Según los datos arrojados por el Conteo de Población y Vivienda, en el 2005, México contaba con una población de 103 millones 263 mil personas y, siguiendo las proyecciones que el Consejo Nacional de Población realiza para los siguientes cincuenta años, en el 2009 seríamos un total de, aproximadamente, 107 millones 122 mil. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos determina que sólo pueden votar las ciudadanas y ciudadanos, es decir, las mujeres y varones que siendo mexicana(os) por nacimiento o naturalización, tengan 18 años cumplidos o más y que tengan un modo honesto de vivir (aunque nadie sepa con seguridad a que se refiera esto último).
Para ejercer su derecho al voto, las personas tienen que encontrarse en el Padrón Electoral, que es el registro en el que estamos incluidas todas las ciudadanas y ciudadanos que podemos votar en una circunscripción dada. Para las elecciones federales del pasado 5 de julio, el Padrón Electoral del Instituto Federal Electoral quedó integrado por 77 millones 815 mil ciudadanas y ciudadanos que solicitaron su inscripción en el mismo, y las listas nominales por 77 millones 481 mil, que se refiere a las personas que están incluidas e incluidos en el Padrón Electoral y a quienes se les expidió y entregó su credencial para votar. No obstante, el domingo de las elecciones se registró una afluencia de tan sólo 34 millones 708 mil votantes, lo cual significó un 44% de participación ciudadana. En este porcentaje se incluye también el 5.3% de votos nulos registrados, que como recordaremos emanó de una fuerte campaña de presión política ciudadana, pero sin traducción directa en la elección de representantes políticos.
Los resultados de los comicios intermedios para diputados federales arrojaron un total de 9 millones 723 mil votos para el PAN (28%) y 12 millones 821 mil votos para el PRI (37%). Esto permitió que la LXI Legislatura estuviera conformada por 237 diputadas y diputados del PRI (184 de mayoría relativa y 53 de representación plurinominal) y 143 diputadas y diputados del PAN (de 70 de mayoría relativa y 73 de representación proporcional), más los restantes de los demás partidos.
En la madrugada del pasado miércoles, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación 2010, en la cual se estipula, entre otros rubros, aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 al 16% e incrementar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 28 al 30%. Se obtuvieron 415 votos a favor, 24 en contra y 10 abstenciones que reflejan la alianza del PRI-PAN en esta decisión. Tomando los datos anteriores, la aprobación de la ley estaría respaldada por más de 22 millones 544 mil ciudadanas y ciudadanos que votaron por las dos opciones políticas que hace dos días votaron en bloque.
Recapitulando los datos anteriores, de una población aproximada de 107 millones 122 mil personas, poco más de 84 millones mexicanas y mexicanos no habrían tenido injerencia alguna en la decisión del pasado miércoles, ya sea porque no son ciudadanas o ciudadanos con pleno goce de sus derechos políticos, porque no se inscribieron al padrón electoral, porque no figuraron en las listas nominales o porque no votaron por los partidos que formaron el bloque para la aprobación de la propuesta.
Sin embargo, la representatividad de la decisión ni siquiera puede medirse del todo con los 22 millones de votos obtenidos por los partidos políticos que cobijan a los diputados y diputadas. En México los diputados no dependen de la opinión popular, pocas veces regresan a las circunscripciones a las que pertenecen para consultarla. Es por ello que muchos de los que votaron por el PRI los han tachado de traidores al convertirse en cómplices del presidente y del PAN. La inconformidad se deriva de las propuestas de campaña que ambos partidos hicieron, en la que se mostraban totalmente en contra de cargar más la mano tanto a empresarios como a ciudadanos frente a una de las peores crisis económicas del país. Debido a que no existe la reelección inmediata como medida de rendición de cuentas, los diputados prácticamente no tienen obligación alguna (ni legal ni moral) con respecto a las promesas que hicieron para obtener votos.
Además los grupos parlamentarios disciplinan las decisiones de los diputados. La disciplina parlamentaria es el acatamiento de los diputados y diputadas de un partido independientemente de sus preferencias electorales a las instrucciones de su líder, y da muestras del grado de unidad o división del partido ante las alternativas de decisiones que deben tomar. Esto quiere decir que, aún cuando una diputada o diputado considerara la opinión de la ciudadanía que votó por él o ella, finalmente debería acatarse al interés general del partido, generalmente determinado por la élite del mismo. Por ejemplo, implícitamente sabemos que el interés general del PRI es allegarse recursos suficientes, vía gobiernos estatales, para poder solventar una campaña magna de cara a las elecciones del 2012.
Un dato más, aquello que era una forma de garantizar la representación de partidos pequeños y ser más justos en la distribución de curules de acuerdo a la votación obtenida, la representación proporcional, se ha convertido en el medio favorito para que los miembros de las élites partidistas tengan su lugar seguro en la cámara de diputados. Una ciudadana o ciudadano que votó por un determinado candidato del PAN, apoyó simultáneamente la lista de representación plurinominal que incluía en los primeros lugares a Josefina Vázquez Mota, al igual que otros votaron por la lista del PRI que posicionó a Beatriz Paredes. De esta manera, podemos observar figuras políticas de importante presencia mediática y partidista que son en realidad los de mayor peso en la toma de decisiones de los grupos parlamentarios y que representan aquel “interés general” del partido.
Entonces, ¿quién respalda y aprueba las leyes en este país? Los datos que he expuesto en este escrito pueden constituirse como pistas para que el lector o lectora reflexione y conteste por qué la crisis de representación política es un tema en boga en las discusiones académicas, económicas y políticas de nuestro país. Y, ¿por qué no?, también explica por qué todas y todos estamos tan molestos con esta decisión.
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