La incertidumbre es una constante en la vida de los seres humanos. La misma implica que se desconoce la condición que en el futuro tendrá “algo” que observamos en la realidad. Es decir, implica el desconocimiento acerca de lo que nos depara, asimilándose a la falta de certeza, de seguridad en ámbitos diversos.
El Estado moderno, por lo menos desde algunas visiones derivadas del liberalismo político clásico, surge precisamente para otorgar seguridad a los ciudadanos, en sociedades con problemas o fenómenos cada vez más complejos. La creación de instituciones estatales tenía que ver con la intención de minimizar la propia incertidumbre en aspectos elementales de la vida, tales como la seguridad de los bienes materiales así como la integridad física, en la cual se incluyó por lo tanto, la protección del derecho a la salud, a la alimentación adecuada y extendiéndose a otros elementos como la educación, el trabajo y la protección de derechos de expresión, asociación, libertad de cultos y un largo agregado más.
Luego de siglos en que la mayoría de dichas garantías son puestas en discusión por demasiados pocos como derechos del hombre, la realidad es que para millones de seres humanos en el mundo entero los referidos derechos no pasan de ser tan sólo una aspiración que no encuentran formas concretas de implantación y por supuesto protección en la realidad cotidiana.
Aún cuando en Aguascalientes, podríamos argumentar, que ciertos indicadores demuestran que tales condiciones mínimas para garantizar una vida digna son observables para capas amplias de la población, lo cierto es que la erosión de las condiciones que protejan tales elementos de seguridad en la existencia ha sido una constante en los últimos años. Sin embargo, éste no es un texto que preste atención a nuestra realidad inmediata como sociedad, sino una llamada a observarnos en escenarios aún más críticos que el que nuestra cotidianeidad nos ofrece, porque es comprensible, pero no lo suficientemente válido, que hechos que aparentemente nos son inmediatamente ajenos no sean por lo menos motivo de preguntarnos qué le sucede a nuestra nación, en donde los derechos enumerados en el inicio pierden incluso la calidad de aspiración planteada, para convertirse en varios casos en una broma macabra.
¿Debería de sernos ajeno el caso de la masacre de Acteal, Chiapas? Los hechos sucedidos el 22 de diciembre de 1997, cuando un grupo armado asesinó cobardemente a 45 personas, todos indígenas tzotziles y entre los que se encontraban en su mayoría niños y mujeres embarazadas, han tenido una nueva repercusión, pues de la espeluznante ejecución derivaron posteriores injusticias, una de ellas comprobable mediante la liberación en días recientes de la mayoría de los detenidos, ello mediante un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El fallo no demuestra la inocencia de los acusados, pertenecientes a una organización denominada “Encuentro social”, sino que los pone en libertad bajo el argumento de que en los procesos hubo irregularidades entre las que se incluyeron pruebas falsas, no obstante que durante los casi doce años de la masacre los señalados como culpables han sido identificados por cientos de testigos como los ejecutores de tales crímenes y muchas otras atrocidades más, tal como lo observó el pasado jueves 13 quien al momento de los hechos fungiera como obispo auxiliar de la Diócesis de San Cristóbal, quien actualmente se encuentra sirviendo como obispo en Saltillo, Coahuila. Palabra autorizada por conocer de primera mano los hechos, además de ser uno de los pocos jerarcas sensibles ante las injusticias en medio de una iglesia católica que sirve generalmente a los ricos y poderosos, Raúl Vera no tiene empacho en decir que el fallo en comento es parte de la práctica común de un Estado mexicano que protege a los criminales y condena a los inocentes.
Sin embargo, la Corte decidió convertirse en un grupo de párvulos que hicieran homenaje a sus profesores de derecho procesal, ganándose su estrellita al no ir al fondo del asunto, sino haciendo suya la causa de los ejecutores y quienes los protegen, no así la de los 45 seres humanos y sus deudos que siguen sin encontrar descanso.
Botón de muestra que comprueba que la impartición de justicia está al servicio de quien pueda pagar por ella, Acteal se ha convertido en uno de los símbolos de la burla que es el actual Estado mexicano, en el que lo mismo se puede asesinar por motivos políticos que por unos gramos o toneladas de droga. La protección a las garantías mínimas de seguridad es una falacia y no existe quién pueda hacer frente al fenómeno, menos si consideramos que el presidente de la República, el mismo que llegó al cargo mediante un fraude que otro tribunal tampoco quiso ver, está relacionado con la organización a la que pertenecen los asesinos de Acteal, ya que la organización “Encuentro social” fue unas de las que se apoyó en 2006, tan criminal como la mayoría de sus “bases de apoyo”, y si no véase al SNTE de Elba Esther Gordillo.
¿Quién y cuándo harán justicia en Chiapas?, ¿debería importarnos a los habitantes de Aguascalientes o mejor volteamos la cara hacia otro lado?, ¿están los hechos tan lejos como Chiapas mismo o la administración de justicia local está igualmente plagada de basura?, ¿de verdad nos es ajeno el dolor aparentemente lejano o en la acera de enfrente encontramos ejemplos cotidianos?
La incertidumbre en la garantía de vida se ha convertido ahora, en el México del nuevo siglo, en la única cosa segura que poseemos.
