económico, empresarial, comerciante e industrial. También pueden considerarse los que se encuentran integrados por diversos profesionistas, principalmente contadores, abogados, médicos y asociaciones provenientes de los sectores público y no gubernamental.
Dicho lo cual, podemos cuestionar una figura política que al paso del tiempo se va haciendo más ostensible y es esta de los ahora famosos “superdelegados estatales”, que son los agentes de la canalización de recursos provenientes de la Federación, cuya función específica supuestamente es la de subvenir a las necesidades de Lo Local, aplicando esa masa dineraria originada desde el Fisco. En lo personal, creo que se ha agigantado indebidamente su rol y participación en la ejecución de las políticas específicas de desarrollo, pues en el pasado no muy remoto se habían considerado por la Federación, como una forma de reducir a una “Ventana Única” la anterior veintena de ventanas sectoriales abiertas para cada entidad, y así implementar las políticas del Desarrollo Social a nivel estatal.
De manera que la presente figura de “coordinadores” de la Política de Desarrollo Social está sobrevalorada, e instrumentada como un control de la Federación por encima de los ejecutivos estatales. En realidad, ejercen a modo de contralores cuya función es reducir el margen de discrecionalidad de los gobernadores. Asunto, que dicho sea de paso, efectivamente se había denotado como un abuso de facultades de los ejecutivos estatales, quienes podían, en la práctica, desviar recursos de esta esfera específica a intereses de otro orden o tipo. Pero, ello no justifica la ahora, injerencia indebida de los así llamados “superdelegados”; personajes a los que en las actuales nóminas electorales se ha entronizado, como merecedores de candidaturas al más alto nivel local; y permítaseme enfatizar, sin que por ello tengan u ostenten representación ciudadana alguna. He aquí una distorsión grave de la función pública federal e injerencia indebida, a nivel local.
En abono de lo cual, sólo voy a referir como ejemplo, para Aguascalientes, el gravoso y oneroso sistema de prestación del servicio de Agua Potable y alcantarillado concesionado. Ante el cual, se ha visto una flagrante omisión de la instancia federal. Que se demuestra mediante el siguiente argumento condicional: – Si nuestras autoridades federales fuesen un poco más celosas de su mandato, y nuestro Poder Judicial Federal se portase menos obsequioso con un grupo de interés trasnacional, ostensiblemente por encima del bien común de una localidad, tendríamos ya fundadas razones para poner en cuestión la continuidad de una tal expoliación a la población de Aguascalientes. Sino hacer exigibles sus derechos de pervivencia digna, sin amenazas de suspensión, venga de quien venga. la reconquista de nuestras legítimas aspiraciones al goce de un bien natural y vital, el Agua. Este sí, inenajanble e irrenunciable. Algo que debiera ser tan transparente como un amanecer de mayo, bajo el cielo prístino del emblemático “Clarum Coelum” de Aguascalientes. ¿Estamos?
En donde, respecto del imperativo por la prosecución del bien común de la sociedad, debemos dilucidar que, al no poder encontrar alguna vinculación real entre fines y medios de los partidos contendientes, podemos poner al desnudo y allí enfocar todos los reflectores de nuestra visión y transparencia, para evidenciar que tal tipo de conflictos de interés (los del grupo de interés contendiente) queden al descubierto, y sean nítidamente revelados y denunciados, para no confundirnos a la hora buena de emitir nuestro voto.
Lo que demuestra que podemos –mediante el voto- llamar a cuentas a los pretendientes para ocupar un cargo de elección popular, a dar razón y cumplida justificación de su aspiración para gobernarnos. Pues la discrepancia o la incoherencia de sus fines y sus medios propuestos, arroja la evidencia de un afán electorero o meramente demagógico, sin sentido alguno para el avance de la democracia y los contenidos reales de una obra de gobierno. A lo que, sin sombra de dudas, tenemos constitucional derecho y aspiración fundada. Y cuyo verdadero significado, me temo, consiste en estar traslapando órdenes, niveles, tipos y modos de llevarlas a cabo, lo que da como resultante una errática confusión respecto de su verdadera naturaleza. Valga esto por aquello de la disyuntiva sobre el bien común.
Y sobre el interés de grupo, que puede comportar una coalición determinada, valga recordar que una tal conjunctio/ liga, desde luego puede deberse a motivos “pragmáticos” de poder político; pero eso no les quita a tales acuerdos, la posibilidad de una actitud cínica; por muy hilarantes que les pueda parecer a los coaligados y así festinar –que no festejar– un triunfo sobre “sus adversarios políticos”, quizá por ahora depauperados de poder y representatividad. Al final, cuando tales conjunciones parlamentarias o electorales ‘de facto’, no obedecen al imperativo del bien común de la sociedad, hay que calificarlas de lo que sí son, yo diría, nefandas/innombrables. Y verlas como tales: “Pacta non sancta, nefanda sunt”/’los pactos indecentes deben ser innombrables/abominables. Por muy pragmáticos que quiera pasar.
