- Regresar al INAI a un esquema anterior al de la autonomía constitucional convertiría al gobierno en “juez y parte” al resolver asuntos relacionados con esos derechos
- El INAI no fue un capricho político, ni una ocurrencia, es el resultado de años de reclamos sociales de la necesidad de una institución para garantizar el derecho de acceso a la información
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es vital para la vida democrática del país, debilitarlo pone en riesgo la tutela de dos derechos fundamentales de las personas: el de acceso a la información y el de protección de datos personales, advirtieron la comisionada Norma Julieta del Río Venegas y el comisionado Adrián Alcalá Méndez.
Durante su participación en el conversatorio La importancia de los órganos autónomos en el desarrollo democrático de México, convocado por la Red de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible, Del Río Venegas destacó que el INAI es un órgano autónomo especializado e imparcial, que funge como árbitro cuando la ciudadanía solicita información a las instituciones públicas y éstas se niegan a entregarla.
Enfatizó que regresar al INAI a un esquema anterior al de la autonomía constitucional “pondría en riesgo la garantía de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales” y el gobierno se convertiría en “juez y parte” al resolver asuntos relacionados con estos temas. Además, se disminuirían las competencias del Instituto; se limitaría su injerencia en el número de sujetos obligados, y la disponibilidad de la información estaría sujeta a la discrecionalidad de las instituciones públicas.
Norma Julieta del Río señaló que, a partir de que se le dotó de autonomía constitucional al INAI, se han logrado avances significativos en materia de transparencia y acceso a la información, se ha garantizado el derecho de libertad de expresión, se han detonado mecanismos de rendición de cuentas y se ha generado confianza ciudadana.
Apuntó que uno de los grandes logros es la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), una herramienta en mejora continua, para facilitar a las personas el ejercicio de sus derechos y la consulta de información de todas las instancias públicas del país, a partir de la cual se han denunciado casos de corrupción.
El comisionado Adrián Alcalá Méndez expuso que en México, cada uno de los organismos autónomos tiene su origen en un problema profundo y real que llevó a la adopción de medidas tendientes a fortalecer la democracia del Estado mexicano, entre las cuales se encuentra la creación, consolidación y aceptación de autoridades autónomas, independientes y especializadas.
“El INAI no fue un capricho político, ni una ocurrencia, ni tampoco una consecuencia por parte del Estado mexicano hacia la sociedad, sino que fue el resultado de años de análisis, de reclamos sociales, académicos, y por supuesto, de voluntad política, de reconocer que México necesitaba contar con una institución que, en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, sea el puente de comunicación entre la sociedad y el gobierno, para brindar información que empodere a las personas, que permita a las autoridades que recobren la confianza ciudadana, además de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano”, destacó.
Alcalá Méndez presentó un breve resumen del trabajo realizado por el Instituto en los últimos años para garantizar el pleno ejercicio de los derechos que tutela y reiteró que el INAI es clave para la vida democrática de nuestro país, “al formar parte de un entramado institucional de contrapesos, necesario para balancear el poder y alejarlo de decisiones discrecionales”.
En su intervención, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Rosa María Cruz Lesbros, sostuvo que los organismos públicos autónomos en general han sido construidos por y desde la ciudadanía; “no ha sido una concesión gratuita del neoliberalismo, ha sido una constante búsqueda de la institucionalización de la democracia”, recalcó.
“Cada una de estas instituciones autónomas van respondiendo a la exigibilidad de un derecho y, por eso, es que viene toda esta ola de nuevos organismos; son como una bisagra, un puente entre el Estado, el gobierno, los tres poderes y la ciudadanía, son los que le dan voz a la ciudadanía para exigir a las instituciones públicas que cumplan con su mandato, con su función de Estado”, expresó.
El comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Javier Juárez Mojica, afirmó que regresar la función regulatoria del Instituto a una secretaría de Estado representa un retroceso, pues el nuevo diseño institucional, además de ser ajeno a cualquier coyuntura política o intereses económicos ha dado resultados y trabaja en proyectos conjuntos con el Poder Ejecutivo, para cumplir con los objetivos y las metas del Plan Nacional de Desarrollo, “somos coadyuvantes de esas metas nacionales conforme al deber ser y con autonomía”, señaló.
“No me imagino una nueva normalidad sin transformación digital y tampoco me imagino la transformación digital sin certeza jurídica para desplegar las redes de nueva generación que se requiere de fibra óptica, las redes 5G, y como parte de ese entorno de certeza jurídica el regulador debe ser ajeno a cualquier interés económico y político, y ese diseño institucional se logra precisamente a través de un organismo constitucionalmente autónomo”, apuntó.
El conversatorio fue moderado por Lizzeth Loza, Coordinadora de Educación de la Red de Gobierno Abierto.
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